La Audiencia Nacional juzga el 12 de febrero la validez de los despidos de Ryanair en el aeropuerto de Santiago

La Audiencia Nacional celebrará el próximo 12 de febrero el juicio en el que se analizará la posible nulidad del expediente de regulación de empleo (ERE) presentado por Ryanair para los trabajadores afectados por el cierre de su base en el aeropuerto de Santiago. La vista judicial es consecuencia de la demanda interpuesta por las organizaciones sindicales, que impugnaron el ERE al considerar que no concurren las causas alegadas por la aerolínea y que la medida supuso una vulneración de los derechos laborales de la plantilla.

El conflicto laboral se remonta al anuncio del cierre de la base de Ryanair en el aeropuerto Rosalía de Castro, una decisión que la compañía justificó por razones operativas y económicas. Como consecuencia de ese cierre, la aerolínea puso en marcha un ERE que supuso el despido de alrededor de 100 trabajadores, además de la reducción de jornada y el empeoramiento de las condiciones laborales de otros empleados que continuaron vinculados a la empresa. Los sindicatos denunciaron desde el inicio que el expediente se apoyaba en una causa que consideran artificial y que el cierre de la base no justificaba ni el volumen de despidos ni las modificaciones contractuales aplicadas.

En el juicio previsto para el 12 de febrero, reclamarán la nulidad del ERE, lo que implicaría la readmisión de todos los trabajadores despedidos en las mismas condiciones laborales que tenían antes de la aplicación del expediente. Asimismo, solicitan que a los empleados a los que se les redujo la jornada o se les modificaron las condiciones laborales se les restituyan íntegramente sus derechos, recuperando tanto la jornada completa como el salario y las condiciones previas al cierre de la base.

En caso de que la Audiencia Nacional estime la demanda sindical y declare nulo el ERE, Ryanair se expondría a importantes consecuencias económicas y laborales. La aerolínea estaría obligada no solo a readmitir a los trabajadores despedidos, sino también a abonar los salarios dejados de percibir desde la fecha de los ceses, así como las cotizaciones correspondientes. Además, tendría que restituir las condiciones laborales de toda la plantilla afectada por el expediente.

La situación plantea además un escenario complejo para la compañía, dado que la base de Ryanair en Santiago está cerrada. En ese contexto, y si el fallo judicial obliga a la readmisión, la empresa podría verse en la obligación de ofrecer a los trabajadores afectados la posibilidad de ser trasladados a otras bases que la aerolínea mantiene en distintos aeropuertos españoles, respetando en todo caso sus condiciones laborales y contractuales. Esta opción ya ha sido apuntada por los sindicatos como una de las posibles salidas si el ERE es declarado nulo.

El conflicto ha generado un notable impacto social y laboral en el entorno del aeropuerto compostelano, donde los sindicatos han denunciado la pérdida de empleo y el deterioro de las condiciones de trabajo derivadas del cierre de la base. Desde el anuncio del ERE se han sucedido protestas, concentraciones y movilizaciones por parte de los trabajadores afectados, que han reclamado una solución que garantice el mantenimiento del empleo y el respeto a sus derechos laborales.

Las organizaciones sindicales afrontan el juicio con confianza en que la Audiencia Nacional les dé la razón y consideran que el procedimiento judicial será clave para aclarar la legalidad del ERE y sentar un precedente sobre este tipo de ajustes vinculados al cierre de bases operativas. El fallo que se dicte tras la vista del próximo 12 de febrero será determinante tanto para el futuro laboral de los trabajadores despedidos como para el papel de Ryanair en el aeropuerto de Lavacolla, en un contexto marcado por la preocupación institucional y social por el impacto que la reducción de operaciones aéreas tiene sobre la conectividad y la economía de Galicia.