La cesión de la Casa da Xuventude a la Diputación de A Coruña entra en ‘stand by’. El Concello de Santiago decidió ayer en la Xunta de Goberno prorrogar tres meses el plazo inicialmente previsto para firmar el acta de entrega. Con este receso, la nueva corporación municipal tendrá más tiempo para decidir si finalmente transfiere durante 25 años el inmueble al ente provincial, como había acordado el Gobierno de Sánchez Bugallo.

Fuentes municipales explican que la prórroga responde a que la Diputación de A Coruña no está todavía constituída y el Concello acaba de hacerlo. Sin embargo, indican que durante este tiempo, el Ejecutivo liderado por el BNG podrá “determinar la aplicación del convenio o su revisión”. Durante la campaña electoral, la actual alcaldesa Goretti Sanmartín apostó por demoler la Casa da Xuventude y sustituirla por una plaza cubierta y diáfana. Entonces instó al alcalde socialista, Sánchez Bugallo a revocar el acuerdo de cesión del edificio a la Diputación y recriminó que contaba con un informe negativo del departamento técnico de Patrimonio.

Los planes de Bugallo para la Casa da Xuventude se conocieron apenas dos meses antes de las elecciones municipales del 28-M. En una rueda de prensa acompañado por el presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, el entonces alcalde anunció que la Casa da Xuventude pasaría a ser un complejo de uso compartido entre la Deputación da Coruña, los vecinos del casco histórico y del barrio de San Pedro. La idea más novedosa era convertir el espacio en un coworking especializado en el metaverso. La planta baja estaría a disposición de la Deputación, donde se crearía una oficina de cobro de tributos para toda la comarca, otra que acogerá la delegación del ente provincial en la capital gallega; y también un auditorio con capacidad para 250 personas de uso compartido. En la primera planta se promovería un espacio coworking especializado en las nuevas tecnologías, concretamente en el metaverso, que también sería gestionado por la Deputación. Mientras que el tercer piso quedaría a disposición del Concello, que pretendía dedicarlo a la prestación de servicios para los vecinos del casco histórico y del barrio de San Pedro.

El acuerdo permitiría la rehabilitación integral del polémico edificio. Los planes pasaban por cambiar la red de servicios, la envoltura exterior y rebajar una altura al inmueble. Las obras ascenderían a 1,346 millones de euros y la Diputación financiaría la mayor parte. El convenio contemplaba que el Concello aportara 360.000 euros (el 26 %) mientras que el Ente provincial 986.000 (74 %) .

El acuerdo con la Diputación no gustó a la oposición, que censuró que se alcanzase en tiempo de descuento electoral. Tanto el BNG como Compostela Aberta censuraron en ese momento que se realizase con oscurantismo y sin contar con los vecinos, con el asociacionismo, ni con el resto de grupos políticos. Goretti Sanmartín, denunció públicamente que “Bugallo hace propuestas electoralistas”. La actual tenienta de alcaldesa, María Rozas, explicó que CA postaba por la gestión participativa y abierta a colectivos de la Casa da Xuventude.