La Xunta ha expulsado ya del registro autónomico más de 50 pisos turísticos de Santiago

El Concello de Santiago y la Xunta se han enzarzado en una nueva guerra en torno a los pisos turísticos. El Pleno de esta semana instó a la Administración gallega a dar de baja a las viviendas anotadas en el Registro de Empresas e Actividades Turísticas (REAT) que carecen de una licencia municipal para poder operar. Desde la asociación de propietarios Aviturga aseguran que ya les están llegando notificaciones con bajas en el registro. Tienen encima de la mesa más de medio centenar. Pero la expulsión no implica el cierre inmediato, dado que muchos van a reclamar la decisión en los tribunales.  

Los dueños de pisos turísticos llevan a los tribunales la última ordenanza

En el REAT están registradas 758 viviendas actualmente. Según la Concellaría de Urbanismo, sólo 58 serían legales. El pasado 11 de diciembre, Raxoi envió un requerimiento a Turismo para que diese de baja todos los pisos turísticos que operan de forma ilegal al no disponer de la autorización del Ayuntamiento. Pero la Xunta no atendió la solicitud. Turismo indica que el Concello tiene que remitirle «documentación individualizada de cada VUT» para poderla dar de baja. 

"No se puede realizar la expulsión en bloque"

Fuentes de Aviturga aseguran que «lamentablemente para sus intereses» el proceso ya está en marcha. «La Xunta está expulsando a los titulares de las VUT en Santiago, pero no se puede realizar la expulsión en bloque», indican desde la asociación. Hay que analizar caso por caso «para dar seguridad jurídica a la tramitación y también a los afectados», explica Turismo. Los propietarios tienen derecho, además, a ser recibidos en audiencia y eso ralentiza el proceso. En el requerimiento municipal «no se especificaba ni el número de viviendas, ni se identificaban», argumenta el departamento que dirige Xosé Manuel Merelles. 

Iniciativa socialista

La iniciativa que salió adelante este jueves en el primer Pleno del año partió del grupo municipal socialista. La concelleira Mercedes Rosón recordó que ya en noviembre de 2022 se le había realizado un requerimiento a la Xunta para dar de baja a las viviendas de uso turístico que no funcionaban de manera legal. Rosón reprochó que la administración gallega no actuase al respecto desde entonces.

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Al albor de plataformas digitales, el fenómeno de los apartamentos turísticos se ha disparado en la última década. En 2008 nacía Airbnb, pero no fue hasta 2017 cuando la Xunta dictó la primera ordenación del sector, en la que simplemente obligaba a las VUT a anotarse en el REAT para poder operar. Los propietarios aseguran que pensaban que con estar inscritos en el registro autonómico y cumplir con requisitos como disponer de seguros, trasladar a la comisaría los datos de los inquilinos o darles asistencia las 24 horas era suficiente. Pero la Justicia empezó a dar la razón al Ayuntamiento de Santiago y un reguero de sentencias confirmó que era necesario contar con una licencia municipal para poder funcionar como VUT. 

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Recurrir a la justicia

Desde entonces numerosos pisos turísticos han sido registrados pese a no disponer del permiso del Concello. El edil de Urbanismo, Iago Lestegás, reprochó en el Pleno a la Xunta esta actitud. «No es solo que no los den de baja, sino que siguen registrando alojamientos que están prohibidos por la normativa municipal», afeó. También anunció que Santiago estudia recurrir a la Justicia e interponer un recurso contencioso-administrativo contra la Administración autonómica si no da de baja del REAT a las VUT. Lestegás recordó que incluso antes de la modificación del PXOM –que determinó claramente en qué puntos de la ciudad pueden instalarse pisos turísticos– ya era ilegal su funcionamiento en la zona vieja. El concelleiro reclamó a la administración autonómica que compruebe que se cumple la normativa antes de inscribir una VUT en el REAT. 

Declaración responsable

Pero la Xunta interpreta que debe ser el Concello el que haga esta gestión. «El Gobierno gallego no se niega a dar de baja estas viviendas, pero el procedimiento de trámite de alta y baja es claro», asegura. «Las personas que quieran registrar una VUT deberán cumplimentar una declaración responsable en la que el usuario declara que cumple responsablemente con la normativa, incluida la municipal», prosigue. La Xunta remite entonces las altas al Ayuntamiento que, según la Xunta, es el encargado de comprobar si la vivienda cumple o no la normativa. La edil popular María Baleato reclamó este jueves al Concello que remitiese el listado individualizado con las viviendas incumplidoras a Turismo. La alcaldesa, Goretti Sanmartín, intervino al finalizar la discusión para asegurar que ya están enviando los expedientes, aunque quedó de verificarlo. El hecho de que ya haya más de medio centenar expulsadas demuestra que sí se envían. Pero el proceso va lento. 

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