El cuento de nunca acabar en Conxo: más de 30 años sin corregir una obra ilegal

Entre finales del siglo pasado y principios de este, el desarrollo urbanístico de Conxo lo ha convertido en uno de los barrios de la ciudad que más ha crecido y en el que ahora comparten espacio edificios históricos con otros de reciente construcción. En esa expansión, el inmueble situado en el número 9-11 de García Prieto sería uno más de los muchos levantados durante este periodo relativamente reciente, sino fuera por la compleja historia administrativa y jurídica que lo acompaña. La construcción realizada se excedió de la licencia otorgada y la Justicia obligó a rectificarla, pero más de 30 años después, los cambios siguen sin llevarse a cabo. Un auténtico cuento de nunca acabar.

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En abril de 1988 el Concello emitió la licencia de obra para la construcción del edificio con unas características determinadas, pero estas no se cumplieron al introducir tres plantas de sótano en lugar de las dos que habían sido autorizadas, lo que implicó también cambios con respecto a los accesos. Aunque se presentó una solicitud para legalizar las modificaciones efectuadas, las diferencias entre promotores y propietarios provocaron que el asunto terminara en los tribunales, donde finalmente no se autorizó.

Decisión judicial

Una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en 1993 determinó que no debían regularizarse los excesos constructivos, siendo ratificada en 1999 por el Tribunal Supremo. Ya en el siglo XXI, al no ejecutar la comunidad de propietarios las obras para adecuarse a la licencia inicial, se acordó la ejecución forzosa, con lo que la responsabilidad pasó al Concello. Por ello, Raxoi toma las riendas en el año 2008 y encarga a la empresa Arquitav Arquitectos el proyecto de remodelación. Pese a que la firma lo presenta a finales de 2010, el proceso parece quedar paralizado hasta que vuelve a aparecer el TSXG en 2018 para requerir al Concello que acometa con urgencia la ejecución de las obras de restauración de la legalidad.

El periplo administrativo y judicial parece llegar a su fin al año siguiente, cuando se adjudica un contrato menor para realizar las actuaciones necesarias, poniendo al frente de la obra al director de Arquitav, Alfredo Varela. Pero la situación volvió a la casilla de salida porque “una vez que se entró en el edificio, se contrató por parte del Ayuntamiento a una empresa, cuadró la pandemia y todo el bloqueo de obras y la empresa renunció a su ejecución por la complejidad técnica que tenía”, relata Varela.

Complejidad de las obras

La intervención requiere eliminar una planta de sótano y modificar los accesos a los garajes, entre otras cuestiones. Para ello la principal actuación pasa por la inutilización de dicha planta, mediante el tapiado del acceso a la misma. Asimismo, los trabajos conllevan el tapiado de los nuevos accesos generados tanto en la fachada principal como en la posterior, lo que a su vez implica la reestructuración interior de la planta baja del edificio. Además, debería crearse una rampa de acceso al garaje conforme al proyecto licenciado y eliminar la existente.

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El actual Gobierno local retoma el procedimiento a lo largo de este año porque “el Ayuntamiento resolvió el contrato, tanto con nosotros como dirección de obra como con la empresa constructora, con lo cual se quedó sin empresa constructora, e intentó sacar nuevamente la licitación”, indica el arquitecto. Así, Raxoi opta por abrir una licitación en la que ofrece 27.212 euros sin IVA para la redacción de la modificación del proyecto, así como los servicios de dirección de obra, dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud. Sin embargo, a finales de junio se constata que ninguna empresa está dispuesta a hacerse cargo y se declara desierto el expediente de contratación.

“Callejón sin salida”

Llegados a este punto, Alfredo Varela considera que “está parado porque realmente la voluntad que tiene el Ayuntamiento es de cumplir con la sentencia judicial, lo que pasa es que nadie se le presenta para poderla ejecutar por la complejidad que conlleva”. El arquitecto cree que el consistorio “está en un callejón sin salida porque no tiene ninguna empresa que pueda ofertar las obras”. Además, el proyecto que él mismo redactó “conlleva unas modificaciones porque es un proyecto que se nos encargó hace un montón de años. Con una antigüedad tal, con el cambio normativo y con el envejecimiento del edificio, hay que tomar otras decisiones totalmente distintas”.

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En cuanto a las obras,Varela indica que “el problema principal es que al garaje actualmente se entra por la calle de abajo. El proyecto inicial tenía la entrada del garaje por arriba con unas rampas que no se hicieron. Entonces, para poder hacer esas rampas, hay que cortar vigas estructurales importantes, las cuales ya tienen una vida en la cual además no sabes cómo están construidas y habría que hacer un montón de apeos y sistemas complementarios que hacen bastante compleja la ejecución de la misma".

En definitiva, “veo complicado que algún equipo y alguna empresa pueda presentarse a ejecutar un proyecto tan complejo y con tanto riesgo”. Así, señala que “es mejor intentar buscar una vía alternativa de regularizar esas plantas de garaje” y recuerda que con el planeamiento urbanístico actual podría legalizarse, pero se debería abrir un nuevo procedimiento para declarar la imposibilidad técnica de cumplir la sentencia y contar con “la voluntad de todas las partes”, concluye el arquitecto.