La mayoría de edificios de 50 años sigue sin ‘ITV’ seis meses después de la nueva norma

Seis meses después de la entrada en vigor de una normativa autonómica que afecta a los edificios de más de 50 años de antigüedad, la gran mayoría no la cumple. Desde finales de mayo deberían contar con un informe de evaluación, una especie de ‘ITV’ obligatoria para los inmuebles de uso residencial de vivienda colectiva que certifica que se encuentran en un estado idóneo desde el punto de vista de la conservación, la accesibilidad o la eficiencia energética.

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Pero en Santiago apenas ha habido avances, puesto que según los datos que maneja la Consellería de Vivenda de la Xunta, solo 45 edificios de los 9.671 con más de medio siglo cuentan con este informe. El departamento autonómico recuerda que, una vez redactado el escrito, debe presentarse en el concello correspondiente. Posteriormente, es la administración municipal la encargada de su inscripción en el registro autonómico. Por ello, los datos corresponden a las inscripciones ya realizadas y la cifra de edificios con el trámite realizado podría ser mayor, pero en cualquier caso estaría muy lejos de ser mayoritaria.

La presidenta del Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Galicia (Coafga), Teresa Suárez, constata que «máis ou menos estamos na mesma situación» que en mayo, cuando terminó la última prórroga al plazo establecido por la Xunta. Actualmente, Suárez explica que «as comunidades que teñen máis de 50 anos o que están facendo é contratar un técnico que lles faga a avaliación e despois en función diso están pedindo presupostos».

Sin embargo, es en este punto donde se atasca el proceso porque «a complicación é que hai moi poucas empresas que estean dando os presupostos», señala Suárez. «As empresas teñen moitísima saturación, primeiro polas axudas dos fondos Next Generation, que teñen un prazo tamén para facer as obras e poder documentar as subvencións, e, por outro lado, non encontramos empresas», explica.

La presidenta del Coafga añade que «é bastante incomprensible e ás veces é complicado de explicar á xente, pero as empresas están saturadas, non teñen traballadores para facer os obras, estamos nunha situación que é un círculo vicioso». A pesar de ello, Suárez sostiene que las comunidades de propietarios están tratando de, como mínimo, hacer inspecciones y ver qué obras son «estritamente necesarias» para después pedir los presupuestos.

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Sin sanciones

Como consecuencia de la falta de este informe, los inmuebles se exponen a una sanción que deben aplicar los municipios y que oscila entre los 300 y los 6.000 euros, a la que se podrá añadir como mínimo el 2 por ciento del valor del inmueble, según contempla la legislación. En este sentido, Suárez apunta que «os concellos terán que abrir un pouco a man á hora de esixir ás comunidades que cumpran cos prazos, porque tampouco poden ir máis alá».

Por el momento, «non nos consta que haxa concellos aplicando sancións», indica. En caso de que se produzcan requerimientos de los informes por parte de los municipios, las comunidades de propietarios «polo menos poden aportar o acordo da xunta de propietarios de que xa contrataron un técnico ou que están á espera de que lles pasen presupostos», una documentación con la que podrían justificar que han puesto en marcha el proceso y eludir así una eventual sanción.

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