La semana en la que el PSOE de Santiago implosionó: ¿Qué pasará en los próximos meses?

Todo se desencadenó el lunes, pero en realidad había comenzado mucho antes. El Pleno en que se aprobó la ordenanza con la que el Gobierno de Sanmartín quiere poner fin a la regulación de las viviendas turísticas en la ciudad evidenció la fractura del PSOE de Santiago. Las VUT no fueron el problema de fondo, sí lo fue el tira y afloja para controlar el partido en la ciudad. La olla a presión se había ido calentando poco a poco en los últimos meses y estalló cuando los seis concejales socialistas rompieron en bloque la disciplina de voto marcada tres días antes por la ejecutiva local en manos de Aitor Bouza. Pero Bouza no está solo. Cuenta con el respaldo de la dirección autonómica y provincial. Con la tensión interna en máximos históricos, ninguna de las dos partes está por el momento dispuesta a dar su brazo a torcer. Si nadie acaba cediendo, no es descartable que el conflicto pueda resolverse de la manera más surrealista posible. Con el PSOE fuera de una corporación municipal que había gobernado durante 30 años.

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La división interna del PSOE compostelano viene de lejos. Pero en esta semana quedó patente que los viejos bloques han dejado de existir. El socialismo de la ciudad había tenido hasta el momento dos almas, la oficialista en manos del exconcejal Bernardino Rama aliado con Xosé Sánchez Bugallo y la conocida como universitaria, liderada por Mercedes Rosón. Pero el lunes, el portavoz municipal Gonzalo Muíños —tradicionalmente situado en el primer bloque— cambió de bando y todo se desequilibró. Algunas fuentes señalan que Bugallo —que tras la debacle electoral de las municipales se marchó al Senado y ha guardado silencio toda la semana— ya habría dejado de estar alineado con Rama. A este último lo consideran el artífice de una operación de expulsión para apartar a los concejales del partido. El propio Muíños cita al exalcalde y mentor para justificar el choque abierto con la ejecutiva: “De las cosas que aprendí de Bugallo, una es que tienen que primar los intereses de la ciudadanía por encima de cualquier tipo de siglas”, asegura.  

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¿Dimisión de Bouza?

La teoría de la expulsión cobró fuerza cuando unos días antes del Pleno, los concejales recibieron una advertencia de la dirección del partido en la ciudad en la que se les dejaban claro que si incumplían la orden del partido podrían ser apartados de la militancia. El hipotético plan de Rama y Bouza sería el siguiente: forzar la ruptura en dos del grupo, echar a algunos ediles y que la lista corriese para que Aitor Bouza encontrase su sitio y los focos mediáticos lo apuntasen decididamente. Pero Bouza lo niega tajantemente. “Estoy atónito con las cosas que se escuchan, esa página la cerramos hace tiempo”, sostiene. Fuese o no esa la intención, lo cierto es que la unidad del grupo parlamentario en la votación anula esa posibilidad salvo que en el futuro alguno de los concejales cambie de postura. 

Por el momento y tras las muestras de apoyo de compañeros del partido y distintos colectivos de la ciudad por su apoyo al Ejecutivo de Sanmartín en el tema de los pisos turísticos (aunque la ordenanza realmente no significaba ilegalizar ninguna vivienda, sino regular la posibilidad de hacerlo dos meses al año), los ediles mantienen el pulso. Dos días después del Pleno redoblaban la apuesta. Muíños anunció que tampoco va a seguir la orden de la Ejecutiva que le insta a cambiar dos de los cuatro puestos de personal de confianza en el Concello, la jefa de gabinete y el jefe de prensa. El grupo municipal ve en esta imposición un nuevo intento de Bouza por controlar su acción en el Consistorio. El secretario general asegura que es normal que cuando un nuevo cargo entre en escena se acompañe de personas de su entorno. También que era una cuestión que conocida por todos desde hacía ya tiempo. Lo cierto es que la reunión para materializarla se produjo en domingo, justo un día antes del polémico Pleno. 

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La salida de Bugallo

Las dos facciones del PSdeG habían mantenido una convivencia más o menos aceptable mientras el epicentro de toda la política municipal se situaba en el Pazo de Raxoi. Pero tras la decisión de Bugallo de abandonar la secretaría general el escenario cambió. Nadie en el grupo municipal o de su entorno se atrevió a dar el paso para sustituir al exalcalde por miedo a no contar con los apoyos suficientes. El partido quedó durante meses en manos de una gestora encabezada por el secretario provincial de A Coruña, Bernardo Fernández. Después se postuló Aitor Bouza, hombre de su confianza, como único candidato. Inmediatamente empezaron los problemas. El grupo estaba acostumbrado a cocinar todas sus políticas en Raxoi y la ejecutiva empezó a exigir que las decisiones emanen de la sede municipal en A Casa do Pobo en la calle Ramón Cabanillas. Uno de las primeras escenificaciones fue el acuerdo de los presupuestos municipales. En la foto, la tenienta de alcaldesa, María Rozas, la regidora Goretti Sanmartín y Aitor Bouza. Ni rastro del portavoz del grupo municipal, Gonzalo Muíños.  

¿Qué puede pasar ahora?

Las relaciones entre el grupo y la ejecutiva municipal están en la actualidad totalmente rotas. Prueba de ello es que los protagonistas del cisma no han mantenido ningún tipo de contacto en los últimos días. Ni Bouza ha llamado a Rosón o a Muíños para intentar cerrar posturas, ni a la inversa. Los ediles díscolos tampoco han recibido aún ninguna comunicación oficial desde la ejecutiva provincial sobre la apertura del expediente disciplinario anunciado el lunes por Bouza. El secretario del PSOE coruñés y alcalde de Pontedeume, Bernardo Fernández explicó esta semana que la intención era tomarse el proceso “sin dramatismos y sin prisa”. En los últimos días, el secretario general del PSdeG, Xosé Ramón Besteiro, ha mantenido un perfil bajo y apenas se ha referido al cisma compostelano. Cuestionado explícitamente por el asunto, se ha limitado a emplazar a los que preguntaban a hablar con la dirección provincial. 

En un intento de calmar las aguas, el partido puede iniciar la apertura de un expediente disciplinario que no acabe de concretarse. Veáse el caso del diputado autonómico Martín Seco al que se le notificó en 2022 y sigue a la espera de resolución. En este supuesto debería de abrirse una vía negociadora para limar asperezas y forzar la convivencia. Otra opción sería un paso atrás de Bouza —voluntario u ordenado— para facilitar la entrada de una tercera persona neutral que encauce la conviviencia. Pero el secretario general ya ha asegurado que no se plantea dimitir y que el partido lo respalda. La vía más radical es el cese de cinco de los seis ediles del Partido Socialista (la sexta, Marta Abal, es independiente). Pero al haber votado en bloque podrían optar por seguir unidos y atrincherarse en el Concello, dejando al PSOE fuera de Raxoi. 

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