El 15% de los ascensores corren el riesgo de ser paralizados el 1 de julio si no se ajustan a la ley

La nueva normativa, que entrará en vigor en esa fecha, obliga a la empresa mantenedora a detener el elevador si no pasa la inspección // La adaptación implicará un gasto adicional para las comunidades de propietarios

Los ascensores de los edificios deberán someterse a una nueva normativa a partir del 1 de julio

Los ascensores de los edificios deberán someterse a una nueva normativa a partir del 1 de julio / Jesús Prieto

Los edificios de Santiago que cuentan con ascensor deberán adaptarse a un cambio de escenario legislativo a partir del 1 de julio con la entrada en vigor de la nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC), una inspección de seguridad que los elevadores deben pasar para seguir funcionando. La nueva normativa implica que la responsabilidad de su cumplimiento recaiga en la empresa mantenedora, con lo que se elimina el vacío legal existente. Según los datos de la Asociación Empresarial Gallega de Ascensores (AEGA), el 15% de los ascensores no tendría aún la ITC en regla, con lo que corren el riesgo de ser paralizados a partir del próximo mes

La presidenta de AEGA, Ángeles Ríos, explica que someterse a inspecciones periódicas por un organismo de control autorizado ya era obligatorio, pero “antes había un vacío legal”. Así, algunos no la tienen al día o la dejan caducar y “no estaba muy claro si lo paraba Industria, si lo paraba la empresa mantenedora o si lo paraba la entidad de control”. Desde julio “la ley da 24 horas a la empresa mantenedora para todos aquellos ascensores que no tengan al día la inspección técnica sean parados”.  

Plazo de seis meses a un año para subsanar las deficiencias

Para evitar quedarse sin servicio, los edificios de viviendas y negocios tendrán un plazo de entre seis meses y un año desde la fecha de inspección–según cada caso– para actuar sobre las deficiencias de sus ascensores y adaptarse a los parámetros que marca la nueva norma. Transcurrido ese tiempo, si no se han acometido los cambios requeridos en el elevador, los técnicos de la empresa de mantenimiento también podrán tomar la decisión de paralizarlo. 

AEGA cifra en 65.000 el número de ascensores que están en funcionamiento en Galicia, de los cuales 29.000 se encuentran en la provincia de A Coruña. De este modo, habría en toda la comunidad 9.750 en riesgo de tener que parar su actividad, 4.350 en A Coruña. “Desde el sector y desde la Consellería de Industria lo que interesa es que la gente se entere de esto y que el presidente de la comunidad revise en su ascensor la pegatina que siempre está en la cabina que tiene que poner hasta cuando tiene la inspección en regla”, apunta. “Hasta el 1 de julio hay tiempo de que los titulares se preocupen, llamen y contraten una inspección”, afirma.

Parque envejecido

En este escenario, la presidenta del Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Galicia (Coafga), Teresa Suárez, asegura que “las comunidades que estamos gestionando nosotros ya sabemos que tienen que hacer revisiones cuatrienales y las tenemos chequeadas”. De esta manera, envía un mensaje tranquilizador al destacar que “algunas tienen deficiencias y están en fase de resolución, con lo cual difícilmente van a paralizar un ascensor de los que nosotros gestionamos”.

 Sin embargo, Suárez también hace hincapié en que “hay un parque de ascensores muy, muy envejecido”, tanto en Galicia como en Santiago. “Están en unas condiciones que posiblemente no pasen ninguna revisión y a lo mejor se ven incluso abocados a tener que cambiar el ascensor. Porque por una cuestión de seguridad, de accesibilidad y de comunicación, no van a poder superar esos mínimos que ahora son exigidos”, advierte.

Gasto adicional

La nueva legislación, que entrará en vigor para adaptarse a una directiva europea, traerá otros cambios además de las inspecciones. Entre ellas, destaca la obligatoriedad de la comunicación bidireccional en cabina, lo que implica un gasto adicional para las comunidades de propietarios, pero supone un mayor nivel de seguridad para los usuarios. Además, deberán contar con elementos de protección que eviten movimientos incontrolados o tomar medidas relativas al cierre de puertas o la velocidad, entre otras. 

“Los ascensores que se fueron revisando cada cuatro años, como indicaba la industria, con la normativa anterior ya se fueron actualizando poco a poco. Pero hay muchos ascensores que no han hecho ninguna revisión”, señala Suárez. Así, valora que “no pasarían la actual ITC ni de broma”, puesto que “son muchas las cosas que tienen que cumplir, de propia maquinaria del ascensor, de seguridad de los mantenedores o de seguridad de los usuarios”. Por ello, la presidenta de Coafga cree que habrá casos en los que “van a tener tantas reformas que les van a decir que vale la pena poner un ascensor nuevo y que ya reúna todos los requisitos”. De lo contrario, se arriesgan a quedarse sin servicio.

La situación puede complicarse aún más para los edificios residenciales de vivienda colectiva de más de 50 años. Desde el pasado 20 de mayo, este tipo de inmuebles deben contar con un informe de evaluación que acredite que se encuentran en un estado idóneo. De lo contrario, las comunidades deben subsanar las deficiencias que se indiquen en esos informes, con lo que podrían encontrarse con la obligación de aprobar derramas para esas reparaciones y para actualizar sus ascensores, en caso de contar con ellos, con el objetivo de adaptarse a la normativa que entra en vigor el 1 de julio. Suárez indica que no existen ayudas públicas para adecuarse a la ITC, pero sí se podría optar a subvenciones de accesibilidad para instalar nuevos ascensores, aunque “serían para el año que viene porque el plazo para las de este ejercicio ya ha pasado”. 

Para facilitar el proceso de adaptación a la nueva normativa sobre los elevadores, se llevará a cabo una jornada de divulgación el 20 de junio en Santiago, así como una campaña informativa sobre las nuevas obligaciones. Entre estas medidas, se discutirá la creación de un grupo empresarial del sector de la elevación dentro del Comité de Seguridad Industrial de la Xunta de Galicia, según indica AEGA.

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