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Santiago quiere aprobar la zona de bajas emisiones antes de que acabe el año

En la práctica no habrá cambios dado que se instaurará en la zona vieja que ya es peatonal, pero falta la ordenanza definitiva, las señales y los sensores de calidad del aire

Un taxi accediendo a la zona vieja de Santiago de Compostela

Un taxi accediendo a la zona vieja de Santiago de Compostela / Antonio Hernández

Natalia Sequeiro

Natalia Sequeiro

Santiago

Santiago es uno de los 151 municipios que debería de haber implantando en 2023 al menos una zona de bajas emisiones (ZBE). Pero los límites a la circulación de los vehículos más contaminantes avanzan de manera desigual y más de la mitad de los ayuntamientos españoles afectados todavía no cumplen la Ley de Cambio Climático de 2021. La capital gallega arrancó el proceso a finales de 2022, cuando el Gobierno local aprobó establecer el casco histórico como zona principal. Pero todavía no lo ha concluido. El siguiente paso será la redacción de una ordenanza específica. Raxoi espera llevarla a pleno antes de que acabe el año.

De las siete ciudades gallegas con más de 50.000 habitantes tan solo A Coruña y Pontevedra han implantado ya las zonas de bajas emisiones. En las últimas semanas, tanto Vigo como Ourense han dado pasos para ponerlas en marcha, pero ciudades como Ferrol todavía no han empezado. Lugo, como Compostela, ha iniciado el proceso y aún no lo ha completado.

Los motivos del retraso

Hace justo un año la xunta de goberno local de Santiago aprobó el proyecto para la implantación de la ZBE. Su ámbito quedaba limitado a la zona monumental tras descartar definitivamente la idea de crear otra zona también en el entorno de O Restollal. Raxoi anunció entonces que en mayo de este año se aprobaría una ordenanza específica para gestionarla. Fuentes del departamento de Mobilidade apuntan que se está ultimando «con el objetivo de someter la a la aprobación del Pleno antes de que acabe el año». La concellería justifica el cambio de fechas por el «importante problema de falta de personal técnico que retrasó alguno de los proyectos previstos en materia de tráfico y movilidad» durante el último año.

Coincide con la zona peatonal

Pese a que el texto legal todavía no está listo, cuando se apruebe la nueva ordenanza no se apreciará ningún cambio para los conductores compostelanos. El Concello ha decidido hacer coincidir la zona de bajas emisiones con la zona peatonal del casco antiguo. De este modo no es necesario prohibir el paso de vehículos contaminantes y tanto los residentes como los repartidores podrán seguir accediendo independientemente de qué etiqueta medioambiental lleve su turismo o furgoneta.

«En la práctica, en el Ayuntamiento de Santiago, la Zona de Bajas Emisiones ya está plenamente operativa, dado que la Ordenanza de Tráfico recientemente aprobada aborda las particularidades del casco histórico, ámbito de aplicación de la ZBE», sostiene Mobilidade. En vigor desde finales de 2024, en su anexo II se regulan todas las cuestiones relacionadas con el tráfico en el casco antiguo: acceso mediante bolardos, horarios para carga y descarga, régimen de acceso y tramitación de autorizaciones para residentes y otras personas por motivos familiares o laborales, limitaciones de aparcamiento, acceso único por otros motivos...

Los pasos que faltan

Para completar el procedimiento y que la capital gallega cuente efectivamente con una ZBE legalmente operativa faltarían, además de aprobar la ordenanza, otras dos cuestiones. La primera contar con señales específicas y homogeneizadas para las zonas de bajas emisiones. La segunda sería el control de la calidad del aire. Hace un año Raxoi anunciaba la instalación de tres nuevos sensores que medirían la calidad del aire. La previsión era situarlos en la entrada de la Rúa de Costa Vella, a la altura de San Francisco o de la Facultade de Medicina y en Porta Faxeira. Con estos dispositivos se podrían «garantizar las medidas correctivas necesarias en tiempo real», afirmó el concelleiro Xan Duro. Fuentes de su departamento explican que tanto la adquisición de las señales como de los sensores «está pendiente de la puesta a disposición del presupuesto necesario, vinculado a una operación de préstamo que se resolverá próximamente».

La Fiscalía estará vigilante en toda España

La Fiscalía General del Estado ha centrado su mirada en las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) de los ayuntamientos españoles para comprobar si las restricciones para los vehículos más contaminantes cumplen los requisitos exigidos por la actual legislación medioambiental. Como adelantó El Periódico, diario editado por Prensa Ibérica como EL CORREO GALLEGO, el Ministerio Público está solicitando información a las administraciones competentes para ver si se está cumpliendo la Ley de Cambio Climático.

Según el escrito de la Fiscalía, que tiene la categoría de «expediente gobernativo», ya se ha comprobado que «una gran cantidad» de localidades no acatan la normativa en relación a las zonas de bajas emisiones.

Las zonas de bajas emisiones se establecen en áreas, habitualmente situadas en el centro de las ciudades, en las que se impide el paso a los coches más contaminantes, los más antiguos. Para establecer las restricciones, los municipios se basan en las etiquetas de la Dirección General de Tráfico (DGT). Aunque puede haber variaciones, en general se veta a los que tienen una A (o sin etiqueta). En algunos casos también está prohibida la circulación para vehículos con una etiqueta B o C (que incluyen modelos relativamente modernos de gasolina o diésel). Los coches híbridos (etiqueta eco) y eléctricos (cero) pueden acceder a cualquier parte. En estas zonas suele haber excepciones para vecinos y servicios públicos.

Además de estar en el punto de mira de la fiscalía, los Ministerios de Interior y Transición Ecológica también están ultimando un nuevo decreto que pretende garantizar el funcionamiento efectivo de las zonas de bajas emisiones. En el borrador, se explica que las ZBE no se han implantado de forma efectiva en España y que muchos ayuntamientos bordean su puesta en marcha con periodos de prueba sin sanciones, que quedarán expresamente prohibidos. Además, el Ministerio de Transportes exige ya contar con una de estas áreas para recibir ayudas estatales al transporte público.

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