Lío vecinal en el centro de Santiago: Raxoi trata de desbloquear el conflicto del ascensor de la Unión de Artesanos

La Unión de Artesanos lleva casi cuatro años reclamando una solución de accesibilidad a sus oficinas para salvar los diecinueve escalones que las separan del portal del edificio que las alberga, en el entresuelo del número 9-11 de la Rúa Xeneral Pardiñas. Sin embargo, aunque les han reconocido este derecho tanto por la vía administrativa como por la judicial, todavía no ven cercana la posibilidad de contar con un ascensor. Mientras el Concello de Santiago estudia las alternativas para desbloquear el conflicto, la mutualidad reclama que este proceso se acelere y presiona con la posibilidad de presentar una demanda por prevaricación al considerar que el proceso está «paralizado».

La Unión de Artesanos pide al Concello que ejecute las obras para tener un ascensor

El presidente de la mutualidad, que cuenta con más de 6.400 asociados, Roberto Barcia explica que el pasado 22 de octubre mantuvo una reunión con la alcaldesa Goretti Sanmartín y con técnicos de Urbanismo en la que asegura que el Concello se comprometió a encargar un informe técnico en el que se recoja una solución para desbloquear la situación. Barcia indica que, por el momento, «non o recibimos».

Por su parte, fuentes de Raxoi confirman a este diario que están en proceso de elaboración de ese informe, tratando de encontrar soluciones a un caso que tildan de «extremadamente complicado» y que está siendo analizado por personal técnico y judrídico del departamento de Urbanismo. El Concello «fixo e está facendo o seu traballo dentro das súas competencias», sostienen las mismas fuentes, que también revelan que podría ser necesario «consultarlle algunha cuestión concreta» a la Comisión Técnica de Accesibilidade la Xunta de Galicia, el órgano encargado de garantizar el cumplimiento de la normativa a nivel autonómico.

Origen del conflicto

El conflicto tiene su origen en la negativa de la comunidad de propietarios a facilitar a los usuarios de la mutualidad el acceso al ascensor del inmueble. Barcia indica que, tras llegar a la presidencia de la Unión de Artesanos en 2019, inició las gestiones ante la citada comisión de la Xunta para garantizar la accesibilidad a su sede, un derecho reconocido por ley. Al recibir el rechazo de la comunidad a su solicitud en repetidas ocasiones, decidieron emprender acciones judiciales y administrativas.

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Los tribunales anularon los acuerdos de la comunidad de propietarios que les negaban la accesibilidad, relata Barcia, pero no aceptaron la solución que proponían, argumentando que debería venir de parte del Concello. La mutualidad también acudió a la vía administrativa y en 2021 instaron al gobierno local, en virtud de la normativa vigente, a imponer a los dueños de los pisos la realización de las obras. Como consecuencia de la reclamación formulada, en mayo de 2022 el Raxoi emitió una resolución en la que daba un mes a los propietarios para asegurar la accesibilidad al inmueble. Sin embargo, no se especificaban las acciones concretas que deberían realizar y no se produjeron cambios.

Imposición de multas

Tras reclamar de nuevo la actuación del Concello, se empezaron a imponer multas coercitivas a la comunidad, que suman un total de 7.000 euros. Aunque las abonaron, siguieron sin cumplir con lo requerido. Para hacerlo, deberían solicitar una licencia de obra, pero en lugar de ello acudieron a Raxoi con una propuesta de intervención en la que planteaban ocupar 10 metros cuadrados del establecimiento de Jael, situado en el bajo. Según este proyecto, el ascensor quedaría al nivel de la calle y pararía en el entresuelo. «É unha barbaridade», señala Roberto Barcia.

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Por el contrario, la Unión de Artesanos propone que desde la entreplanta se pueda acceder al ascensor con el que ya cuenta el edificio. El coste presupuestado por la mutualidad es de 10.000 euros. «Propuxemos pagalo nós», indica Barcia, pero la respuesta de los vecinos fue que «de ningunha maneira, aquí non entra ninguén», indica. Según fuentes de Raxoi, esta opción tampoco sería viable porque «hai unha sentenza do ámbito civil contraria» a la misma.

Reclamación al Concello

Llegados a este punto, la Unión de Artesanos pide que el Concello proceda a la ejecución subsidiaria, es decir, que realice las obras necesarias con cargo a la comunidad de propietarios. El presidente de la mutualidad subraya que ya se ha llegado al límite que marca la normativa para imponer multas coercitivas y recuerda que «pasaron un ano e dous meses desde a última», por lo que advierte que «o tema está parado». Así, cree que es el momento de que intervenga Raxoi. «Se é un tema difícil, haberá que afrontalo, os políticos e os técnicos están para solucionar os problemas», remarca.

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Para aumentar la presión, en la última asamblea de la entidad celebrada este mes, se acordó solicitar un informe jurídico sobre las «posibles responsabilidades penales» del Concello por «ter paralizado a execución da súa resolución administrativa». En esta línea, entienden que podría tener cabida una demanda por «prevaricación por omisión».

Las siguientes acciones que llevarán a cabo pasan por una recogida de firmas a partir del próximo mes de enero para llevarlas al Concello como «medida de presión». Además, en el próximo año también esperan que se emita la sentencia de un procedimiento contencioso-administrativo con el que piden instar al gobierno local a corregir la resolución de mayo de 2022, de manera que queden definidas las actuaciones concretas a realizar en el edificio para garantizar la accesibilidad a través de un ascensor.