A juicio por simular contratos para no pagar una deuda de 36.000 euros a una comunidad de propietarios de Santiago

La comunidad de propietarios llegó incluso a contratar a un detective privado que presentó un informe de como estaban actuando los acusados

El número 31 de la Avenida de Barcelona en Santiago de Compostela, a la izquierda

El número 31 de la Avenida de Barcelona en Santiago de Compostela, a la izquierda / GOOGLE MAPS

E.P.

La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago, celebrará los próximos 20 y 21 de junio el juicio contra tres acusados de simular contratos para no pagar una deuda de algo más de 36.000 euros con una comunidad de propietarios de Santiago de Compostela.

Los hechos se remontan al año 2009, cuando una empresa inmobiliaria promovió un edificio en la Avenida de Barcelona de Santiago, quedándose con varios pisos y plazas de garaje. Sin embargo, la empresa nunca abonó las cuotas de la comunidad, de forma que, a 18 de abril de 2017, adeudaba algo más de 36.000 euros.

La comunidad, apunta el escrito de acusación de Fiscalía, intentó cobrar esta deuda a través de varios procedimientos judiciales, pero sin resultado, por lo que acabó instando a la declaración de concurso de la sociedad mercantil, que se activó en 2017.

Mientras tanto, los tres acusados "tomaron el control" de la empresa, por la que pagaron únicamente 2.500 euros por su mala situación económica, haciéndose también con los pisos y garajes afectados.

Sin embargo, con la finalidad de eludir que la comunidad consiguiera en vía judicial la ejecución de su crédito, uno de los acusados creó presuntamente documentos en connivencia con su hermano --también procesado-- y con el tercer acusado para presentar en el juzgado y oponerse a esta pretensión. Se trataba de contratos ficticios de cesión de los inmuebles.

Fiscalía apunta que durante los años en los que uno de los acusados administró los pisos, éstos fueron alquilados tanto por largas temporadas como por la vía de alquiler turístico, obteniendo de ellos rendimientos económicos. La comunidad de propietarios llegó incluso a contratar a un detective privado que presentó un informe de como estaban actuando los acusados.

El Ministerio Público solicita dos años y medio de cárcel para uno de los procesados y cuatro para los otros dos, además de una multa de 3.000 euros para cada uno de ellos. El juicio ya estuvo señalado en febrero, pero tuvo que suspenderse por la huelga de letrados de oficio.