El año de la sentencia del Alvia: el periplo judicial continúa

La sentencia llegó solo un par de días después de que se cumplieran once años de uno de los peores accidentes ferroviarios de la historia de España. El 26 de julio de 2024, más de una década después del descarrilamiento del Alvia en el barrio compostelano de Angrois, la justicia sentenció al maquinista del tren, Francisco José Garzón, y al director de Seguridad en la Circulación del ADIF en el momento de puesta en funcionamiento de la línea Santiago-Ourense, Andrés Cortabitarte.

En la sentencia, firmada por la jueza María Elena Fernández Currás, ambos fueron condenados a dos años y medio de prisión por la comisión de 79 delitos de homicidio y 143 de lesiones por imprudencia grave en el descarrilamiento se produjo la tarde del 24 de julio de 2013, en una curva, cuando el tren procedente de Madrid, con 224 personas a bordo, se aproximaba a la estación de Santiago. Además, fueron inhabilitados para el ejercicio de sus profesiones durante cuatro años y medio.

No obstante, los recursos hacen que todavía falte tiempo para que esta sentencia se haga firme. Así, 2024 ha sido el primer año en el que la justicia ha hablado, pero, sin embargo, no se ha puesto fin al periplo judicial de un accidente que costó la vida a 79 personas. El punto final no está puesto y, de hecho, será en las primeras semanas del año cuando las partes deban contestar a los recursos que les interesen, que serán resueltos por la sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña. 

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La magistrada entendió que, junto al error humano que provocó el descarrilamiento, existía responsabilidad en el ámbito de la seguridad ferroviaria y por eso condenó equitativamente al maquinista del Alvia accidentado -falta de atención a la conducción- y al exalto cargo de ADIF -ausencia de medidas que controlasen la velocidad del tren y sistemas que llamasen la atención sobre la obligación de reducirla-.

Cortabitarte, según el fallo, certificó que la línea Ourense-Santiago reunía las condiciones de seguridad para su "explotación ferroviaria" pese a que las empresas instaladoras habían identificado el riesgo de que un tren circulase a excesiva velocidad al paso por zonas con limitación como una de las posibles causas de un siniestro "potencialmente catastrófico".

El maquinista, por su parte, atendió -cien segundos- una llamada no urgente de Antonio Martín Marugán, el interventor de a bordo, haciendo que "perdiese su localización en la vía" hasta el punto de no percatarse de lo cerca que estaba la curva de A Grandeira. Al tratar de aminorar rápidamente solamente consiguió pasar de 200 a 173 kilómetros por hora en una doblez limitada a 80.

El fallo contenía también directrices referentes a la responsabilidad civil directa de las entidades QBE y Allianz Global, aseguradoras, respectivamente, de Renfe Operadora y ADIF, a las que impuso el pago a las víctimas de una indemnización de más de 25 millones de euros.

Los perjudicados se mostraron satisfechos al considerar que el fallo emitido por el juzgado compostelano desmonta la versión de que el único culpable de lo ocurrido era el maquinista y que, desde las plataformas de afectados, siempre rechazaron, puesto que creen que todavía hay más responsables que no fueron juzgados.

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Recursos pendientes de resolución

El fallo se dio a conocer el 26 de julio aunque, como era previsible, al tratarse de una sentencia que no era firme fueron múltiples los recursos que se presentaron y que todavía están pendientes de resolución. A principios de diciembre, la magistrada del Juzgado de lo Penal número 2 de Santiago de Compostela admitió a trámite los 60 recursos interpuestos contra la sentencia dictada medio año antes.

De esos recursos de apelación, la mayoría -52- fueron presentados por los representantes de las víctimas o de sus familiares, casi todos en relación a la parte civil de la sentencia.

También interpuso recurso contra el fallo la Asociación de Perjudicados por el Accidente Ferroviario del Alvia de Santiago de Compostela (APAFAS), ADIF, Renfe, las dos entidades aseguradoras -Allianz Global y QBE- y los dos condenados.

La Fiscalía retiró la acusación contra Cortabitarte

También recurre la sentencia el Ministerio Fiscal en línea con su planteamiento en las conclusiones del juicio, cuando, por sorpresa, el representante de la Fiscalía durante la vista, Mario Piñeiro, retiró la acusación contra el trabajador del ADIF. Esta decisión generó fuertes críticas en las víctimas que, posteriormente, reprocharon que Piñeiro fuese propuesto para formar parte de la sección penal de la Fiscalía del Supremo.