En el aire el contrato de gestión del tráfico por supuestas infracciones de la empresa
El comité de trabajadores de la firma adjudicataria denuncia irregularidades cometidas respecto a las cláusulas del pliego // Raxoi ha dado un plazo de diez días a la compañía para que presente alegaciones, antes de tomar decisiones

Incluye también el mantenimiento y conservación del túnel urbano del Hórreo e instalaciones de alumbrado público y semáforos. Foto: Antonio Hernández / Brais Fernández
Brais Fernández
El contrato de mantenimiento y conservación de los sistemas de control, regulación y gestión del tráfico, y del túnel urbano del Hórreo, en el término municipal de Santiago de Compostela, se encuentra en estos momentos en el aire. A pesar de tener una vigencia de tres años (hasta el 31 de diciembre de 2023), con posibilidad de prorrogarlo dos cursos más, los supuestos incumplimientos de los pliegos por parte de la firma adjudicataria, denunciados por el comité de trabajadores, comprometen este acuerdo firmado.
El citado servicio, que incluye también el mantenimiento de instalaciones de alumbrado público y semáforos, se adjudicó en diciembre de 2020 a la multinacional Kapsch TrafficCom Transportation, S.A.U., por un importe de 548,032.33 euros, al presentar la mejor propuesta, entre los dos únicos licitadores que se personaron al concurso público.
En este sentido, los empleados llevan un año (casi desde el inicio del mismo) denunciando las irregularidades que consideran que está cometiendo la compañía, las cuales afectan al devenir de la prestación de su misión. Por ello, cansados de la inacción de los jefes del grupo con sede en Viena (Austria), han puesto en conocimiento del Concello sus denuncias, en varias ocasiones.
Tras los requerimientos previos del ente municipal, entre los que se incluyó el cambio de la persona encargada de supervisar este servicio, Raxoi ha aprobado en la última Xunta de Goberno la apertura de un plazo de diez días para que la empresa presente sus alegaciones, tal y como ha confirmado el concejal de Movilidad (departamento responsable del seguimiento del contrato), Gonzalo Muíños, a EL CORREO GALLEGO.
Una vez finalice el citado periodo, se estudiarán las causas y se pasará el expediente, si así lo consideran oportuno, a contratación, órgano que tiene la potestad para sancionar o incluso resolver el pacto, según la tipología de la falta (leve, grave o muy grave).
En todo caso, desde el Gobierno local esperan que no sea necesaria esta medida extrema, ya que su propósito es que se cumpla la vigencia que tiene el acuerdo.
FALTAS DENUNCIADAS. Desde la junta de trabajadores de la empresa, en conversación con este medio, han trasladado hasta tres deficiencias, con respecto a las cláusulas iniciales, que llevó o está llevando a cabo el ente responsable, las cuales están afectando al cometido que realizan en Santiago.
En primer lugar, denuncian el cambio del personal destinado a este proyecto, el cual se compone de ocho personas: seis operarios, un encargo y un jefe. La queja se produce por el relevo de los mandos principales, sin causa justificada, según la versión del comité, introduciendo en su lugar a otros miembros que no cumplen con las exigencias necesarias.
En segundo término, acusan a la entidad de destinar el local cedido por el ente municipal para otros trabajos u obras que desarrollan. Así, especifican que este es otro incumplimiento, ya que la nave debe ser de uso exclusivo para este servicio, ya que así se estipula en el acuerdo firmado.
Por último, la tercera cláusula supuestamente infringida radica en el empleo que se hace de los vehículos y el personal destinado a este contrato, también con vocación exclusiva. De este modo, manifiestan que tanto los automóviles como los operarios se comparten con otros proyectos, citando, por ejemplo el de los sistemas de Inteligencia Artificial, los paneles variables o trabajos puntuales en Concheiros o Clara Campoamor, todos ellos en Santiago, así como los realizados en otros municipios, como Arzúa.
Por ello, entienden que todas estas faltas ayudaron a Kapsch a presentar una oferta económica (cuarenta puntos de cien) más baja y, por lo tanto, sustancialmente más interesante a la hora de decretar la adjudicación.
Si se confirman las denuncias, esta situación implicaría que la empresa gozó de una posición de ventaja irreal respecto a sus competidores. Por lo tanto, la pelota está en el tejado del Concello, que tendrá que estudiar con detenimiento los motivos presentados por ambas partes y tomar una decisión que será muy importante.
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