Crecen las críticas sindicales por «carencias» en el nuevo Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Santiago

Las críticas sindicales al funcionamiento del nuevo Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Santiago se amplían. A las denuncias formuladas en los últimos días por UGT Xustiza y CIG-Xustiza se suma ahora la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que alerta de una «grave descoordinación», falta de medios materiales y carencias formativas en la puesta en marcha de esta sección judicial, integrada en el Tribunal de Instancia de Santiago y que empezó a operar oficialmente el pasado 2 de enero, ya con un detenido en la primera jornada de trabajo.

En un escrito remitido a la Dirección Xeral de Xustiza, CSIF advierte de que la situación actual está afectando tanto al normal funcionamiento del servicio como a la correcta atención y protección de las víctimas de violencia de género, un ámbito que el sindicato califica de «especialmente sensible» y que requiere una organización y recursos adecuados desde el primer día.

Según la denuncia sindical, el personal funcionario destinado a esta Sección «carece de recursos básicos imprescindibles para desarrollar su trabajo diario». Entre las deficiencias detectadas, CSIF señala la «inexistencia de ordenadores activados para todo el personal, la falta de habilitación de acceso a la plataforma Lexnet para varios funcionarios y la ausencia de acceso a la agenda de señalamientos. Esta situación, subraya el sindicato, impide realizar citaciones tanto en Santiago como en A Coruña, en los juzgados de lo penal, generando retrasos e inseguridad en la tramitación de los procedimientos.

A estas carencias materiales se suman, según CSIF, importantes problemas organizativos. El sindicato denuncia la inexistencia de un teléfono específico para la Sección, la falta de mesas y espacios de trabajo adecuados y una preocupante descoordinación con los juzgados de los ayuntamientos de procedencia de personas detenidas, víctimas, testigos y otros operadores jurídicos. Para CSIF, abordar de manera urgente estos problemas es imprescindible para garantizar la eficacia del sistema judicial en la lucha contra la violencia de género.

Uno de los aspectos que más preocupa al sindicato es la «ausencia de formación específica» del personal destinado al nuevo juzgado. CSIF ha solicitado formalmente a la Dirección Xeral de Xustiza el nombramiento urgente de un formador o formadora especializada en violencia de género, ante la falta de experiencia previa de buena parte de los funcionarios recientemente adscritos a esta unidad.

El sindicato recuerda que los juzgados de violencia sobre la mujer presentan singularidades organizativas, procesales y funcionales, además de protocolos específicos de actuación y de atención a las víctimas. Por ello, considera «imprescindible» una formación inicial especializada que permita al personal desempeñar su labor con garantías, tanto para su propia seguridad como para la calidad del servicio público prestado.

Desde CSIF se advierte de que «la combinación de falta de medios, desorganización y ausencia de formación específica supone un riesgo evidente» en un ámbito que requiere una respuesta judicial ágil, coordinada y sensible. «No se puede improvisar cuando se trata de proteger a las víctimas de violencia machista», subrayan desde la organización sindical.

La Xunta niega parte de las denuncias

Ante estas nuevas críticas y consultada por este medio, la Xunta de Galicia ha respondido asegurando que, a día de hoy, la Sección de Violencia sobre la Mujer está conformada por todo el personal previsto, incluyendo el nombramiento de un funcionario interino para cubrir una baja existente. Según la administración autonómica, todos los ordenadores ya están instalados y se ha realizado la activación de las aplicaciones informáticas dependientes de la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega).

La Xunta también ha querido aclarar que la coordinación con los ayuntamientos y con el resto de órganos judiciales no corresponde a la administración autonómica. Según su respuesta, la organización interna y la coordinación externa de los órganos jurisdiccionales son competencias ajenas a la Xunta, una afirmación que no convence a los sindicatos, que insisten en que la planificación y dotación inicial del juzgado es responsabilidad directa de la Dirección Xeral de Xustiza.