La ruptura del PSOE complica la gestión al bipartito al frenar un pago pendiente

«Creo que lle veñen tempos bastante complicados, alcaldesa», advirtió el exconcejal del PSOE, Gonzalo Muíños, en su primera intervención en el Pleno ordinario del Concello de Santiago celebrado este martes. Muíños realizó esta declaración para oponerse a la retirada de un punto del orden del día, pero las consecuencias reales pudieron apreciarse más adelante al retirar su apoyo al Gobierno de Goretti Sanmartín en una de las votaciones de la jornada.

El bipartito pidió el visto bueno de la Corporación para hacer frente al impago de una factura de más de 400.000 euros a la empresa Rías Baixas, responsable de la línea 7 del transporte urbano. Los ediles expulsados del PSOE, ahora como no adscritos, se abstuvieron en la votación, lo que unido al rechazo del PP provocó que la medida no saliera adelante, haciendo insuficiente el apoyo de los grupos de Gobierno y de los dos representantes socialistas.

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No fue el único punto en el que los no adscritos y los que permanecen en el grupo socialista votaron de manera distinta, pero sí el que mayor repercusión tuvo en la acción del Gobierno. Se trata del primer bloqueo a su gestión que sufre el Ejecutivo de BNG y CA desde la ruptura del PSOE y evidencia que deberá tener en cuenta a un agente más a la hora de buscar alianzas para sacar adelante sus iniciativas.

Muíños reprocha la «falta de diálogo»

Muíños justificó su postura y la de sus tres compañeras no adscritas en la «falta de diálogo» y de «transparencia» con la que a su juicio ha actuado el Gobierno compostelano. «Para non obstaculizar, ímonos abster, pero cunha advertencia de que as cousas non se fan así», explicó.

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El importe, de 402.093,27 euros, corresponde al servicio prestado por la compañía Rías Baixas a lo largo de 2024, pero el expediente de pago llegó con retraso al Pleno. El concejal responsable de Tráfico, Xan Duro, justificó la demora por los cambios internos en su departamento y aseguró que la situación está en vías de solucionarse.

Las explicaciones no sirvieron para cambiar el planteamiento de Muíños ni el del PP, que se mostró muy crítico con el bipartito. El portavoz de la formación conservadora, Borja Verea, calificó de «circo» la situación del Gobierno y, ante la postura de los no adscritos, afirmó que «nin sequera os seus socios lle aproban as súas trapalladas».

Contrato de transporte

La oposición también aprovechó para cargar contra la gestión de Raxoi en la licitación del nuevo contrato de transporte urbano tras anunciarse el lunes un cambio de planes, pasando de plantearla como concesión a contrato de servicios. Verea aseguró que «empezamos de cero tras dez anos de disculpas e incompetencia mentres sufrimos os peores autobuses de España» y pidió la dimisión de Duro. La socialista Marta Abal advirtió que «o cambio implica que recaia todo o peso na administración» y aseguró que se mantendrán vigilantes, mientras que Muíños solicitó más concreción en los plazos.

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Xan Duro, por su parte, argumentó que el cambio de modelo se debe a que el transporte «non debe ser tratado como un negocio máis, senón como un servizo público». La situación motivó la intervención de la alcaldesa, que refrendó las palabras de Duro y garantizó la «maior axilidade posible». Sanmartín también afeó a la oposición utilizar el debate sobre la factura pendiente para este asunto y tildó de «irresponsabilidade» la postura del PP y los no adscritos, señalando que esta cuestión volverá al Pleno para cumplir con el pago.

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