La Dirección Xeral de Xustiza de Galicia asegura que, en relación con la denuncia presentada por UGT respecto a la situación al borde del colapso en el Registro Civil de Santiago, lo único que ha hecho la administración gallega ha sido “asumir los costes de las aplicaciones del Ministerio de Justicia”.
Según informaron a este periódico fuentes de dicho organismo autonómico, la aplicación del nuevo sistema Dicireg en los registros civiles de toda España obligó a establecer en todos ellos un refuerzo durante los meses de aplicación. Algo que, según dichas fuentes, “fue pactado con los letrados de la administración de justicia titulares actuales de los registros civiles, incluyendo el de Santiago”, y añaden que “todos estuvieron conformes con el refuerzo durante esos meses”.
De ahí que insistieran en que no es responsabilidad de la Dirección Xeral de Xustiza la situación desbordante de la que habla el sindicato, puesto que la Xunta de Galicia “se limitó a actuar para ayudar al personal de los registros tal y como se había pactado” con ellos.
Recalcaron además que “es el Ministerio de Justicia el que debe asumir los costes y/o solucionar los problemas que puedan venir originados por la implantación de un nuevo sistema”.
En su denuncia pública, UGT también hizo referencia a la puesta en marcha de esa aplicación informática y los inconvenientes que suponía para el pesonal por tener que realizar trámites mucho más farragosos y un continuo trasiego de datos al mantenerse con la anterior aplicación, Inforeg. A todo ello se suma la carga de trabajo relacionada con la aplicación de la Ley de Memoria Histórica y el incremento de las juras de nuevas nacionalidades.
