Santiago

Raxoi limita los negocios turísticos en el casco histórico para proteger el comercio de proximidad

Se suspenden las licencias para cambios de uso a actividades orientadas a los visitantes

Sanmartín prioriza el fomento de las tiendas de proximidad en su segundo año de mandato

El nuevo sistema de control de acceso de vehículos situado en Porta Faxeira, en el casco histórico de Santiago

El nuevo sistema de control de acceso de vehículos situado en Porta Faxeira, en el casco histórico de Santiago / Antonio Hernández

El Gobierno municipal de Santiago hizo balance este lunes de su primer año de mandato y estableció algunas prioridades para el segundo. En los próximos doce meses el bipartito se propone “protexer e fomentar o comercio local e de proximidade e fixar poboación na zona vella”, según explicó la alcaldesa Goretti Sanmartín. Con este objetivo, en la Xunta de Goberno previa a su comparecencia ante los medios, el Concello dio luz verde a una suspensión temporal durante un máximo de un año de las licencias y comunicaciones previas en el casco histórico para cambios de uso de locales comerciales a actividades relacionadas con el turismo, la hostelería o el uso residencial –donde nunca lo hubo o no ha sido el uso más reciente–.

La medida se mantendrá mientras que Raxoi estudia una modificación del Plan Especial de la ciudad histórica que procurará el mantenimiento de las tiendas de alimentación, de artesanía local o textil y calzado frente a la proliferación de locales de venta de souvenirs, servicios de consigna automática para equipajes, oficinas de cambio de moneda o la concentración de establecimientos de ocio y restauración. El edil de Urbanismo, Iago Lestegás, insistió en que la medida tiene la intención de “garantir que hai unha oferta comercial suficientemente densa e diversa para atender as necesidades cotiás da poboación residente da cidade histórica”.

Excepciones

La supensión temporal de licencias contempla varias excepciones, entre las que figuran los locales que ya tienen una licencia de obras concedida para esa actividad. Tampoco se aplicará en el caso de comunicaciones previas de primera ocupación de viviendas que ya tengan el permiso de obras para ese fin residencial. La norma tampoco afecta a las actividades denominadas de tipo dotacional -docentes, sanitarias, asistenciales, socioculturales, institucionales, administrativas o deportivas-.

No se verán limitadas las licencias cuando el cambio afecte a locales existentes de ocio y restauración y modifiquen su actividad dentro del grupo 1 de esta categoría –por ejemplo, se permite cambiar de restaurante a bar, pero no de bar a pub–. De la suspensión quedan exentas además aquellas oficinas que no sean de carácter turístico y las categorías que Raxoi pretende proteger, como los establecimientos de alimentación, zapaterías o comercios de interés sociocultural.

Lestegás señaló también que el texto resultante de la modificación que se proponen sacar adelante definirá las zonas que se aspira a preservar como “eixos comerciais” para que la población residente en el casco antiguo “siga tendo no futuro onde facer a compra, onde adquirir produtos básicos e onde recibir servizos fundamentais para vida diaria”.

Sanmartín auguró que la medida contribuirá a que “a xente fique a vivir na zona vella, porque ten a zapatería que precisa o supermercado que precisa, un espazo habitable, pensado e deseñado para vivir”. Por su parte, la primera tenienta de alcaldesa, María Rozas, defendió que el bipartito tiene “unha aposta clara polo comercio tradicional, polo comercio local de proximidade, e por un turismo sustentable para que Santiago sexa non só unha boa cidade para visitar, senón tamén unha boa cidade para vivir”.

En contra de “prohibir”

Tras conocer el anuncio de Raxoi, el portavoz del Partido Popular, Borja Verea, apeló a “ser prudentes e coñecer a letra pequena”, pero afirmó que “nós non cremos nas prohibicións”. Verea incidió en que “unha nova prohibición que o que fai é diminuír e atacar a nosa riqueza cultural” y se preguntó cómo se va a “distinguir que unha actividade económica ou negocio familiar está pensado para visitantes ou para veciños”.

Por su parte, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, también fue preguntado al respecto y eludió pronunciarse más allá de considerar que el Concello “ten a capacidade e a autonomía para facelo” y también “para asumir as consecuencias”. 

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