La llamada nueva normalidad estará vigente hasta que el virus esté derrotado
El uso de mascarillas será obligatorio siempre que no se pueda mantener la distancia mínima de seguridad, fijada ahora en 1,5 metros// El decreto define el covid-19 como una enfermedad de declaración urgente inexcusable
El borrador de real decreto que estipula las medidas que regirán la vida de los españoles durante la llamada “nueva normalidad” estará vigente hasta que el Gobierno dé por hecho, “de forma motivada”, que la crisis sanitaria ha concluido y que el virus ha quedado “definitivamente derrotado”.
Así lo explicó ayer el responsable de Sanidad, Salvador Illa, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que dio luz verde al borrador del real decreto de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria provocada por el covid-19.
Una de las aportaciones recogidas en dicho, tras haber sometido el primer borrador a las opiniones de las comunidades en el Consejo Interterritorial, es que la distancia de mínima de seguridad será de 1,5 metros, y no de “entre 1,5 y 2 metros” como establecía el anterior.
Además, la vigencia de la nueva normalidad durará hasta que el Ejecutivo declare, “de forma motivada, habiendo escuchado a las comunidades en el seno del Consejo Interterritorial de Salud y previo informe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (Ccaes), que esta crisis sanitaria ha concluido”. “O sea, hasta que no tengamos definitivamente derrotado el virus”, incidió el ministro, según informa Efe.
Para Illa, este real decreto “se ha elaborado con el mayor número de aportaciones para que el texto fuera mejorado”. “Nunca ha habido una pretensión de invasión de competencias”, resaltó al respecto.
Con esas aportaciones, se ha modificado también la disposición adicional segunda, que apareja a su vez dos cambios de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud de 2003: uno, para especificar que las actuaciones de coordinación de salud “se pueden dar en caso de emergencia sanitaria”, y otro, el del artículo 65 bis en materia de información y la obligación de dar todos los datos requeridos para hacer frente a la pandemia.
Serán las comunidades las que decidirán, con arreglo a criterios sanitarios y epidemiológicos, la superación de la fase tres en su territorio. “En la nueva normalidad no hay mando único; de hecho ya no lo hay ahora. Las comunidades en la fase tres ya tienen la facultad de levantar el estado de alarma cuando lo consideren oportuno”, recordó el ministro de Sanidad.
Por lo demás, el texto mantiene el uso obligatorio de mascarillas cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad, que tendrá que imperar en centros de trabajo, docentes, sanitarios, hoteles y establecimientos hoteleros, entre otros.
Además, establece que las residencias de mayores deban tener preparados planes de contingencias para posibles rebrotes y otorga especial importancia a la detección precoz del covid-19.
En este sentido, el nuevo coronavirus es considerada una enfermedad de declaración urgente obligatoria, por lo que las comunidades tendrán que suministrar información cuando se produzcan situaciones de emergencia para la salud pública, con el objetivo de garantizar la adecuada coordinación entre las autoridades sanitarias y reforzar el funcionamiento del SNS.
Además, deberán continuar facilitando los datos necesarios para el seguimiento y la vigilancia epidemiológica, así como la situación de la capacidad asistencial y necesidades de recursos.
También deberán asegurar un número suficiente de profesionales involucrados en la prevención y control de la enfermedad, su diagnóstico temprano, la atención a los casos y la vigilancia epidemiológica, y crear planes de contingencia.
Los servicios de salud garantizarán la realización de PCR u otra técnica de diagnóstico molecular tan pronto como sea posible desde el conocimiento de los síntomas y que toda la información al respecto se transmita en tiempo y forma.
En el ámbito de los transportes, los operadores tendrán que mantener los registros de los pasajeros con el correspondiente asiento preasignado durante un mínimo de cuatro semanas para poder garantizar la trazabilidad en el caso de que se produjera algún caso positivo entre los usuarios.
Se faculta a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios a recabar información de los fabricantes de las operaciones de producción y las previstas para garantizar la disponibilidad y organizar “eventualmente” la prioridad de fabricación.
Illa apuntó que el 21 de junio se darán las condiciones para que España entre en la “nueva normalidad”, se ponga fin al estado de alarma y se levanten las restricciones de movilidad. A preguntas de los periodistas sobre la posibilidad de que algunos territorios -en concreto, la Comunidad de Madrid, Barcelona y su área metropolitana, y la autonomía de Castilla y León- no estén preparados para avanzar de fase el 21 de junio, cuando finaliza la prórroga del estado de alarma.
“Si las cosas evolucionan en la línea que están evolucionando, el 21 de junio se van a dar las condiciones para que en toda España se pueda entrar en una nueva normalidad y, por tanto, se dé fin al estado de alarma y se levanten las restricciones de movilidad tal y como las hemos conocido”, indicó.
No obstante, advirtió de que si hubiera algún tipo de indicador o de reversión en la evolución de la epidemia que indicara actuar, “lo haríamos, lo comunicaríamos oportunamente y, como siempre, no nos temblará el pulso a la hora de tomar decisiones para proteger la salud de los ciudadanos”.
Sin embargo, dijo que a día de hoy y con los datos actuales, el 21 se van a dar las condiciones para que en todo el territorio se pueda levantar el actual estado de alarma.
Y en el momento en el que se levante -aseguró-, “podrá haber movilidad sin restricciones en el país”.
“Por eso será más necesario que nunca apelar a la responsabilidad individual”, advirtió el ministro, que insistió en que será muy importante la máxima higiene en espacios públicos y privados.
“Será más necesario que nunca mantener estas reglas de comportamiento y una alta dosis de responsabilidad personal pensando en todo lo que nos ha costado llegar hasta donde estamos y lo fácil que es que, con una conducta irresponsable o poco prudente, se genere un brote que nos obligue a revertir esta situación”, advirtió.
Destacó que ha habido uno de los confinamientos más duros, y su cumplimiento “ejemplar” por parte de la ciudadanía ha permitido una desescalada “segura y rápida”.
Santiago. Ciudadanos alcanzó ayer un acuerdo con el Gobierno para incluir varias de sus aportaciones en el real decreto ley que establece las normas a seguir una vez termine el estado de alarma para evitar rebrotes por el coronavirus.
Entre ellas está la de reducir de 2 a 1,5 metros la distancia mínima entre personas, que Cs espera permita aumentar el aforo permitido.
A través de un mensaje y un breve vídeo en Twitter, el portavoz adjunto de Cs en el Congreso, Edmundo Bal, detacó que el decreto aprobado representa “la primera pata del plan B” que exigía la formación naranja para “salir ordenadamente del estado de alarma”.
Por su parte, el portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, mostró su satisfacción por haber logrado evitar “la invasión competencial” en el decreto de nueva normalidad, que su grupo respaldará tras haber llegado a un pacto con el Gobierno de Pedro Sánchez para “salvaguardar el autogobierno” de Euskadi.
Además, destacó que también se han acordado medidas de prevención y de seguridad, y unos “canales de comunicación rápida por si se produjera un repunte” de la pandemia del coronavirus, con lo que considera que su partido sigue cumpliendo su “compromiso con la ciudadanía” de garantizar “la seguridad y defensa del país”.
El PP se quejó ayer de que el Gobierno de Pedro Sánchez no haya contactado con el primer partido de la oposición para negociar el decreto que va a regular la nueva normalidad provocada por la crisis sanitaria del coronavirus.
A su entender, el Ejecutivo se apoyará “en los de siempre” para sacarlo adelante en el Congreso.
El portavoz del Grupo Popular en el Senado, Javier Maroto, indicó que el Ejcecutivo no se ha puesto en contacto con su partido para negociar este decreto, e insistió en que se volverá a apoyar en sus socios para sacarlo adelante.
También la vicesecretaria de Política Social, Cuca Gamara, denunció que no se les haya consultado y, al ser preguntada sobre si apoyarán la convalidación de ese decreto en el Congreso, indicó que lo están analizando, pero recalcó que debe ser una norma “clara”. agencias
Santiago. El plan piloto para reiniciar el turismo internacional en España que se pondrá en marcha a partir del próximo lunes en Baleares permitirá la llegada desde Alemania de un máximo de 10.900 turistas en lo que resta de mes, que no tendrán que guardar cuarentena y deberán permanecer en el archipiélago durante al menos cinco noches.
“Nos avanzamos a la apertura de fronteras internacionales”, destacó al presentar el plan la presidenta del Govern balear, Francina Armengol, que puso el acento en los protocolos de seguridad que se aplicarán para promover la imagen del archipiélago como “el primer destino seguro de España” para visitantes extranjeros.
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, aseguró que más comunidades tienen la posibilidad de poner en marcha un plan piloto de turismo, en línea al aprobado para las islas Baleares.
“Otras comunidades tienen la posibilidad también de ponerlo en práctica en forma de plan piloto si así lo consideran pertinente”, remarcó el ministro, que consideró que “servirá para empezar a ver y a rodar todos los sistemas que habrá que tener presentes y operativos para abrir el país de forma segura al turismo”.
Insistió en que cuando España abra oficialmente sus fronteras el 1 de julio se hará en “condiciones de seguridad máximas” para visitantes y nacionales. agencias
Madrid. El rifirrafe político a cuenta de las residencias subió ayer de tono con los amagos del Gobierno central y del de la Comunidad de Madrid de recurrir a los tribunales para dilucidar responsabilidades en la gestión de estos centros durante la crisis sanitaria.
El primero fue el ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, quien recordó que fue un consejero de la Comunidad de Madrid, el de Políticas Sociales, el que tachó de “inmoral” y “eventualmente ilegal” la actuación en las residencias, “un escándalo evidente, que -a su juicio- puede tener consecuencias legales”.
No quiso confirmar si el Ejecutivo emprendería acciones legales, pero dijo que es un tema que puede tener “consecuencias legales”. Insistió en que fue el consejero del Gobierno de “la señora Ayuso” (Reyero), y no él, quien afirmó que la orden, “acreditada por muchos medios de comunicación”, de no aceptar en hospitales a gente de residencias era “eventualmente ilegal”.
Reyero censuró abiertamente la versión de un protocolo de la Consejería de Sanidad de atención a pacientes de residencias que aconsejaba no derivar a los hospitales a aquellos con infección respiratoria que no pudieran caminar solos.
En respuesta, el Gobierno regional no descarta emprender acciones legales contra el vicepresidente: “La decisión no está tomada”, pero para la coalición de PP y Cs las declaraciones de Iglesias son “inadmisibles”, y valorarán todas las opciones, indicó el portavoz madrileño Ignacio Aguado en Radio Nacional. “Es inadmisible que un vicepresidente hable en esos términos”, consideró. Efe