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Tórculo ya es historia en Santiago: sus 49 empleados están en el paro y pendientes del Fogasa

La empresa logró pagar hasta la última nómina a la plantilla pero la indemnización por despido será abonada por el Fondo de Garantía Salarial

El administrador concursal no vio viabilidad al proyecto

La histórica imprenta de Tórculo, en la praza de Mazarelos, cerrada tras el cese de actividad.

La histórica imprenta de Tórculo, en la praza de Mazarelos, cerrada tras el cese de actividad. / ECG

Arturo Reboyras

Arturo Reboyras

Santiago

Tórculo ya es historia. La empresa de comunicación gráfica, con más de cuarenta años de trayectoria en Santiago, cesó su actividad el pasado 20 de junio, cuando quedaron extinguidos los contratos de sus 49 trabajadores, confirmaron a EL CORREO fuentes relacionadas con la compañía. De hecho, su mítica imprenta de la praza de Mazarelos, donde la firma se consolidó como establecimiento de fotocopias y encuadernaciones para estudiantes, ya echó el cierre, después de que la administración concursal que la gestionaba decretase el cese definitivo de la actividad. 

Fuentes sindicales de la CIG indican que los 49 trabajadores que conformaban la plantilla están actualmente en el paro. La empresa, que estuvo intervenida por un concurso de acreedores los últimos meses de actividad, pagó hasta la última de las nómina a los trabajadores, pese a las dificultades; sin embargo, la indemnización correspondiente al ERE de extinción de contrato será resarcida por el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), que abonará la cuantía que pertenece a cada afectado en las próximas semanas, siguiendo sus procedimientos habituales. 

Cuatro décadas de historia

Santiago pierde con el cierre de Tórculo una firma con más de cuatro décadas de historia y una larga trayectoria en el mundo de las artes gráficas, y por cuyas instalaciones en la céntrica plaza de Mazarelos no pocos estudiantes han pasado durante años para fotocopiar los consabidos apuntes.

El último periplo de la compañía con medio centenar de trabajadores vino marcado por la presentación en noviembre del año pasado de un concurso de acreedores voluntario, a través del que los propietarios de la misma pretendían poder resolver una delicada situación financiera.

Una compañía catalana, Socigestal S.L., mostraba su interés por ponerse al frente de la veterana firma compostelana, si bien la compra quedaba finalmente anulada por parte de la jueza encargada del caso en marzo de este año, por entender que la oferta presentada no contaba con las suficientes garantías para los trabajadores. El administrador concursal procedió entonces a presentar un escrito en dicho juzgado de A Coruña y poniéndose como fecha tope el 23 de mayo para presentar propuestas de adjudicación de la unidad productiva de Tórculo.

La CIG aseguraba a mediados del mes pasado que la crisis en la empresa compostelana se vio agudizada en mayo de 2024, momento en el que se producían ya atrasos en los pagos establecidos, y criticaba que el equipo de dirección, al que señalaba como responsable del colapso, estuviera intentando «montar unha sociedade para quedarse con ela», pero sin garantías de viabilidad, insistía. Además, cuestionaba su credibilidad para liderar una supuesta recuperación económica al frente de la misma.

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