Raxoi tendrá que pagar antes a los proveedores para gestionar el agua de Santiago con una empresa mixta

La apuesta del gobierno compostelano para la gestión del agua es una empresa mixta, que cuente con capital privado pero manteniendo un control público. Además de convencer a los grupos de la oposición, el Bipartito deberá sortear las limitaciones de la Ley de Bases del Régimen Local, que marca que un municipio sometido a un plan económico-financiero no puede crear una sociedad de este tipo. Santiago se mantendrá en esta situación hasta 2027, pero la alcaldesa, Goretti Sanmartín, manifestó ayer su intención de acogerse a una excepción contemplada en la norma para poder hacerlo antes.

Para ello, Raxoi debe mantener unos parámetros de estabilidad y de deuda pública, y no superar los 60 días en el periodo medio de pago a proveedores. La regidora explicó que los dos primeros requisitos se cumplen, mientras que «temos o obxectivo de cumprir esa terceira condición». Por lo tanto, «sería factible» constituir la empresa mixta.

Reunión de la comisión en las próximas semanas

Este será el modelo de gestión que defenderá Sanmartín en la próxima reunión de la comisión creada a tal efecto, que espera convocar «nas próximas semanas» con el objetivo de que de ella «poida saír un ditame para elevar ao pleno». En el anterior encuentro de este órgano, celebrado el pasado viernes, expertos de la Universidade da Coruña (UDC) presentaron un informe en el que concluyen que la sociedad mixta es el modelo más «equilibrado» para Santiago.

Pese a las dudas al respecto expresadas por los grupos de la oposición, la alcaldesa indicó que «o escenario que barallamos é que se poida aprobar a sociedade mixta porque isto entendemos que é o mellor para o Concello». En esta línea, pidió a los miembros de la Corporación que no acudan a la comisión con un «condicionamento apriorístico» sobre el modelo de gestión. «Espero que a xente teña responsabilidade e non pense que o mellor é o colapso e seguir sen tomar unha decisión» sobre la gestión del servicio, subrayó.

Colaboración público-privada

En esta línea, Sanmartín valoró que debería existir un consenso en la Corporación sobre la idea de «facer unha colaboración público-privada», teniendo en cuenta que «vai facer falta capital privado para atender os importantes investimentos pendentes desde hai décadas», al mismo tiempo que «esa participación é medida e debe estar sempre baixo control público».

Ahondando en esta idea, la alcaldesa señaló que entre los 97 municipios españoles con más de 80.000 habitantes, 67 tienen algún tipo de control público sobre el ciclo del agua, bien a través de una gestión directa (40), o bien mediante una empresa mixta (27). En cualquier caso, matizó que «sexa cal sexa a fórmula, vai ser necesario continuar o camiño realizando estudos económicos, elaborando pregos, resolvendo unha licitación e redactando novas ordenanzas». Por lo tanto, añadió, «os prazos entre as distintas posibilidades ao final son moi similares, ningún deses procesos é sinxelo».

Red obsoleta

El contrato actual para la gestión del agua, realizado mediante una concesión, data de 1985 y su última prórroga venció en 2019, momento desde el que se presta en precario. La red de abastecimiento y saneamiento se encuentra obsoleta y necesita inversiones para ser actualizada que se estiman en unos 100 millones de euros. Además, es necesario ampliarla para llegar a todo el municipio, dado que unos 4.000 habitantes, situados básicamente en el entorno rural, no tienen acceso al servicio.

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