Verea denuncia que Raxoi contrató 29 servicios ilegales de VTC mientras sancionaba a ciudadanos por hacer lo mismo

El portavoz del Partido Popular en Santiago, Borja Verea, denunció esta mañana en rueda de prensa que el gobierno local contrató 29 trayectos urbanos ilegales con vehículos VTC, a pesar de que la normativa municipal prohíbe expresamente este tipo de servicios dentro de la ciudad.

La acusación se basa en documentación oficial a la que tuvo acceso el PP, y que, según Verea, desmonta las versiones ofrecidas hasta ahora por la alcaldesa y su equipo. “Mintieron a la ciudadanía y a los medios de comunicación, y lo hicieron de manera consciente”, afirmó el portavoz popular.

La alcaldesa niega las acusaciones

La alcaldesa de Santiago, en rueda de prensa posterior para anunciar el programa de la Festa do Banquete de Conxo, negó la mayor. Goretti Sanmartín insistió en que la labor del Concello se ciñó a dar apoyo al Grupo Ciudades Patrimonio a través de un servicio de transfer y aclaró que este problema deriva de la Ley de acompañamiento a los presupuestos de la Xunta de Galicia, aprobada el pasado diciembre.

La regidora explicó que este problema aparece una vez aprobada dicha ley, en la cual pasa a ser competencia municipal la regulación de este servicio en el ámbito urbano. "Polo de agora ningunha cidade ten resolta a situación", se defendió Sanmartín, para puntualizar que "o Concello está a estudar" esta cuestión, "non está regulado porque a Lei de acompañamento é recente".

Ante esta situación, la alcaldesa habla de "paralegalidade ou alegalidade" mientras no esté elaborada y aprobada la nueva regulación local. "Podemos interpretar que os VTCs non son ilegais, xa que non aparece así na norma, pero tamén se pode interpretar que non son legais porque aínda non está regulado".

En base a todo ello, Sanmartín afirma que "a única persoa que lle está a mentir á veciñanza é Verea", al hablar de un contrato que no existe y achaca su actitud a "buscar a provocación, a intoxicación, sempre cun nulo espírito positivo", por parte del líder del Partido Popular local.

"29 trayectos ilegales"

Según relató Verea este lunes, un primer VTC fue identificado por los inspectores de transporte el 14 de marzo mientras realizaba un traslado urbano contratado por el propio Ayuntamiento. La alcaldesa negó en público dicha contratación y atribuyó la responsabilidad al Grupo de Ciudades Patrimonio, del que ella misma es presidenta y cuyo evento tuvo lugar en Santiago.

Verea asegura que este no fue un caso aislado: “Estamos hablando de 29 trayectos ilegales, gestionados directamente por el Ayuntamiento, en comunicación con la empresa de VTC contratada”. Añadió que las sanciones por este tipo de infracciones podrían alcanzar entre 60.000 y 180.000 euros, segundo la horquilla legal establecida.

El PP también criticó que, en lugar de emplear taxis —como hacen los vecinos—, el gobierno local optó por los VTCs, a pesar de la saturación del servicio de transporte en la ciudad.

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“Va a ser el primer gobierno que se multe a sí mismo”

Borja Verea reclamó responsabilidades políticas y transparencia: “¿Quién dio la orden de mentir? ¿Por qué se ocultó esta información durante dos meses? Va a pagar la alcaldesa estas sanciones o va a recaer el coste sobre todos los compostelanos?”.

Según explicó el portavoz del PP, la documentación revela que los traslados fueron encargados a una empresa de VTCs que, aunque legal, no puede operar en trayectos urbanos dentro del Ayuntamiento, según la normativa vigente. Curiosamente, dos días antes de que se hubieran realizado estos servicios, asegura, el propio gobierno local había emitido declaraciones públicas anunciando sanciones a empresas de VTC por el mismo motivo.

El PP exige respuestas y depuración de responsabilidades

El portavoz popular concluyó pidiendo explicaciones claras y señaló que la prioridad no es llevarlo a un pleno, sino saber si se están tramitando los expedientes sancionadores y si hay más casos ocultos. “Tenemos confirmación oficial de 29 trayectos, pero podría haber más. La ocultación de la información es evidente y grave”, advirtió.