La vuelta a clase será el día 10 de septiembre
Educación negociará el calendario con los sindicatos el martes próximo // Su propuesta es como la de otros años
La Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional envió ayer a los sindicatos la propuesta de calendario escolar para el próximo curso 2020/21 en los centros educativos, que no contiene modificaciones significativas respecto de años anteriores. El borrador se analizará el próximo martes en la mesa sectorial de la enseñanza no universitaria.
Según el documento remitido, para el alumnado matriculado en 2º ciclo de Infantil, Primaria y Educación Especial las clases comenzarán el 10 de septiembre de 2020 y finalizarán el 22 de junio de 2021.
Mientras, para los matriculados en ESO, Bachillerato, y Formación Profesional el inicio de curso será el 16 de septiembre y se prolongará hasta el 22 de junio de 2021.
En las enseñanzas de régimen especial, las actividades lectivas serán entre el 16 de septiembre de 2020 y 30 de junio de 2021, de acuerdo con los calendarios de pruebas de acceso y pruebas de certificación establecidos para cada una de ellas.
Asimismo se establecen como períodos de vacaciones las tradicionales fechas de Navidad –desde el 23 de diciembre de 2020 hasta el 7 de enero de 2021, ambos inclusive–; Carnaval –los días 15, 16 y 17 de febrero de 2021– y Semana Santa –desde el 27 de marzo hasta el 5 de abril de 2021–.
El borrador de Orden también recoge el calendario para el funcionamiento de los comedores escolares de los centros públicos, que en Educación Primaria funcionarán desde el 10 de septiembre de 2020 hasta el 22 de junio de 2021; y en ESO desde el 16 de septiembre de 2020 hasta el 22 de junio de 2021, coincidiendo con el periodo lectivo.
El documento enviado a los sindicatos educativos también marca los días no lectivos o festivos así declarados por la Consellería de Economía y las fiestas laborales de carácter local. Recomienda también que los centros educativos de la misma localidad elijan los mismos días no lectivos. Además, y con el fin de unificar la celebración de los patrones de cada nivel educativo, se establece el Día do Ensino con la consideración de no lectivo a efectos académicos el día 7 de diciembre de este año.
El proyecto de Orden también define las conmemoraciones que se celebrarán, como el Día de la Infancia (20 de noviembre) o el de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (10 de diciembre), entre otras.
PLANIFICACIÓN Después de la reunión que mantuvo la ministra Isabel Celaá con los responsables de las autonomías, la comunidad educativa gallega está preocupada por la adopción de medidas de seguridad y prevención ante un hipotético retorno a la enseñanza telemática en caso rebrote del covid19.
La situación no gusta a las agrupaciones de anpas de centros públicos gallegos, tanto por la falta de planificación y de avances tras tres meses de pandemia, como por la politización a la que se ve sometida la cuestión educativa e incluso alguna de las medidas de seguridad.
Una de las propuestas planteadas inicialmente para el próximo curso, que finalmente quedó al margen del acuerdo de las comunidades, se refería a la reducción de grupos a un máximo de 20 alumnos por aula. La conselleira Carmen Pomar, rechazó esta posibilidad y defendió “no fragmentar” ni “romper los grupos de referencia establecidos”.
La mayoría de sindicatos de profesorado, sin embargo, y también los padres, discrepan y defienden la reducción alumnos por aula y el refuerzo de plantillas de los centros cara al próximo curso.
La CIG censuró la falta de responsabilidad de la administración y advirtió que estos postulados van “en contra de las recomendaciones de las instituciones internacionales”, que sitúan la ratio elevada como “uno de los principales problemas de los sistemas educativos”.
Suso Bermello, secretario nacional del sindicato, insiste en que no se puede pretender volver a “una normalidad como si no pasase nada”, y criticó, a su vez, los 2.000 millones anunciados por el Estado para las comunidades, que “no son suficientes” para asumir el proceso.
Por su parte Luz López, secretaria xeral de CCOO-Ensino, defendió la necesidad de un acuerdo para “aumentar personal y atender esta nueva presencialidad” en los centros, que es “positiva pero que no puede ser a cualquier precio”.
“Hay que aumentar trabajadores docentes y no docentes y promover la evaluación de puestos de trabajo y de riesgos, y a partir de ahí elaborar protocolos que ofrezcan garantías”, declaró a Europa Press.
Toda esta planificación debe realizarse “con la antelación suficiente para dar tranquilidad a las familias”, añadió López, pero también debe partir de un diálogo con las organizaciones sindicales.
Al respecto, Julio Díaz, de ANPE-Galicia, insistió en que se debería crear un grupo de trabajo “con todos los agentes implicados para agilizar el principio del curso”. Asimismo, cree que la reducción de ratios es un reto que el Estado debe “afrontar cuanto antes”, y que el tema sanitario “tiene que estar por encima” de todo lo demás.
El sindicalista recordó, además, la necesidad de preparar las infraestructuras y ampliar plantillas, la dotación de medios para evitar casos como el de marzo y el impulso de un plan específico de formación en nuevas tecnologías.
En la misma línea, FeSP-UGT apeló a la dotación de las herramientas tecnológicas necesarias para paliar la brecha digital, tanto de profesorado como de alumnado, y pidió la “implicación” de las comunidades autónomas en la reducción de ratios, el incremento de personal y en las medidas adecuadas de protección.
Todas las comunidades, excepto Madrid y País Vasco, firmaron el jueves un acuerdo para el desarrollo e inicio del curso que viene. El Ministerio de Educación había enviado el día anterior a los consejeros de Educación otro documento con las medidas de prevención e higiene frente al covid-19 para los centros en el curso 2020-2021.
La ministra Isabel Celaá, ante la disconformidad sobre algunos puntos, acordó dejarlo a un lado y esperar a las aportaciones de las comunidades. Pero, ¿qué firmaron exactamente los consejeros y la ministra? Estos son los 14 puntos:
- 1. El curso 2020-2021 comenzará en las fechas habituales del mes de septiembre y seguirá unas pautas temporales similares a otros cursos académicos.
- 2. La actividad lectiva presencial se adoptará como principio general durante el curso 2020-2021.
- 3. RECUPERAR APRENDIZAJES. Los centros educativos adaptará, en todas las etapas y enseñanzas, sus programaciones didácticas, en el marco de lo que establezcan al respecto las Administraciones educativas, con el fin de recuperar los aprendizajes imprescindibles no alcanzados y permitir al alumnado el logro de los objetivos previstos.
- 4. Planes de apoyo. Las Administraciones educativas establecerán las directrices para que los centros docentes elaboren planes de seguimiento y apoyo para el alumnado que experimente mayores dificultades.
- 5. trabajo colaborativo. Las administraciones fomentarán el trabajo colaborativo entre los docentes de los centros educativos para permitirles dar una respuesta coordinada en las nuevas circunstancias.
- 6. INDICACIONES SANITARIAS. Las administraciones educativas seguirán las indicaciones establecidas por las autoridades sanitarias estatales y autonómicas respetando lo dispuesto en el Real Decreto Ley Vigente 21/2020 del 9 de junio, así como la distribución competencial existente.
- 7. prevención de riesgos. Las administraciones educativas trabajarán con los servicios propios de prevención de riesgos laborales, en el marco de las indicaciones de las autoridades sanitarias, respetando lo dispuesto en el Real Decreto Ley Vigente 21/2020 del 9 de junio, así como la distribución competencial existente, para adoptar las medidas más aconsejables para el desarrollo de actividades educativas.
- 8. formación higiénico-sanitaria. Se proporcionarán al profesorado y a los centros docentes la información y los medios de formación necesarios acerca de los requisitos higiénico-sanitarios establecidos y la utilización de las instalaciones escolares en condiciones de seguridad.
- 9. horarios y espacios. Los centros educativos dispondrán de un plan de inicio de curso que establezca la organización del centro que mejor se adapte a las condiciones de la nueva normalidad, en cuanto a horarios y espacios según lo determinen las administraciones educativas.
- 10. planes de contingencia. Las administraciones educativas prepararán los planes de contingencia necesarios para que los centros puedan hacer frente a las eventualidades que se produzcan en el curso.
- 11. servicios complementarios. Se adoptarán las medidas necesarias para que los centros puedan ofrecer sus servicios complementarios habituales, especialmente de transporte y comedor escolar, en condiciones de seguridad.
- 12. brecha tecnológica. Se adoptarán medidas orientadas a la reducción de la brecha tecnológica y la limitación de sus efectos.
- 13. refuerzo digital. El Ministerio de Educación y FP y las consejerías responsables de la educación en las comunidades colaborarán para el desarrollo y la oferta de recursos para el refuerzo de la competencia digital.
- 14. cooperación territorial. Ministerio y las diferentes consejerías del ramo pondrán en marcha programas de cooperación territorial que estarán orientados a dar respuesta a la nueva situación.
Santiago. El PP exigió ayer al Gobierno que tenga en cuenta tanto a los colegios públicos como a los concertados en el reparto de los fondos adicionales para educación entre las comunidades autónomas y concrete dónde irán los 2.000 millones de euros anunciados por el presidente Pedro Sánchez.
Lo verbalizó la vicesecretaria de Política Social, Cuca Gamarra, con motivo de la reunión del presidente del PP, Pablo Casado, con sus consejeros autonómicos de Educación (Castilla y León, Galicia, Madrid y Murcia). En un mensaje en la red social Twitter, Casado apremió al Ejecutivo de Pedro Sánchez a “concretar los fondos covid-19” y permitir “que lleguen a todos los centros sostenidos con fondos públicos”.
La ministra de Educación, Isabel Celaá, no aclaró, en una entrevista en la Cadena Ser, si los fondos adicionales para educación podrían llegar a los colegios concertados y se limitó a decir que llegarían a los alumnos con mayores necesidades. Celaá aclaró que a su Ministerio no le correspondía decidir cómo será ese reparto de fondos. “Lo están trabajando los ministerios de Asuntos Económicos y de Hacienda, y ellos dirán cuáles son los criterios de distribución y la finalidad para cada comunidad autónoma”, manifestó.
Más inversiones y contrataciones de profesores son algunas de las principales peticiones del PP, que denunció “improvisaciones y ocurrencias” del Gobierno en materia educativa.
Además, exigió mayor coordinación entre los ministerios educativos al considerar que “están más al servicio de los equilibrios de los acuerdos y las coaliciones, que de los intereses de los españoles”.
En cuanto al ministro de Universidades, Manuel Castells, Gamarra rechazó que se plantee que el regreso a las aulas en los centros universitarios no sea presencial.
“Va siendo hora de que los ministerios de Sanidad, Educación y Universidades empiecen a trabajar de forma seria y a poner encima de la mesa los protocolos para afrontar el inicio de curso”, añadió. R.R.