Malestar autonómico con el reparto de los dieciséis mil millones
se defiende Sánchez
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer que el Consejo de Ministros aprobará el próximo 16 de junio el fondo COVID-19 para las comunidades autónomas de 16.000 millones de euros, a través de un real decreto ley, y empezará el reparto de un primer tramo de 6.000 millones en julio.
En una rueda de prensa, tras la videoconferencia con los presidentes autonómicos, explicó que ese primer tramo se repartirá en función de criterios de gasto sanitario, a lo que también se dedicará un segundo tramo, de 3.000 millones de euros, a repartir en noviembre.
Un tercer tramo irá destinado a la inversión educativa, por valor de hasta 2.000 millones de euros, que se entregará en septiembre.
Y, por último, se distribuirán 5.000 millones de euros en diciembre, solo para las comunidades autónomas de régimen común, para compensar la pérdida de ingresos por la caída de la actividad económica producida por la pandemia del coronavirus, que incluirá el transporte público.
CAMBIO DE CRITERIO. Este reparto supone un cambio con respecto a las previsiones iniciales del Gobierno, ya que incluye la partida para inversión educativa, mientras que la distribución que se planteó en un principio fue de 10.000 millones para gasto sanitario, 1.000 para temas sociales y 5.000 para caída de ingresos propios.
Sánchez defendió que la propuesta inicial de reparto se ha "mejorado y modulado" con la intención de reflejar "con la mayor fidelidad posible" el impacto de la pandemia, tras consensuar con las comunidades autónomas y los partidos políticos, que tendrán que convalidar el real decreto ley en el Congreso.
"Entiendo que los presidentes autonómicos quieren más, más y más", dijo ante las críticas de varios de ellos al nuevo reparto del fondo, pero considera que el Gobierno de España está haciendo un "esfuerzo sin precedentes" para hacer la "la mayor transferencia de recursos", al margen del sistema de financiación autonómico.
Por eso, puntualizó que puede estar "de acuerdo en algunas de las apreciaciones" de los presidentes, pero con otras "discrepa" porque cree que el Gobierno está poniendo muchos recursos en manos de las comunidades autónomas, como no ha habido otro igual en democracia.
FONDO FINALISTA. El presidente del Gobierno recordó que el fondo es finalista y se repartirá por transferencias, por lo que no generará intereses de ningún tipo, y las comunidades no tendrán que rendir cuentas al Ejecutivo sobre su finalidad, sino a los ciudadanos a través de los Parlamentos autonómicos.
Este fondo, insistió Sánchez, “supone la mayor transferencia de recursos para las comunidades autónomas jamás realizada al margen del sistema de financiación autonómico”. Esta cantidad de 16.000 millones de euros, ha resaltado, “equivale a más del triple del presupuesto del que dispone este año ministerios tan importantes como el de Educación o Sanidad, casi el doble del presupuesto para infraestructuras de este año y es el triple del presupuesto para seguridad ciudadana de este año”.
Sin embargo, lo cierto es que el Gobierno pone como condición que 11.000 de esos millones, el 68,75% de una inyección de recursos sin precedentes, se inviertan en sanidad y educación. El resto se destinará a paliar la caída de ingresos por el desplome que el impacto del covid-19 provocó en el tejido económico.
MALESTAR. El presidente de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, y el presidente de la Xunta de Galicia, el popular Alberto Núñez Feijóo, se han mostrado críticos con el nuevo reparto del fondo y han protestado ante Sánchez, según fuentes presentes en la cita. El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, también se considera perjudicado y se ha mostrado “muy contundente” ante el presidente del Gobierno. El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha cuestionado igualmente el cambio de criterio y ha pedido reconsiderarlo.
El nuevo reparto, en todo caso, ha abierto nuevos agravios entre los territorios, con Valencia y Andalucía como las comunidades más beneficiadas.
Madrid. Con el nuevo mapa de la desescalada son ya varias las autonomías que han avanzado que permitirán a sus ciudadanos moverse con libertad entre las distintas provincias. Es el caso del País Vasco, Andalucía y Galicia. Feijóo ya adelantó el viernes su intención de permitir la movilidad en toda la comunidad a partir de hoy.
También el Gobierno vasco permitirá este lunes, cuando Euskadi pasará a la fase 3 de la desescalada, la movilidad sin limitación alguna y mantendrá la franja horaria prioritaria reservada a personas mayores y vulnerables para el desarrollo de actividad física. Además, autorizará la apertura de guarderías y escuelas infantiles para niños de cero a tres años, con límite de aforo del 60 % de la capacidad habitual.
En la misma línea, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, adelantó que los andaluces podrán moverse libremente por las ocho provincias, si bien pidió prudencia y responsabilidad, "no despreciar lo conseguido, no tirar el trabajo por la borda". Moreno también precisó que la comunidad andaluza permanecerá en la fase 3 al menos catorce días antes de progresar a la nueva normalidad.
En Castilla-La Mancha, Cuenca y Guadalajara –las dos únicas provincias castellanomanchegas que pasan a la fase 3– tendrán movilidad interprovincial a partir de hoy, de manera que sus ciudadanos podrán circular sin restricciones entre los dos territorios.
Madrid. Pedro Sánchez confirmó ayer que 255.000 españoles recibirán el 26 de junio el ingreso mínimo vital en sus cuentas, más de la mitad de los cuales son menores.
El presidente del Gobierno central valoró el "paso enorme en decencia y justicia social" que representa este abono. Desde que se anunció, desveló, en apenas una semana se han recibido en la página web 21 millones de visitas, en las que se han hecho 3,5 millones de simulaciones.
Esto da idea, dijo Sánchez, del enorme impacto de la medida en la sociedad española. El Boletín Oficial del Estado ya regula el ingreso mínimo vital tras aprobarse la medida este 29 de mayo en Consejo de Ministros.
En una coyuntura como la emergencia sanitaria del coronavirus SARS-CoV-2, en la que se esperan grandes dificultades económicas, esta prestación, de carácter mensual y estructurada en doce pagas, llegará en un primer momento a unos cien mil hogares para que parte de la población más vulnerable pueda empezar a cobrarla, de oficio, en el mes de junio sin necesidad de solicitarla, confirmó el Ejecutivo de coalición. Será compatible con el cobro de otro tipo de rentas otorgadas por las autonomías e, incluso, con los rendimientos del trabajo.
Se ha fijado un umbral mínimo de 462 euros para una persona adulta que viva por su cuenta desde hace al menos tres años y cuando se trate de una unidad de convivencia que lleve al menos un año constituida como hogar esta cantidad se incrementará hasta un máximo de 1.015 euros.