La jueza imputa al exconcejal socialista Pichel por el caso del alquiler de la nave de Desproi

El exconcejal socialista José Manuel Pichel tendrá que declarar ante la jueza Ana López Suevos el próximo 27 de febrero. La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Santiago ha decidido finalmente citarlo como investigado (anteriormente estaba imputado) . Los populares denunciaron irregularidades en la contratación a dedo por parte del Ejecutivo de Sánchez Bugallo de una nave de la empresa Desproi para acoger oficinas municipales. Pichel había sido propietario de una parte de esa sociedad.

Funcionarios de Raxoi ratifican ante el fiscal sus reticencias en el caso Desproi

Delitos imputados

En un auto del pasado miércoles, López Suevos lo cita en calidad de "presunto autor de un delito de intervención en negociaciones o actividades prohibidas". El exconcejal socialista dimitió en enero de 2023 tras destaparse su vinculación con Desproi, empresa a la que Raxoi arrendó oficinas para realojar las dependencias de las concejalías de Parques y Xardíns e Medio Rural, que tenían que abandonar el edificio de la antigua estación de autobuses de Santiago.

Desde la apertura de diligencias, la jueza había estado recabando documentación sobre el alquiler de la nave, pero ahora decide dar un paso más con la imputación. En el mismo escrito, López Suevos cita también a declarar como testigos a dos funcionarios de Raxoi, Rocío Montañés Fernández, directora del área de Sustentabilidade e Servizos Básicos en el Concello, y también a Miguel Fernández Solís, técnico municipal que en alguna ocasión concurrió en las listas del PSOE. Lo harán 20 días después que Pichel, el 27 de febrero a las 10.45 horas. Además, la jueza solicita nueva documentación al Ayuntamiento de Santiago al que le pide que "remita copia de las normas relativas al régimen de fiscalización y control interno de dicho Concello".

Declaración en la Fiscalía

El auto de López Suevos se emitió el mismo día que el fiscal jefe de Santiago, Antonio Roma, tomase las primeras declaraciones a testigos relacionados con el caso Desproi. Roma interrogó al secretario general del Ayuntamiento, José Manuel González García, y al exinterventor, Juan Ramón González Carnero. Los populares habían incluido informes suyos en la denuncia que ponían en cuestión la decisión de contratar sin concurso público las oficinas. El Ejecutivo socialista argumentaba que se podía hacer de este modo apelando a que era una cuestión de urgencia. En su denuncia, el PP recordaba que las obras de demolición de la estación de autobuses que obligaban al traslado eran conocidas desde hacía tiempo. Según ha podido saber EL CORREO GALLEGO, ambos ratificaron ante el juez sus reticencias en la decisión del anterior Gobierno local.