¿Por qué nadie quiere los bajos embargados al narco Marcial Dorado en Santiago? De recursos a testaferros

La subasta de los diez locales comerciales embargados a Marcial Dorado en Santiago ha quedado desierta por segundo año consecutivo, pese a una quita de 140.000 euros en el precio de salida. Pero, ¿por qué nadie da ni un euro por estos locales, cuando el precio de salida es tres veces menos de las cifras que se mueven en el mercado? Tiene una explicación: un recurso y la ofensiva del Estado contra los testaferros. 

Ni siquiera una quita de 140.000 euros animó la puja por los diez bajos comerciales embargados en Santiago al narco Marcial Dorado

En el caso de los bajos comerciales de Santiago, como las parcelas que se subastaron en A Illa de Arousa, los abogados de los hijos de Marcial Dorado habían pedido la suspensión de la subasta argumentando que eran legítimos herederos de esos bienes y ellos no estaban inmersos ni condenados en ningún proceso por tráfico de drogas, por lo que presentaron recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, respecto a una demanda de tercería (procedimiento impulsado por quien reclama ante la Administración Tributaria, en caso de enajenación forzosa, ser titular de un derecho de crédito sobre el bien o derecho a enajenar que es privilegiado frente al ostentado por la Hacienda Pública). 

Los responsables de la Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria del Patrimonio (Segipsa) decidieron seguir adelante con la puja argumentando que «esa demanda fue desestimada el 15 de diciembre de 2023 en la Audiencia Nacional» y «no consta documentalmente la admisión a trámite en el Constitucional el recurso de amparo». Por tanto se mantuvo el concurso en los términos fijados.

Salen a subasta diez bajos comerciales incautados a narcos gallegos en Santiago que suman 1.300 m2

Desde el Plan Nacional sobre Drogas y el organismo estatal señalan que todos los bienes que figuraban en el pliego de condiciones de esta subasta (celebrada el pasado miércoles día 27) «son propiedad del Estado, en virtud de decomiso judicial decretado por sentencia firme y se hallan inscritos a su nombre en los correspondientes registros de la propiedad» aunque, y como aviso a navegantes, hace constar a las personas que liciten que «si resultan adjudicatarios asumirán los riesgos y consecuencias que se derivasen del litigo», advirtiendo que esa salvedad (que asumen los licitantes) «figurará necesariamente en la escritura pública en la que se formalice la enajenación». He ahí uno de los motivos por los que nadie se interesa por los bajos de Dorado situados en Santiago. 

ENDURECIMIENTO DE LAS NORMAS DE PARTICIPACIÓN

Por otro lado, otro de los motivos que han podido ayudar a que nadie se haya animado a participar en la puja puede estar relacionado con el endurecimiento de los requisitos por parte del Estado de cara a evitar la concurrencia de posibles testaferros de los narcos. Aunque no consta que se hayan ejercido presiones, lo cierto es que es una práctica bastante habitual y la semana anterior a esta subasta, en el transcurso del juicio que se siguen contra los implicados en la ‘operación Mito’ en la Audiencia Nacional, se transcribieron unos audios en los que José Ramón Prado Bugallo, tras la incautación de varios de sus bienes en la provincia de Pontevedra, hablaba con alguno de sus colaboradores en Galicia para participar en las pujas de los que más le interesaban, dando datos de terceras personas que actuarían como testaferros. 

Nadie quiere los diez bajos comerciales incautados en Santiago al narco Marcial Dorado

Sito Miñanco sentenciaba con una frase lapidaria: «Espero que no se meta nadie (a pujar por sus bienes), pero si va alguien más, lo vamos a saber y lo vamos a retirar». Esta afirmación hizo saltar todas las alarmas y extremar los controles en los procesos de puja de bienes procedentes del narcotráfico, con el fin de evitar que testaferros pudiesen actuar en representación de los narcos en las subastas. En las condiciones de participación de la puja de las propiedades de Marcial Dorado, por ejemplo, se establecían una serie de requisitos destinados a este fin, como el impedimento de vender o traspasar las fincas durante un periodo largo de tiempo. 

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