Residentes y personal sanitario que los atiende, la avanzadilla en enero en recibir las vacunas

Si ayer el Gobierno desveló la guía que marcará las navidades, también dio los primeros detalles del plan para la vacunación frente a la COVID-19.

Así, el Consejo de Ministros aprobó el plan de vacunación que recoge que los residentes y el personal sanitario de residencias y centros de grandes dependientes serán los primeros en inmunizarse una vez lleguen las primeras dosis, a partir de enero de 2021, según anunció el ministro de Sanidad, Salvador Illa.

Después, les seguirá el resto de personal sanitario y los grandes dependientes no institucionalizados. En total, en la primera etapa se vacunará a 2,5 millones de personas.

El ministro no pormenorizó cuáles serán el resto de grupos después de esta población más vulnerable: “Los daremos a conocer oportunamente”, consideró.

Illa estimó que en el mes de enero “se podría empezar a vacunar con las primeras dosis” que lleguen a nuestro país. Según destacó, una vez sea aprobada la inyección a nivel europeo llegará en un breve período de tiempo a España, una vez sea ratificada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios: “La entrega va a ser inminente. No habrá dilación de tiempo entre ambas aprobaciones”, apostilló.

El Ministerio estableció tres etapas de priorización de los grupos a vacunar en función de las dosis disponibles: el primero será entre enero y marzo, cuando se prevé un “suministro muy limitado; en la segunda, entre marzo y junio, se irá realizando un “incremento progresivo”; finalmente, en la tercera etapa, a partir de junio, el objetivo es haber cubierto ya a “todos los grupos prioritarios”.

Según el ministro, la priorización se va a realizar “en base a un marco ético”: “principio de igualdad, necesidad, equidad, protección a la discapacidad, beneficio social, reciprocidad y solidaridad”.

Illa explicó que se establecieron 18 grupos poblacionales en función de cuatro tipos de riesgo: mortalidad, exposición a la enfermedad, impacto socioeconómico y transmisión de la enfermedad.

La estrategia persigue dos objetivos principales: “Reducir lo máximo posible que la población fallezca o ingrese en un hospital, y que estemos listos para vacunar desde el mismo momento en que empecemos a recibir dosis de vacunas aprobadas”. Tiene cuatro líneas estratégicas: establecer un orden de prioridad para vacunar a la población, establecer los elementos logísticos, crear un registro para vigilar posibles reacciones adversas y la comunicación tanto a profesionales sanitarios como población general.

Sanidad prevé que España podrá contar con hasta 140 millones de dosis de vacunas contra COVID-19 a través de los acuerdos firmados por la Comisión Europea con las distintas compañías farmacéuticas desarrolladoras.

Así, el departamento dirigido por Salvador Illa calcula que se podrían realizar 80 millones de inmunizaciones en nuestro país, es decir, casi el doble de la población española (47,32 millones). En el Consejo de Ministros se autorizó la compra de 20,83 millones de dosis de la vacuna de Pfizer para inmunizar a un total de 10,4 millones de personas en España.

Los contratos firmados por la Comisión Europea van a llegar hasta 1.400 millones de dosis, unos 800 millones de inmunizaciones, ya que casi todas las vacunas desarrolladas hasta ahora, como las de Moderna, Pfizer o AstraZeneca, constan de dos dosis.

Por el momento, la candidata de Janssen es la única que se administraría en una sola dosis. Europa firmó cinco contratos para acceder a vacunas en desarrollo, mientras otras dos están en estado avanzado de negociación.

“Calculamos que recibiremos 140 millones de dosis, para inmunizar a 80 millones de ciudadanos. Obviamente, más de la población que tenemos en nuestro país”, renmarcó Illa. El motivo es asegurarse un número suficiente de vacunas en caso de que alguna de ellas no termine siendo aprobada por la Agencia Europea del Medicamento, algo posible hasta que no se cuente con más datos definitivos. De la misma forma, en caso de que haya exceso de vacunas, se realizará su distribución hacia otros territorios no comunitarios, según fuentes ministeriales.

El ministro descartó que en las etapas iniciales la inmunización sea obligatoria. “Vamos a partir de la voluntariedad para la vacunación”. comentó. Fuentes ministeriales, no descartan, sin embargo, que tenga que adoptarse esa medida en caso de que Sanidad lo estime necesario dentro de la evolución de la pandemia, ya que señalan que hay herramientas necesarias para la obligatoriedad de la vacunación.