Maroñas pide más indemnización y prisión por Mahía tras 15 años
“Han sido 15 años de espera, durante los que se han puesto muchas piedras en el camino... y encima se le facilitan las cosas por dilación; la sentencia es fantástica, y confío en la justicia, pero pensamos apelar, tanto respecto a las indemnizaciones como por las penas de cárcel”. Es el testimonio de Manuel Gómez Maroñas tras la sentencia por el caso Mahía, que ha ganado y en la que se imponen penas de entre 2 años y dos meses hasta 3 años y dos meses a Ramón López Casal, su hijo Marcos López Fernández, Encarnación Blanco e Ignacio Rodríguez. Además, deben asumir parte de las costas y las multas, de entre 8 y 7 meses a razón de 30 y 10 euros al día.
Básicamente, lo que Gómez Maroñas denunció es que López Casal le había echo la cama, desviando el negocio a través de unas sociedades de las que no tenía constancia. “Tienes una empresa espectacular, creada en la situación precisa y en el momento adecuado... y ves como alguien te la saca de las manos”, lamenta, al tiempo que coincide con la Fiscalía en que las indemnizaciones no pueden recaer en las sociedades que aún integrarían a la otra parte, ante el riesgo de que “iban a seguir robando”, afirma Maroñas.
A su vez, su abogado Ulises Bértolo se mostraba muy satisfecho con el resultado, “se trata de una sentencia muy extensa –en total suma 157 páginas–, con una fundamentación jurídica muy prolija, que estamos analizando muy pormenorizadamente, es muy contundente en cuanto a las condenas penales, que implican entrada en prisión, y declara la existencia de responsabilidad civil, si bien considera que el socio debe pedirla a través de las sociedades compartidas, extremo que no descartamos, pues queda totalmente abierta esa vía, pero con el que no estamos de acuerdo porque entendemos perfectamente factible que la indemnización sea otorgada al socio y no a las sociedades. Insistiremos pues en vía de recurso para que se le entreguen directamente las indemnizaciones al socio, tal y como solicitó también el Ministerio Fiscal en su informe final”.
En un escrito divulgado en las últimas horas, el entorno de Gómez Maroñas da por “plenamente probados” aspectos como que Ramón López, con ayuda de su hijo Marcos López, de Encarnación Blanco y de Ignacio Rodríguez, “creó un conjunto de sociedades mercantiles en las que el querellante no tenía participación, cuya finalidad era desviar de forma fraudulenta el negocio de las sociedades compartidas hacia dichas nuevas sociedades, y así despatrimonializar las compartidas, causando un grave perjuicio económico a dichas sociedades compartidas, e indirectamente a Manuel G. Maroñas, como socio de las mismas, consiguiendo su fin”.
También detectan “la existencia de 7,1 millones de cobros en dinero b no contabilizado” entre 1996 y 2004; venta de inmuebles “que eran propiedad de varias sociedades “a Gexpa”; la existencia de movimientos de fondos desde las firmas compartidas hacia sociedades particulares; la práctica habitual de financiación a corto plazo sin documentar préstamo alguno, “sobre todo a Maexpa” por valor “de 6,2 millones en el año 2003; 4,2 en 2004; 3,6 en 2005 y 5,4 millones en 2006”.
··· Se condena a Ramón López Casal como autor de un delito continuado de apropiación indebida en concurso medial con un delito societario continuado, a 3 años y dos meses de cárcel y multa de 8 meses, a razón de 30 € diarios, más 2/24 partes de las costas.
··· Figuran como cooperadores necesarios de un delito continuado de apropiación indebida, en concurso medial con un delito societario continuado, Encarnación Blanco (condenada a 2 años y ocho meses de cárcel, más multa de 8 meses a razón de 10 euros al día) y a Ignacio Rodríguez (igual), más 2/24 partes de las costas ambos.
··· Marcos López consta como cooperador necesario en delito continuado de apropiación indebida, con cárcel de 2 años y 2 meses, más 7 meses de multa a 10 euros diarios y 1/24 partes de costas.
Exsocio de Mahía
En cuanto a los medios para corregir las penas de indemnización, Manuel Gómez Maroñas explica que barajan vías judiciales, “como puede ser recurrir al Juzgado de lo Mercantil”, ya que según su testimonio, el litigio no puede solventarse “como un arreglo, porque nunca lo asimilaría con todo lo que han montado con esto”, subrayando que la acusación solicitaba más de 8 millones de euros en total. En cuanto a las condenas de cárcel, también espera, esta vez por la vía del recurso –cabe casación ante el Tribunal Supremo–, que “se aumenten las penas, porque lo que tenemos muy claro es que quedaron demostradas todas las acciones que llevaron a cabo, y también creemos que no puede haber apropiación indebida sin administración desleal”. El caso Mahía no acaba aquí, pues.