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La zona de alquiler tensionado tendrá que esperar en Santiago: la Xunta todavía no da el visto bueno

El IGVS remite un requerimiento a Raxoi para que elabore un nuevo plan de diagnóstico con datos oficiales y no los de «un conocido portal inmobiliario»

La documentación tendrá que volver a pasar el trámite de información pública

Colas de estudiantes buscando piso en Santiago ante la inmobiliaria Julio Gerpe la semana pasada.

Colas de estudiantes buscando piso en Santiago ante la inmobiliaria Julio Gerpe la semana pasada. / Jesús Prieto

Natalia Sequeiro

Natalia Sequeiro

Santiago

La declaración de Santiago como zona de mercado de alquiler tensionado tendrá aún que esperar. A finales de mayo y tras meses de trámites, el Concello remitió a la Xunta la documentación necesaria para que aprobase esta figura con la que se podría establecer un tope a la subida del precio de los arrendamientos en manos de grandes propietarios o de las nuevas viviendas que salgan al mercado. Una vez analizada, la Xunta ha decidido no darle el visto bueno a la solicitud por el momento. Reclama al Concello que elabore un nuevo documento de diagnosis de situación del tensionamiento en el mercado residencial del municipio y que corrija otras «deficiencias». 

La administración autonómica lleva meses dudando de la eficacia de esta herramienta, habilitada por el Gobierno central, para solucionar el problema de la vivienda. La primera ciudad gallega en conseguir la declaración de mercado tensionado ha sido A Coruña, sin embargo, la Xunta también le envió un requerimiento para que corrigiese ciertos aspectos antes de darle el permiso para aplicar el tope a los alquileres. 

En el caso de Santiago, el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) critica que el documento de diagnóstico de la situación «emplea principalmente los datos de un conocido portal inmobiliario» para justificar el incremento de precios de compra y alquiler de viviendas. La Xunta insta a rehacer el informe con datos «recabados por organismos públicos para garantizar la objetividad, transparencia y rigurosidad del procedimiento». Este cambio retrasará la declaración dado que el IGVS advierte de que supondrá una «modificación sustancial» del documento por lo que tendrá que volver a pasar por el trámite de información pública. 

La Xunta tampoco ve clara la reclamación de Santiago para que se considere como gran tenedor a los dueños de cinco o más viviendas (normalmente se consideran a partir de diez). En la memoria justificativa Raxoi puso de manifiesto que en la ciudad hay más de cien inmuebles en manos de este tipo de propietarios. «En Santiago hay 56.746 viviendas, por lo que proporcionalmente, no parece que el número de 100 inmuebles sea muy significativo, como se manifiesta en la memoria», recrimina el IGVS. 

La Xunta también pone peros al plan de medidas correctoras propuesto por el Concello. El requerimiento, firmado por el director del IGVS, Heriberto García, considera que el plan específico para intentar paliar el problema de la vivienda «compete al Concello de Santiago, sin que el IGVS tenga que incorporar las actuaciones que prevea desarrollar en el municipio». Además, considera que las medidas propuestas por Raxoi en el plan «se pueden desarrollar directamente sin necesidad de declarar el municipio como zona de mercado residencial tensionado» y censura que muchas de las detalladas «están implantadas», «en curso de ejecución» o «carecen de contenido específico».

Entre otras críticas, la Xunta reprocha al Concello de Santiago que proponga ahora participar en el Programa autonómico de movilización de viviendas para el alquiler en concellos, pese a que «no presentó la correspondiente solicitud». Reprocha que desde 2016, Santiago no haya incluido ninguna vivienda vacía para otro programa de la Xunta al que sí se había adherido y censura también las trabas de Santiago para el cambio de uso de locales a viviendas, que el Concello prohibe en algunas zonas de la ciudad para que pueda garantizarse el uso comercial de los bajos. 

El IGVS critica también las políticas municipales para vivienda protegida. En el documento Raxoi asegura que se impulsará a través de una «entidad del sector público» y la Xunta recuerda que Santiago «hace más de un año anunció la creación de una empresa municipal de vivienda y suelo sin que, hasta el día de hoy, se tenga conocimiento de su creación». Además, recuerda que el Concello solo menciona la rehabilitación de cinco edificios en estado de ruina en la rúa de Caramoniña, supeditando las futuras acciones a la dotación de recursos en los planes estatales de vivienda. Las críticas se extienden también al retraso en la cesión de dos parcelas municipales a la Xunta para que construya vivienda protegida. El Concello no atendió la solicitud de la Xunta «por lo que llama la atención que entre las medidas correctoras figure la cesión de las parcelas indicadas», indica. «En resumen, todas las medidas propuestas por el Concello presentan un carácter muy general, y tal como están planteadas carecen de incidencia en orden de revertir la situación del mercado tensionado en el municipio de Santiago de Compostela», concluye la Xunta.

El Concello defiende el estudio de la UDC

El Concello de Santiago expresó ayer «su sorpresa por la respuesta de la Xunta» tras la solicitud de declaración de mercado residencial tensionado. Fuentes de Raxoi indican que «contiene numerosos juicios de valor y opiniones que no son propias en un procedimiento administrativo». El Concello entiende que los «datos, diagnosis y plan de medidas correctoras sustentan con firmeza y rigurosidad la propuesta». 

Desde el Bipartito defienden su estudio realizado por especialistas de la Universidade de A Coruña. «Nos sorprende que la Xunta ponga en cuestión un estudio que hizo un equipo de personas expertas de una universidad pública del Sistema Universitario Galego (SUG), en este caso, la Universidade da Coruña», apuntan. Sobre las críticas al uso de cifras de portales inmobiliarios, recuerdan que «parte de los datos empleados son del IGVS y bastarían por sí mismos para la declaración». 

Raxoi considera, además, que algunas de las afirmaciones que se hacen en el requerimiento «sugieren incluso una lectura poco atenta por parte del IGVS de la abundante documentación enviada por el Concello». También lamenta «que la Xunta vuelva a poner trabas a una actuación que podría hacer directamente si tuviera voluntad, en lugar de cargar a los concellos con la obligación de presentar estudios y otra documentación». 

El Bipartito entiende que no es necesario un nuevo diagnóstico, pero «en todo caso, responderá, tras un análisis más demorado, a todas las cuestiones que aparecen» en el requerimiento. 

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