Así se gestiona el agua en Santiago 40 años después

En 1985 la Unesco otorgaba al casco histórico de Santiago la condición de Patrimonio de la Humanidad, se producía la primera emisión de la TVG y en los cines triunfaba el estreno del clásico de la ciencia ficción Regreso al futuro. También fue el año en que se formalizó el contrato para la gestión del ciclo integral del agua que, como sucede con los eventos citados anteriormente, se mantiene vigente 40 años después. La necesidad de ser actualizado ha vuelto a situarse en el foco en las últimas semanas con presentación de un informe ante la comisión municipal que debe definir el modelo mediante el que debe prestarse el servicio en los próximos años.

La Corporación municipal, en la que un 20 % de sus miembros aún no había nacido cuando se inició la actual concesión, tiene ante si la responsabilidad de determinar esta fórmula para dar respuesta a las necesidades que presenta el servicio. El contrato fue licitado en 1984 y adjudicado a Aquagest –hoy en día Viaqua– por un período de siete años. Se firmó en mayo de 1985, fue modificado en distintas fechas, en 1992, en 1994 y en 1998 para añadir la explotación de la EDAR de A Silvouta, entre otras infraestructuras y nuevos tramos de red que se fueron añadiendo. Posteriormente, se produjeron sucesivas prórrogas hasta su límite en 2019, año desde el que permanece en precario y en el que se emite una orden de continuidad basada en que se trata de un servicio básico.

Captación y abastecimiento

Antes de salir por los grifos de los hogares compostelanos, el agua se capta principalmente en la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) del río Tambre, situada en Marzo de Arriba, en la parroquia de Grixoa, aunque también existen otras captaciones de manantiales, en Brins y en Chopo, que aportan cantidades menores de caudal a esta línea de abastecimiento. Una vez tratada en la misma planta de Grixoa, el agua se bombea a los depósitos de cabecera, en el polígono y en Os Vilares, y de ahí fluye hasta los depósitos de distribución en As Cancelas, Salgueiriños, A Almáciga y el Monte do Gozo. Desde esos puntos se realiza el abastecimiento a una red que abarca 611 kilómetros de longitud.

Según los datos que hizo públicos Raxoi recientemente, esos depósitos almacenan más de 62.000 metros cúbicos, lo que supone el consumo de dos días de todo el Concello. La cifra anual asciende a 11 millones de metros cúbicos, de los cuales el 75 % corresponde al uso doméstico, de una población censada de casi 100.000 habitantes, pero que en la práctica pueden ser alrededor de 120.000. Unos 4.000 habitantes del municipio, situados básicamente en las zonas rurales, no disponen de esta red pública de abastecimiento.

En cuanto al saneamiento, la red para la recolección de las aguas residuales, que en una parte aún incluye las augas pluviales y, como sucede con el abastecimiento, tampoco llega hasta algunos puntos del entorno rural. Su longitud es de unos 700 kilómetros de tuberías que desaguan en las distintas depuradoras. La principal es la de A Silvouta, donde se está construyendo una nueva planta que ya opera desde el pasado 1 de octubre con una capacidad media de tratamiento de 52.000 metros cúbicos diarios. Existen otras depuradoras, como la de Aríns, con capacidad para 5.500 metros cúbicos.

Necesidad de inversiones

El funcionamiento de toda esta red tiene un coste anual que ronda los diez millones de euros, según los datos suministrados por la operadora del servicio. Esta factura, según establece la ley, debe ser cubierta mediante la tasa que pagan los usuarios. Pero además del funcionamiento, la red presenta acuciantes necesidades de renovación. Para acometerlas, se estima que es precisa una inversión de 100 millones de euros. Además del funcionamiento ordinario, se precisa mantener en perfectas condiciones las infraestructuras, evitar las fugas de agua, renovar las redes obsoletas, reducir los consumos energéticos, monitorizar la red para la mayor eficiencia y ampliarla para dar cobertura a toda la población.

Por lo tanto, la comisión, que se reunirá de nuevo en las próximas semanas, definirá si estos trabajos se ejecutan a través de una gestión directa, de una concesión privada o de una fórmula mixta. Su decisión será «de gran relevancia para a totalidade da poboación», según señaló el edil de Servizos Básicos, Xesús Domínguez, porque seguramente las repercusiones se harán notar dentro de 40 años.