Los propietarios de pisos turísticos de Santiago recurren en los juzgados las bajas del registro autonómico
Raxoi se ha presentado ya en una veintena de procedimientos abiertos
Ambiente de turistas y peregrinos en la Praza do Obradoiro de Santiago / Antonio Hernández
Los propietarios de VUT de Santiago han empezado a recurrir las expulsiones del Registro de Empresas y Actividades Turísticas (REAT) de la Xunta. Aunque el INE recoge que 499 pisos turísticos siguen funcionando en plataformas digitales en Santiago y en el registro autonómico continúan anotados 701, la gran mayoría no dispone de todos los permisos en regla para funcionar legalmente. Tan sólo 71 VUT cuentan con licencia municipal, un requisito que el Concello, avalado por diferentes sentencias judiciales, considera obligatorio.
En 2008 nacía Airbnb pero no fue hasta 2017 cuando la Xunta dictó la primera ordenación del sector, en la que simplemente obligaba a los pisos turísticos a anotarse en el REAT para poder operar. Desde hace unos meses, Raxoi lleva instando a la Xunta a que dé de baja de oficio a los pisos turísticos sin licencia que continúan en el registro. La administración gallega asegura que tiene que ir analizando caso por caso para poder ir sacándolos del listado. Pero una vez que se produce esta expulsión a los propietarios aún les queda la vía judicial para tratar de mantener su inscripción.
Personación del Concello
Los dueños están iniciado la reclamación judicial tras ser notificados de que habían sido dados de baja. El Concello de Santiago se ha personando ya en «una veintena» de recursos, según explican fuentes del Pazo de Raxoi. Para ello tiene que autorizarlo en las reuniones de la Xunta de Goberno local, que cada semana da el visto bueno a varios procesos.
"Vicios de nulidad"
Desde la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga) recomiendan a sus socios dar la batalla judicial. Entienden que los expedientes de expulsión del REAT «tienen vicios de nulidad» y que los tribunales pueden fallar a favor de los propietarios, como ya ocurrió hace algunos años con la prohibición de esta actividad en el casco histórico compostelano. Aviturga recuerda que solo tres de los 313 concellos de Galicia —Santiago, Pontevedra y desde hace poco A Coruña- exigen la licencia municipal para poder funcionar.
Además, la asociación ha llevado a los tribunales la modificación del PXOM de Santiago que reguló los pisos turísticos y si la justicia la anulase cambiaría por completo el escenario.
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