Sanidade plantea las medidas restrictivas al TSXG y expone su crítica al Gobierno central
El caos judicial se abre paso por toda España entre vistos buenos, negativas y esperas
El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, avanzó este lunes que su departamento ha remitido al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) el combo de medidas propuestas para frenar el avance pandémico. Entre las normas, que deberán conseguir el visto bueno, destacan los cierres perimetrales y el toque de queda en los concellos con una incidencia acumulada mayor de 500 casos por cada 100.000 habitantes. Igualmente, también constan las limitaciones que atañen a las reuniones, aforos y horarios en toda la comunidad.
La deriva judicial en la que se han inmiscuido las autonomías tras el término del estado de alarma, el pasado 9 de mayo, no deja indiferente a nuestro territorio, que ahora hace lo necesario para aplicar las restricciones que considera pertinentes a fin de combatir el COVID-19. En este sentido, hay “mucha incertidumbre” en el Gobierno gallego con la finalización del mismo, que actualmente está “sin herramientas jurídicas” vitales para hacerlas vigentes.
Así lo hacía constar Comesaña en el Desayuno Socio-Sanitario organizado por Europa Press, evidenciando que la Xunta “desarrolló su propia legislación”, conocida como la Lei de Saúde. Una iniciativa legal “totalmente respetuosa con las leyes orgánicas” nacionales, según comentó, que fue recibida con “un recurso de inconstitucionalidad” desde el Ejecutivo central.
Con esta bienvenida, que vino junto a “una suspensión provisional” de algunas de las proposiciones que incluía el recurso “sin respuesta anticipada” desde Moncloa, “ahora mismo estamos con ese desamparo de no tener una ley nacional y no poder utilizar nuestra propia ley”, recalcó el titular sanitario. Por ello, conforme evidenció, la “única solución” que conlleva las decisiones capitaneadas por Pedro Sánchez es “judicializar las decisiones al cuadrado”.
En base a esto, el Gobierno gallego ha enviado su decreto al TSXG para que los magistrados se pronuncien al respecto. “Si el aval del comité clínico no fuese suficiente, el siguiente paso es la judicialización al cuadrado, llevarlo a otro juez a ver si dice algo diferente”, subrayó el conselleiro, aun destacando que la relación con el tribunal “ha sido en todo momento excelente” hasta la fecha. No obstante, también dijo que “los jueces no están para esto” y debe haber “otras herramientas para gestionar la pandemia”. El presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, incidió también en la “ausencia” de la legislación estatal adaptada a la pandemia produce “inseguridad jurídica”, añadiendo que “el Supremo no puede ser un juzgado de guardia”.
“CAOS” EN LAS COMUNIDADES. El nuevo sistema para aplicar medidas contra el coronavirus, que pasa por la previa autorización judicial como consecuencia del término del estado de alarma, ha probado que tanto intereses autonómicos como las decisiones jurídicas varían entre nuestras regiones.
De este modo, las primeras noticias negativas han llegado para Euskadi y las Islas Canarias, donde sus limitaciones fueron vetadas por los jueces de sus respectivos tribunales superiores. Ante tal batacazo, este lunes reaccionaba el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, quien considera (como el Ejecutivo vasco) que la prórroga del estado de alarma era “totalmente justificada”, pidiendo la aplicación del mismo en todo el país. Por su parte, el dirigente canario, Ángel Víctor Torres, avanzó que reclamará una aclaración de la sentencia emitida.
Paralelamente, los magistrados de Baleares y de la Comunidad Valenciana han posibilitado restricciones similares a las que solicitaban los anteriores, algo que muestra el dispar criterio judicial que hay y que se ratifica en otras zonas de España, pues este lunes el Ministerio Público respaldó las medidas demandadas por los mandos de Navarra, salvo el toque de queda.
Asimismo, el ejemplo “exitoso” se dio en Extremadura, donde este lunes fueron ratificadas en tres autos las limitaciones que acordaron desde su Gobierno autonómico: dos de ellos sobre los cierres perimetrales en cinco ciudades de Mérida y Badajoz.
Mientras tanto, aguardando se encuentran Andalucía o Cantabria. En el caso de la primera, el mandatario andaluz, Juanma Moreno, criticó que la decisión “unilateral del Gobierno de España deja a las comunidades autónomas sin un instrumento jurídico claro para luchar contra la pandemia y esperando a que la Justicia interprete la ley”. Los comités territoriales de Salud Pública acordaron el pasado sábado restringir la libertad de movimiento y la clausura de la actividad no esencial de Bornos y Villamartín (Cádiz) Castro del Río (en Córdoba) y Montefrío (Granada). Todavía siguen esperando.
Respecto a Cantabria, en su caso por cautela, su presidente, Miguel Ángel Revilla, indicó que no formularán limitación alguna a su Tribunal Superior de Justicia y esperarán a que el Supremo establezca una doctrina unificada, pues “no quiere imponer medidas que impliquen un pronunciamiento de la Justicia que pueda hacerlas decaer incluso antes de ser efectivas”.
SIN PENSAR EN EL TOQUE DE QUEDA. En cuanto a las comunidades de Madrid, Cataluña y Castilla y León, cabe destacar que el toque de queda no está en su plan. Una de las medidas que más rifirrafe están causando para implementarse. Pere Aragonès, el candidato a la Presidencia de la Generalitat y vicepresidente en funciones, señaló este lunes que no barajan la limitación de la circulación en horario nocturno. Ese pronunciamiento fue el mismo que el de Fernández Mañueco y Enrique López. Mientras el presidente leonés, que tampoco contempla el cierre de la comunidad, cargó contra Sánchez, quien según él “ha desaparecido de la lucha” frente al virus, el consejero madrileño de Justicia dijo que no se puede cerrar “a miles de habitantes” por “cientos de jóvenes”.
INCERTIDUMBRE EN MELILLA. El término del estado de alarma también ha impactado en la Plaza de Toros de Melilla, que este martes ya no cumplirá la función de centro de acogida temporal, pues se han extinguido los contratos con las empresas que gestionan el espacio al estar sujetos al decreto excepcional para paliar el COVID-19.
Santiago. El Ejecutivo central no está trabajando en ninguna mejora legal vinculada a apoyar las medidas adoptadas por las CCAA en materia sanitaria con razón de la pandemia. Así lo matizó este lunes el propio ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, destacando que la cobertura judicial presente da “un arsenal normativo” preciso a las comunidades. En este sentido, volvió a recordar que los Gobiernos autonómicos que así quieran podrán pedir al Ejecutivo central que aplique un estado de alarma particular en su respectiva región.
Así las cosas, Campo, que aclaraba cualquier malentendido que pudiera haberse extraído de su artículo publicado el mismo día en El País, resaltó además que “la clave es ver que el estado de alarma no es la única solución para combatir la pandemia, porque hay montones de resoluciones y montones de normas que permiten adecuarlo”.
“Eso es en lo que el Gobierno cree y, por eso, no está preparando ninguna norma que modifique, porque el sistema es suficiente”, añadió al respecto en una entrevista ante La Sexta sobre la afirmación (vertida en el diario) de que si el Supremo ofrece una respuesta (a las normas requeridas por las comunidades) de la que “se desprende la necesidad de realizar cambios legales adicionales, se estudiarán y propondrán a las Cortes”. Con ello, señaló que no hay “ningún problema” a la hora de “revisar todo”, haciendo constar que cualquier cosa puede mejorarse, aún dejando patente que en estos momentos “no hay necesidad ninguna de hacerlo”, y que en consecuencia, el Ejecutivo no se plantea ningún otro “cambio normativo” por ahora.
VOX RECURRIRÁ. Por otro lado, desde Vox avanzaron este lunes que interpondrán recursos por la vía de lo contencioso, ante los tribunales, contra cualquier decreto regional que establezca limitaciones de la circulación efectivas durante el horario nocturno, así como otra clase de medidas restrictivas extraordinarias relacionadas con la pandemia que puedan aplicar las comunidades autónomas.