Fatal desenlace: el concurso de acreedores no logra salvar a Hostelería Compostela de su disolución total
La asociación ya comunica a sus socios su desaparición ante la imposibilidad de liberarse de la deuda de más de un millón de euros

Instalaciones de la Asociación Hostelería Compostela, en la rúa Salvadas de Santiago / Antonio Hernández

El concurso de acreedores que se activó en septiembre de 2023 no ha conseguido salvar la Asociación Hostelería Compostela, que está condenada a su disolución total. Así lo confirma a EL CORREO GALLEGO el gerente de la entidad, Ramón García Seara, quien indica que en este año y medio de proceso concursal no se han conseguido reflotar las endeudadas cuentas de la asociación de hosteleros, condicionadas desde hace más de diez años por dos subvenciones de la Deputación de A Coruña que acabaron por llevar a la entidad a juicio y a la quiebra. Y es que Hostelería Compostela suma más de un millón de euros de deudas, que incluyen los 240.000 euros de la subvención que le concedió el ente provincial para construir unas cocinas en sus instalaciones y otros 750.000 de multa.
La asociación se disolverá en los próximos días y todos sus bienes, entre otros, las instalaciones, servirán para hacer frente a los créditos que se han registrado en el concurso. Esta situación ya está siendo comunicada a sus más de 350 socios. De hecho, ya se han celebrado varias reuniones y los próximos días habrá más. La alternativa que se les está dando es integrarse en una nueva asociación que ya ha echado a andar. «Está constituida», explica Ramón García Seara, que apunta que «partiría completamente de cero».
En todo caso, indica que esta nueva asociación «nunca podrá sustituir a Hostelería Compostela, porque es una entidad irremplazable e irrepetible. Ha tenido mucha fuerza, con más de 350 socios no solo de Santiago, sino que albergaba establecimientos desde Ribeira a Muros y todo el área de influencia de Santiago».
Al respecto, recuerda que Hostelería Compostela cuenta principalmente «con pequeños establecimientos de alojamiento y mucha restauración como principales asociados». El gerente indicaba ayer que los socios ya están siendo informados de las circunstancias actuales y de que la asociación desaparecerá más pronto que tarde, en cuanto el Juzgado de lo Mercantil determine la disolución.
Según ha podido saber este periódico, la nueva asociación que se acaba de constituir para tratar de sustituir a la concursada Hostelería Compostela, tendrá un eje de acción «mucho más amplio». Y es que sus impulsores pretenden que se convierta en un «motor de promoción del sector turístico en Santiago, de manera que no solo incluya restaurantes y alojamientos, sino otros agentes del sector».
La última presidenta de la asociación, Sara Santos, optó ayer por no hacer declaraciones, puesto que la gestión de Hostelería Compostela «está en manos del administrador concursal». En todo caso, avanzó que en los próximos días se convocará a los medios para explicar la situación con todo detalle y adelantar la opciones que tendrán los asociados en un futuro próximo.
Directivos condenados
Los problemas económicos de la Asociación Hostelería Compostela se remontan a hace más de una década. Todo surgió a raíz de dos subvenciones que supuestamente fueron justificadas con facturas falsas y que la entidad embolsó. Estos hechos acabaron judicializados; y varios de sus directivos, sentados en el banquillo de los acusados. De hecho, el exgerente Andrés Condide y el expresidente Jesús Sordo fueron condenados en 2023 a veintiún meses de cárcel y una multa de 1.200 euros, respectivamente, al considerárseles autores de los delitos continuados de falsedad documental y estafa a raíz de la solicitud de subvenciones a administraciones públicas, justificadas con facturas falsas.
El fallo sostenía que «puestos de común acuerdo y actuando en nombre de la asociación, con ánimo de obtener fondos para esta, falsearon los requisitos exigidos para la percepción de las subvenciones que obtuvieron, para lo cual aportaron facturas que no obedecían a una prestación real de servicios». Además, según se explicaba en la sentencia, falsearon las cuentas de la asociación, al anotar cargos con la fecha y por el importe que figuraba en las facturas creadas para obtener la subvención y anotar otros créditos ficticios posteriores por los mismos importes a favor de la asociación, frente a las distintas empresas que emitían las facturas.
Condide admitió el pago de facturas falsas por parte de la entidad a varias empresas —cuyos importes recuperaban luego— para poder acceder a subvenciones de la Deputación de A Coruña que acababan en las arcas de la entidad. El exgerente señaló ante el tribunal que «presentamos esas facturas y todas eran falsas, pero todos éramos conocedores de ello: los directivos las firmaron sabiendo que eran falsas, si bien es cierto que no se hizo por lucro personal, sino que todo ese dinero fue para las arcas de la asociación», que pasaba por malos momentos económicos.
Las dos subvenciones que fueron origen del problema fue la solicitada en 2010, con una dotación de 240.00 euros, para la construcción de unas cocinas en las instalaciones de la asociación; y otra de 100.000 euros que fue solicitada también a la Deputación en 2014 para una actividad de promoción del Camino Inglés. Una denuncia anónima hizo saltar todo por los aires, hasta el extremos que el caso acabo en los juzgados.
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