Santiago supera el plazo para actualizar la tasa de basuras y se expone a sanciones

Santiago llega tarde a la actualización de su tasa de basuras para adaptarla al coste real de tratar y recoger los residuos. El plazo legal marcado para cumplir este objetivo expiró el pasado día 10, cuando se cumplieron los tres años establecidos en la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para que los ayuntamientos implantaran la nueva tarifa. El Gobierno local está negociando el texto de una nueva ordenanza con los partidos de la oposición, pero por el momento se desconoce cuando podrá ser llevada al pleno municipal para su aprobación. Mientras, con los plazos ya vencidos, el Ministerio de Hacienda advierte de que no contar con la nueva tasa puede conllevar sanciones, y también convertirse en un problema a la hora de solicitar ayudas de la Unión Europea.

Fuentes del Ejecutivo compostelano señalaron a preguntas de este diario que se mantienen conversaciones con la oposición sobre un borrador de ordenanza fiscal, pero no ofrecen ningún horizonte temporal sobre cuánto más podrían demorarse esas negociaciones ni, en consecuencia, cuándo se podría dar luz verde a la norma. Mientras, el reloj sigue corriendo y Santiago se expone a pagar las consecuencias del retraso.

Posibilidad de sanciones

La comunicación de las nuevas tasas, así como su método de cálculo, debe ser comunicada por los concellos a la administración autonómica. Desde la Xunta señalan que esto no implica que deban controlar la actualización de las tarifas y, por lo tanto, no les corresponde aplicar sanción alguna.

Sin embargo, Hacienda advierte de que sí podría haber penalización por parte de la UE. En una guía para ayuntamientos elaborada en mayo de 2024 por un grupo de trabajo del ministerio y de la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) se recoge que tener una tasa ajustada a la ley es obligatorio para «todos los municipios». Además, se añade que «puede ser exigida como criterio condicionante para el acceso por parte de las entidades locales a los fondos comunitarios», lo que afectaría directamente a las aspiraciones de financiar proyectos con dinero de la UE.

Por otra parte, el texto recuerda que la Comisión Europea avisó a España en 2023 de que se encontraba en riesgo de no cumplir los objetivos de residuos municipales de 2025, algo que podría acarrear «sanciones comunitarias». En caso de llegar la multa, se repercutiría en las administraciones locales «que no cumplieran con el establecimiento de la tasa», entre las que en este momento figura Santiago.

Subida a los comercios

La Ley de Residuos, que adapta una directiva europea, no establece que las cuotas por la recogida de basuras deban subir, pero sí obliga a repercutir en los vecinos los costes reales del servicio, además de establecer que la tasa no pueda ser deficitaria para las entidades locales. En este contexto, los partidos de la Corporación trabajan sobre un borrador, al que ha tenido acceso este diario, que contempla un aumento del precio para los locales comerciales, congela la cuota fija a los hogares y cambia los criterios para calcular la variable.

De este modo, el texto con el que están negociando los partidos compostelanos prevé una subida en la cuota fija a los locales comerciales de 33 euros al año, pasando de los 130,80 euros actuales a 163,80 euros. La parte variable también se verá incrementada. Ahora se obtiene multiplicando el número de metros cuadrados del local por la cantidad de 1,34 y en el borrador de la nueva ordenanza se establece que ese valor pase a ser 1,68, aunque también presenta modificaciones en los coeficientes correctores por tramos para el cálculo de las superficies.

Se mantiene la cuota fija de los hogares

Mientras, en los hogares –sujetos a la denominada tarifa doméstica sin actividad– se propone mantener la cuota fija en los 74,04 euros al año en los que está fijada ahora mismo. Los cambios llegan a la hora de concretar la cuota variable, puesto que está pasará de aplicarse en función del consumo de agua para hacerlo según el valor catastral de las viviendas. Así, se disponen varios tramos en función de dicho valor entre 9,60 y 38, 40 euros anuales. Los inmuebles con un valor catastral inferior a 33.841,91 euros quedarían exentos de la tarifa complementaria.

Por otro lado, en los hogares incluidos en la tarifa doméstica con actividad, el coste será más alto. La cantidad será el resultado de aplicar a la tarifa doméstica sin actividad el coeficiente de incremento 1,3.

El borrador de ordenanza contempla exenciones a viviendas donde residan personas beneficiarias de rentas de inserción, con bajos ingresos o que estén afectadas por cualquier factor de exclusión social. También se aplicarán descuentos a aquellos que contribuyan «de manera destacada y efectiva» a los programas de recogida selectiva establecidos por el Concello, realizando compostaje de materia orgánica.