La Xunta da diez días a los propietarios para vaciar los tanques de la gasolinera de Brandía
Industria confirma que los depósitos están llenos y sin ningún tipo de control regular
Envía un escrito al Concello para «lamentar a falta de lealdade institucional» al considerar que no ha aportado documentos ni datos sobre el caso

Gasolinera de Brandía, en Santiago, precintada y sin actividad / Jesús Prieto

Diez días. Es el plazo que tiene Carburantes Lugo SL para vaciar los tanques de combustible de la gasolinera de Brandía, que se encuentra precintada y sin actividad. La Consellería de Economía e Industria envió un requerimiento el pasado viernes a la compañía para que proceda a retirar el carburante que pueda haber en los dos depósitos que suman una capacidad de 70.000 litros. La Xunta ha adoptado esta decisión después de la inspección que técnicos de la consellería realizaron la semana pasada a las instalaciones en Brandía.
Además, Industria también indica que acaba de enviar un escrito al Concello de Santiago en el que manifiesta su «malestar» por lo que considera una «falta de lealdade institucional». Al respecto, fuentes de la consellería indican que «non se entende que o Concello non nos teña ao tanto de todo o relacionado coa gasoliñeira; nin que o escrito que nos remitiron o día 13 de febreiro non inclúa ningún tipo de documentación ou información detallada ao respecto, cando o que está xudicializado é unha licenza que o Concello concedeu». Industria ha echado en falta «un informe municipal cunha visión de conxunto», un trabajo que ha tenido que hacer la propia Xunta «recopilando información dun lado e doutro», cuando «se houbera actuado moito antes se contásemos con esa documentación e información que ten o Concello». Desde el gobierno local indicaron que todo lo relacionado con la retirada del carburante «é unha competencia da Xunta».
Personados en los dos expedientes de la Xunta
Los vecinos de Brandía acogieron ayer con esperanza la noticia del requerimiento enviado por Industria a la empresa que construyó la gasolinera para el vaciado de los tanques de carburante, una de sus mayores preocupaciones. El abogado de la urbanización, Pablo Beiroa, indicaba ayer a EL CORREO GALLEGO que los vecinos están «personados en los dos expedientes abiertos por Industria, el relativo a los depósitos de combustible y el que tiene que ver con la distancia de estos con el gasoducto que surte a la papelera de Brandía».
En este contexto, valoró positivamente la «inmediatez» de la Xunta a la hora de requerir a la promotora de la gasolinera la retirada del combustible de los depósitos. «La Xunta está cumpliendo con lo que nos ha trasladado en la reunión que mantuvimos hace dos semanas; en cambio, no podemos decir lo mismo del Concello, que sigue echando balones fuera y ni siquiera se ha dignado a contestarnos pese a haberle enviado cuatro escritos», remarca el abogado de la Urbanización Brandía, donde hay 132 viviendas unifamiliares.
La reacción de la Xunta ha sido rápida, en este sentido, puesto que la semana pasada se desplazaron hasta la instalación dos técnicos de la Consellería de Industria para supervisar los tanques de combustible y otros elementos del establecimiento. El abogado de la comunidad de propietarios, Pablo Beiroa, sostiene que «unos depósitos de estas características no pueden estar más de seis meses sin actividad y sin una revisión ordinaria, por lo cual nos ha trasladado la Xunta que realizará los informes pertinentes».
Industria también ha solicitado a los vecinos el informe pericial encargado por la junta de propietarios recientemente para analizar el estado de la instalación, principalmente de los tanques de carburante y del gasoducto, un estudio que «corrobora que los depósitos están a menos distancia de la permitida de este conducto de alta presión que suministra a la papelera de Brandía». Lo que pretenden ahora los residentes de la urbanización es que la Xunta «constate el incumplimiento de las distancias con respecto al gasoducto, para que se le traslade esta verificación al Concello con el objetivo de que le retire la licencia».
El letrado insiste en que la mayor urgencia actualmente es el vaciado de los depósitos. Hasta cuatro escritos ha enviado al Concello y a la Xunta exigiendo un requerimiento a la promotora de la gasolinera—que nunca llegó a abrir por carecer de todos los permisos en regla— para el vaciado de los tanques de combustible. Pablo Beiroa explica que «a pesar de que la gasolinera se encuentra sin actividad, porque en estos momentos siguen abiertos tres procedimientos judiciales, la promotora llenó los depósitos de combustible en julio de 2023, los cuales, según se desprende del proyecto que ellos mismos presentaron, tienen una capacidad de 70.000 litros en total; concretamente, uno de 50.000 y el otro, de 20.000».
El gasoducto cercano también preocupa
Además del estado de los depósitos de carburante, otra circunstancia que preocupa a los vecinos de Brandía es la distancia entre estos y un gasoducto de alta presión que suministra a la papelera de Brandía. Es el segundo de los expedientes que tiene abiertos la Consellería de Economía e Industria; y en el que también está personada la comunidad de propietarios de la urbanización. Los vecinos sostienen que la gasolinera se ha construido a una distancia inferior del conducto de 16 bares que la que establece la normativa. Un informe técnico que se remonta a 2022 ya indicaba que «al tratarse de un gasoducto con una presión máxima de diseño igual o inferior a 16 bares, este se constituye como red de distribución, por lo que resulta de aplicación la distancia de 5 metros a cada lado del mismo, contados desde su eje, como limitación o prohibición para realizar cualquier tipo de obra».
La gasolinera de Brandía se remonta a noviembre del año 2020, cuando el Concello de Santiago concedió a Carburantes Lugo SL licencia de obras para la construcción de un edificio comercial y una unidad de suministro desatendida en la parcela Z-2A del SUNP-29 de Brandía, según explica el abogado de los vecinos, que apunta que por parte de la promotora se ejecutó la obra «sin adaptarse al proyecto presentado y que fue autorizado». Ante esta supuesta «inadecuación» de la obra ejecutada al proyecto autorizado, por parte de Raxoi se han tramitado «diversos expedientes» de reposición de la legalidad urbanística.
La licencia de autorización de la obra «fue impugnada ante la jurisdicción contencioso administrativa por parte del Colegio Profesional de Ingenieros Industriales. De hecho, una sentencia de un juzgado de lo Contencioso de Santiago, ratificada luego por el TSXG, anuló la licencia concedida.
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