Aviturga acusa a Raxoi de poner el turismo en manos de extranjeros
Achaca a la alcaldesa la expulsión de 134 viviendas de uso turístico del Registro de Empresas e Actividades Turísticas
Dos turistas en el casco histórico de Santiago con su equipaje. / Antonio Hernández
Redacción
La Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga) acusa al Concello de Santiago de llevar a cabo una campaña de persecución contra más de 600 familias compostelanas propietarias de VUT, provocando «la expulsión de 134 viviendas del Registro de Empresas e Actividades Turísticas (REAT)».
El colectivo habla de un «ataque sin precedentes a los derechos adquiridos de cientos de vecinos que invirtieron sus ahorros y cumplieron escrupulosamente con todas las normativas vigentes cuando registraron sus viviendas» por parte del gobierno municipal.
Afirma que las medidas adoptadas por la alcaldesa de Santiago en materia de turismo «favorecen claramente la entrada en la ciudad de fondos buitre e inversores extranjeros, dejando en el desamparo a las familias santiaguesas».
El turismo representa el 15% del PIB local
Para Aviturga, las políticas del BNG y sus socios de gobierno «están entregando el control del sector turístico a manos de capital foráneo y extranjero», y recuerda que el sector representa más del 15% del PIB de Santiago.
La asociación ve inadmisible que mientras se expulsa a pequeños propietarios locales del mercado, se esté allanando el camino para que grandes corporaciones internacionales se apropien de un sector estratégico para la economía compostelana.
Califica a su vez de «especialmente grave que la alcaldesa esté faltando al compromiso que adquirió con los propietarios antes de las elecciones, a quienes prometió expresamente mantener los usos preexistentes».
Soluciones consensuadas
Acusa a Goretti Sanmartín de ahogar económicamente a las familias ahorradoras compostelanas para favorecer «intereses empresariales ajenos a la ciudad, sin importarle las consecuencias devastadoras para la economía local», y ve intolerable que el Concello, «lejos de buscar soluciones consensuadas, haya optado por arruinar con sus decisiones el patrimonio de 600 familias compostelanas, obligándolas a defender sus derechos en los tribunales».
Aviturga exige una rectificación inmediata al Concello con respecto a lo que define como una política discriminatoria y advierte de que emprenderá todas las acciones legales necesarias, incluidas «posibles reclamaciones patrimoniales contra los responsables políticos que están promoviendo estas medidas abusivas» en relación con los pisos de uso turístico.
Entre otras iniciativas, estudiarán presentar denuncias individuales en los juzgados contra el Concello por los daños económicos y morales causados.
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