Ratifica la Justicia el cierre ‘sanitario’ de la comarca de A Mariña decretado por la Xunta

“No suscita debate que la medida solicitada persigue un fin constitucionalmente legítimo” y que su adopción “se encuentra amparada por una norma con rango legal”. No hay lugar a dudas ante la decisión de la Xunta de cerrar los accesos del distrito sanitario que comprende a los municipios de Alfoz, Barreiros, Burela, Cervo, Foz, Lourenzá, Mondoñedo, Ourol, Ribadeo, Trabada, O Valadouro, O Vicedo, Viveiro y Xove. El martes fue la Junta Electoral la que ratificó la validez del proceso de acuerdo con las directrices del gobierno gallego y ayer fue el Juzgado de lo Contencioso número 2 de Lugo quien ratificó las medidas sanitarias adoptadas en la orden del pasado 5 de julio con la finalidad de controlar la transmisión del coronavirus en la comarca de A Mariña.

El aval recibido de la Justicia borra cualquier sombra de duda que se quiera extender sobre las razones electorales, si las hubiere, ratificando que prevalece el criterio sanitario. Es más, tampoco ve discutible el juzgado, según el auto difundido por el TSXG, que existe “proporcionalidad”, de manera que la medida “es idónea y necesaria a los fines constitucionalmente legítimos que se pretenden, sin implicar un sacrificio desmedido”.

La magistrada que firma el auto, que previamente resuelve que su juzgado es competente para pronunciarse -frente al Ministerio Fiscal, que lo puso en cuestión, según refleja la propia resolución-, recuerda que esta medida “va a ser objeto de evaluación continuada cada cinco días”, de forma que puede quedar “sin y puede ser dejada sin efecto si los datos arrojados con los medios que se disponen así lo aconsejan”.

Asimismo, argumenta que la actuación del Gobierno gallego está justificada por “el alto nivel de contagios existente”, así como por la “rápida propagación” del coronavirus, pues cuando la ratificación de la medida fue solicitada por la Xunta constaba -subraya- un total de 99 personas infectadas en la zona. Tres días después la cifra se eleva a los 144 tras los últimos 23 positivos.

En el auto, la jueza insiste en que es “prudente” avalar las medidas preventivas adoptadas, “sin hacer exclusión de algún municipio en el que el virus tuviera aún poca incidencia”. Así, indica que es “lógico pensar” que al ser contiguos territorialmente, se pueda producir “un intenso tránsito o intercambio entre ellos”. También apunta que, a la hora de ejecutarse las medidas sobre la superficie afectada, “podría dificultarse su efectividad e, incluso, la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad de vigilar el trasvase circulatorio” si algunos municipios de A Mariña quedasen excluidos.

Eso sí, aunque valida la norma, la jueza rechaza ser ella la que ordene a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que presten auxilio “preventivo” y, en su caso, “coercitivo”, a la Xunta para que se ejecuten las medidas referidas. Al respecto, argumenta que no le corresponde “entrometerse en la labor de coordinación” de los efectivos que se encargan de acometer la orden de la Xunta. Así, considera que es “una labor administrativa y no judicial”.“Por eso, en estricto respeto al principio de separación de poderes, procede denegarla, debiendo las diferentes administraciones colaborar o coordinarse para tal fin”, concluye, antes de recordar que esos “principios (de colaboración y coordinación)” ya están regulados por ley.

A las puertas de las elecciones del 12 de julio, la orden de la Xunta ya aclara que “las limitaciones a la movilidad no pueden afectar al ejercicio de un derecho fundamental como es el de sufragio, por lo que se considerará en todo caso justificada la entrada o salida del ámbito territorial delimitado para el ejercicio de este derecho”. La “recomendación”, según precisó en la pasada jornada el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, es que los positivos no voten, pero sí podrían hacerlo --con mascarilla y regresando después a su domicilio-- los contactos que estén en cuarentena pero cuya PCR haya arrojado un resultado negativo.