Rueda insta a Santiago a cumplir la ley para poder ser declarada como zona de alquiler tensionado
El presidente no ve la medida eficaz pero garantiza que la aprobará si la documentación está correcta
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda / XUNTA
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, reiteró esta mañana las críticas de la Consellería de Vivenda a la solicitud de Santiago para ser declarada como zona de alquiler tensionada. La semana pasada la administración autonómica remitió a Raxoi un requerimiento para que corrija la documentación aportada. Rueda instó ayer al Ayuntamiento a «cumplir» la ley para recibir el visto bueno a una herramienta, que en su opinión, «no resolvió ningún problema donde se instauró».
Visto bueno
Pese a que la Xunta no cree en la figura instaurada por el Gobierno central para poder poner tope a la subida de precios de los alquileres de los grandes tenedores, Rueda aseguró que si la documentación está correcta, la Xunta le dará el visto bueno como ya ha hecho con A Coruña. El presidente censuró que el informe de diagnóstico de la situación, elaborado por la Universidade de A Coruña. «Es poco serio», aseguró, «basar los datos» que acreditan que se cumplen los requisitos de subida del alquiler «en un portal inmobiliario», subrayó a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consello de la Xunta. El Concello de Santiago ya ha explicado que el informe no sólo usa esas estadísticas sino que también incluye las cifras de organismos oficiales que siguen la evolución de los precios de la vivienda.
«A Coruña remitió la documentación y obtuvo la declaración, es lo que tiene que hacer el Concello de Santiago», zanjó Rueda. Raxoi, por el momento, se niega a realizar un nuevo informe de diagnóstico, al entender que el entregado es correcto.
La versión del Concello
Fuentes de Raxoi indicaron tras conocerse la primera negativa que el requerimiento de la Xunta «contiene numerosos juicios de valor y opiniones que no son propias en un procedimiento administrativo». El Concello entiende que los «datos, diagnosis y plan de medidas correctoras sustentan con firmeza y rigurosidad la propuesta». Raxoi considera, además, que algunas de las afirmaciones que se hacen en el requerimiento «sugieren incluso una lectura poco atenta por parte del IGVS de la abundante documentación enviada por el Concello». También lamenta «que la Xunta vuelva a poner trabas a una actuación que podría hacer directamente si tuviera voluntad, en lugar de cargar a los concellos con la obligación de presentar estudios y otra documentación».
