Galicia, Madrid y Andalucía no acatarán las restricciones para hostelería y ocio

El Boletín Oficial del Estado (BOE) de este sábado publicó el acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sobre la declaración de actuaciones coordinadas frente a la COVID-19. Fue aprobado el pasado miércoles con los votos en contra de los gobiernos autonómicos de la Comunidad de Madrid, País Vasco, Cataluña, Galicia, Andalucía y Murcia por lo que nace en medio de la polémica.

Así, el vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, aseguró este sábado que en Galicia no se aplicarán estas medidas hasta saber con seguridad si sin obligatorias. La semana que entra los servicios jurídicos del Gobierno gallego darán su dictamen y entonces se actuará en consecuencia, indicó el número dos de la Administración gallega.

Tampoco se mostró este sábado muy contenta la Comunidad de Madrid. De hecho, su consejero de Justicia e Interior en funciones, Enrique López, manifestó que recurrirán ante la Audiencia Nacional la orden publicada en el BOE. Mientras tanto, defendió, seguirán aplicando sus propias medidas.

apertura en bajo nivel de alerta. La publicación del BOE señala que la apertura de los locales de ocio nocturno se podrá autorizar cuando la situación epidemiológica de la unidad territorial de referencia esté fuera de los niveles de riesgo o en nivel de alerta 1. El consumo de bebidas y alimentos, tanto en zonas interiores como exteriores, se hará sentado en mesas, debiendo asegurarse el mantenimiento de la debida distancia de seguridad, con un mínimo de 1,5 metros.

cierre a la 1 o 3 de la madrugada. Además, no se podrá superar el 50 % de aforo máximo en el interior del local. Las terrazas al aire libre podrán ocupar la totalidad de las mesas permitidas siempre asegurando la distancia entre mesas con un límite de seis personas en interior y de diez personas en exterior. El horario de cierre de estos establecimientos será como máximo a las 02.00 horas, pudiendo ampliarse hasta las 03.00 horas.

En el caso de los establecimientos de hostelería, restauración y terrazas, así como en los bares y restaurantes de playa, la publicación refleja que en los territorios fuera de los niveles de riesgo el aforo permitido será de 50 % en interior, pudiéndose incrementar en un 10 % si se aplican medidas de control de riesgos que garanticen un alto nivel de ventilación y control de la calidad del aire.

En las terrazas al aire libre se podrán ocupar la totalidad de las mesas con de la debida distancia de seguridad un mínimo 1,5 metros entre las sillas de diferentes mesas. Se permite el servicio y consumo en barra, manteniendo la distancia, las mesas tendrán un límite de seis personas en interior y de diez en exterior. Su horario de cierre será como máximo a la 01.00 horas y se dejará de servir a las 24.00 horas.

“no somos un Gobierno insumiso”. La Xunta insiste en que seguirá su “hoja de ruta” para la desescalada y vuelve a dejar en el aire la aplicación en Galicia de las medidas publicadas. “La asesoría jurídica está terminando de analizar hasta qué punto las comunidades autónomas y, por lo tanto, la Xunta, estaríamos obligadas a seguirlas”, señaló el vicepresidente, Alfonso Rueda.

Así, el número ‘dos’ de la Xunta emplazó a “la semana que viene”, cuando recibirán el informe jurídico, para decidir si Galicia aplicará o no el catálogo de medidas para la desescalada diseñado por el Ejecutivo central. “Si nos dicen (servicios jurídicos) que es obligatoria, no somos un gobierno insumiso”, indicó, y remarcó la “coherencia” de la Xunta, que lleva “meses gestionando una pandemia sin el Gobierno central, que se desentendió en los momentos más duros”.

Por tanto, censura la “imposición” de medidas “sin diálogo, explicación y sin argumentación” que, según el vicepresidente, incurren en “incoherencias” como, por ejemplo, “en el tema de las terrazas” al permitir la ocupación de la totalidad de las mesas permitidas siempre que exista una separación de 1,5 metros entre las sillas de diferentes mesas.

“Las restricciones no tienen sentido, sobre todo, por ser prolongadas en el tiempo y sin ninguna evaluación paulatina”, dijo Rueda, para quien esto “se deriva” de que el Gobierno “no estuvo gestionando el día a día y no se dan cuentan de que las cosas no se pueden hacer así”.

son “ilegales” y “una auténtica barbaridad”. El consejero de Justicia e Interior en funciones de la Comunidad de Madrid, Enrique López, aseguró este sábado que el gobierno regional recurrirá ante la Audiencia Nacional la orden publicada por BOE.

Defendió seguir aplicando las medidas de seguridad por la pandemia establecidas en la legislación autonómica “que son mejores que las que pretende el Gobierno” y explicó que está “a lo que digan los servicios jurídicos respecto a la aplicación de las medidas que la Comunidad de Madrid viene adoptando”. En su opinión, estos acuerdos son “ilegales” y “una auténtica barbaridad” desde el punto de vista sanitario.

“No tiene criterio técnico, rigor sanitario y desde luego, atacan el sentido común. No puede haber medias más restrictivas en estos momentos que con incidencias que superaban los mil casos por cien mil habitantes en cinco comunidades”, dijo en relación a los votos en contra de Madrid, País Vasco, Cataluña, Galicia, Andalucía y Murcia. Además, acusó al Gobierno central de “invadir” competencias de las comunidades. “Para que un acuerdo sea obligatorio primero no tiene que tener votos en contra y además no puede vulnerar el reparto competencial que establece la Constitución”, remató.

También se mostraron ayer en contra de las nuevas medidas en Andalucía. El consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, avisó al Gobierno central de que no cuenten con ellos “para dar el golpe de gracia” a la hostelería y arruinarla definitivamente, después de haber estado “castigados” durante toda la pandemia. Insistió, al igual que el resto de territorios que votaron en contra, en que el Ejecutivo no puede imponer unas medidas que no son de su competencia y que no fueron adoptadas por unanimidad en el Consejo Interterritorial de Salud.

Desde la oposición, PP y Ciudadanos también alzaron la voz para criticar y acusar a Sanidad de pretender imponer las medidas.