Abuín buscará salir del ‘túnel’ de la prisión permanente revisable

La sección segunda del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acogerá mañana a partir de las once de la mañana la vista de apelación del rianxeiro José Enrique Abuín Gey, El Chicle, contra la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña que, de acuerdo con el veredicto del tribunal del jurado, le condenó como autor de la muerte de la joven madrileña Diana Quer a la pena de prisión permanente revisable y a diez años de libertad vigilada por asesinato con alevosía, cometido para ocultar otro y subsiguiente a un delito contra la libertad sexual de la víctima, imponiéndole además, como autor de un delito de detención ilegal y de otro de agresión sexual, la pena de cuatro años de prisión y cinco años de libertad vigilada.

Asimismo, se le prohibió acercarse a la familia de Diana y a indemnizar con 130.000 euros al padre (Juan Carlos Quer); con 130.000 a la madre (Diana López-Pinel) y con 40.000 a la hermana (Valeria Quer).

El Chicle participará en la vista a través de videoconferencia. Uno de los elementos centrales de la apelación se basa en que, según la defensa (que ejerce la letrada Fernanda Álvarez), la Fiscalía introdujo en el juicio, con el visto bueno del presidente de la sala sexta, Ángel Pantín (lo que, para la abogada, es un “atentado a la tutela judicial del proceso”), la denuncia contra El Chicle por la presunta violación a su excuñada Vanesa. Esto, según Fernanda Álvarez, es un atentado a la presunción de inocencia, pues no fue juzgado ni condenado por ello.

Lo mismo alega en relación a la introducción en el juicio de la sentencia que condenó a Abuín por el intento de rapto de otra joven en Boiro, lo que pudo influir favoreciendo a las acusaciones a la hora de intentar demostrar un patrón de conducta del enjuiciado.

Además, mañana sostendrá ante el tribunal que, entre otras cosas, se vulneraron los derechos de su cliente; que fue un proceso “sin suficientes garantías y desarrollado en un marco de contaminación mediática y presión social” en el que se vio obligada a luchar contra la presunción de culpabilidad de su defendido.