Familias del CEIP López Ferreiro reclaman salir del E-Dixgal y denuncian trabas de la Xunta

Un grupo de madres y padres del CEIP López Ferreiro denuncia la negativa de la Consellería de Educación a aceptar la solicitud de salida del programa del libro digital E-Dixgal, a pesar de que, según afirman, fue presentada dentro de los plazos y conforme a la normativa vigente.

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A través de una comunicación dirigida a esta redacción, una madre del centro —en representación de un colectivo de progenitores— explica que, tras múltiples escritos a la Consellería y ante la falta de respuesta, recurrieron a la Valedora do Pobo. Esta institución, en un informe emitido en abril de 2025, manifiesta que durante el curso escolar 2023-24 un colectivo de padres y madres del CEIP López Ferreiro presentaron una recogida de firmas para dar de baja el E-Dixgal. Obtuvieron el apoyo de unas 70 familias y presentaron la solicitud ante el equipo directivo en noviembre de 2023 que denegó la persona encargada de la inspección del centro al no haber cumplido el plazo de permanencia establecido en la normativa.

Más flexibilidad para abandonar el E-Dixgal

Sin embargo, las familias argumentan que ni la resolución vigente de abril de 2024 ni otras normativas impiden expresamente la renuncia antes del finalizar dicho período. Apoyan su posición en la Ley 30/1992, del 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que establece que las renuncias presentadas correctamente deben ser aceptadas por la administración.

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La Defensora, en su informe, sugiere que se debería garantizar más flexibilidad para los centros educativos que decidan abandonar el programa, teniendo en cuenta especialmente el bienestar del alumnado. Al mismo tiempo, cita recomendaciones de la UNESCO sobre la necesidad de diseñar políticas de digitalización con la participación activa de las comunidades educativas.

La respuesta de la dirección del centro

En comunicación con EL CORREO GALLEGO, la directora del CEIP López Ferreiro, Rosa Suárez, asegura que el centro no ha solicitado la baja del programa, petición que debe encauzarse a través del Consello Escolar y el claustro. Asegura que la propuesta se llevó a este organismo, pero que la mayoría de representantes no está en contra del E-Dixgal. "Somos o único centro que contra cun protocolo de utilización para o bo uso das pantallas", dice Suárez que añade que "o sentir maioritario é o de acabar o prazo: un ano antes de volver renovar o programa, despois xa se verá".

Efectos de las pantallas

La preocupación principal de las familias radica en los efectos del uso prolongado de pantallas en la salud infantil. Citan estudios de la Asociación Española de Pediatría, que advierte de los riesgos que el uso excesivo de dispositivos digitales tiene sobre la audición, el desarrollo cerebral, la alimentación o el bienestar emocional de los menores. Según datos de una encuesta realizada por la Confederación de Anpas Gallegas, el 70% de las familias rechaza continuar con el modelo de enseñanza digital implantada por E-Dixgal.

En un ejemplo concreto, las madres indican que, según el informe de las ANPAS, cerca del 50% del alumnado participante en el programa pasa entre 3 y 5 horas diarias usando dispositivos digitales en el aula, más entre 1 y 2 horas en la casa. Esto contrasta con las recomendaciones de profesionales sanitarios, como las difundidas por el Centro de Salud de Vite, que sugieren un máximo de 1 hora diaria de exposición a pantallas para niños entre 9 y 12 años.

Las familias critican lo que consideran una contradicción entre los posicionamientos de la Consellería de Educación y la de Sanidad y lamentan lo que ven como una falta de respeto a su voluntad como padres. “Se trata de nuestros hijos y queremos poder decidir sobre lo que consideramos mejor para su educación”, insisten.

Piden a la Xunta que reconsidere su postura y permita la salida voluntaria del programa E-Dixgal, tal y como prometieron representantes de la administración en declaraciones públicas, y que atienda el derecho de las comunidades educativas a escoger el modelo pedagógico que mejor se adapte a sus necesidades.