Los taxistas presionan a Raxoi para que sancione a los VTC tras acumular ya más de cien infracciones

Un año después de que Cabify empezase a funcionar en Santiago, el sector del taxi de la ciudad sigue en pie de guerra. Denuncia que los vehículos de transporte con conductor (VTC) operan irregularmente sin consecuencias en el ámbito urbano y pide al Concello de Santiago que haga efectivas las más de cien propuestas de sanción que existen después de que la Xunta y el propio Concello hayan cazado a este tipo de turismos transportando a pasajeros de un punto a otro del municipio. «No tenemos constancia de que las sanciones sean firmes», recalca el presidente de Radio Taxi Manuel Sánchez.

La administración autonómica es la que concede las licencias para los VTC. Pero los permisos solo habilitan a estos vehículos a realizar trayectos entre distintos ayuntamientos. Un viaje desde el aeropuerto Rosalía de Castro hasta Milladoiro, en el municipio vecino de Ames, cumpliría la normativa. El mismo vehículo no podría trasladar, sin embargo, a un pasajero al centro de Santiago. En la práctica, denuncia el presidente de Radio Taxi, la mayor parte de los servicios «se realizan dentro de la ciudad». Sánchez indica que en estos momentos de temporada baja turística hay menos VTC que en el verano cuando los taxistas llegaron a contabilizar hasta 120 operando en Compostela, una cifra ligeramente inferior a los 144 taxis que cuentan con licencia.

La Consellería de Presidencia ha recordado en numerosas ocasiones que las licencias que concede permiten a los vehículos de transporte con conductor moverse por toda Galicia entre diferentes municipios, pero no «habilitan para hacer recorridos urbanos». Para que los VTC puedan operar dentro de la ciudad es el municipio el que debe realizar una ordenación específica. Santiago, A Coruña y Vigo se han mostrado contrarias a dar vía libre a los vehículos de Uber o Cabify, que en la práctica ya están circulando. Las tres ciudades piden a la Xunta una regulación común para toda Galicia y que deje de conceder licencias de VTC mientras no se realicen estudios pormenorizados sobre la situación del sector.

Concejales de las tres ciudades, acompañados por la secretaria xeral da Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP), Patricia Vilán, se reunieron a mediados de diciembre con la directora xeral de Mobilidade, Judit Fontela. En el encuentro, no lograron convencer a la Xunta de que aborde la regulación como han empezado a hacer otras comunidades autónomas. «Hay una guerra política en la que nosotros estamos en el medio», censura el presidente de Radio Taxi Santiago. Desde el sector se lleva tiempo denunciando que los VTC realizan una competencia desleal, ya que son muchos menos los requisitos que se exigen a estos vehículos para poder funcionar.

Las tres ciudades y la Fegamp reclamaron también a la Xunta a que realice una regulación de las sanciones por incumplimiento. En la nota de prensa posterior al encuentro, la Fegamp aseveró que la Xunta «podría abrirse a valorar» esta regulación. Sin embargo, consultada por EL CORREO, Mobilidade insiste en que «es competencia municipal sancionar cuando se detecte la realización de tráficos urbanos».

No aclaran

Desde el Concello de Santiago no aclaran si han impuesto efectivamente las sanciones a los VTC cazados realizando viajes dentro del municipio. Para poder hacerlo, ayudaría contar con una regulación específica municipal. La administración gallega se limita a realizar inspecciones y de hecho, a lo largo de 2025 ha trasladado a Raxoi un total de 118 informes con infracciones detectadas. Desde la dirección xeral de Mobilidade desconocen si estas multas han sido efectivamente impuestas dado que los concellos no tienen obligación de comunicárselo al ejecutivo autonómico. La Concellaría de Mobilidade que dirige Xan Duro explica que la Policía Local había cazado hasta el mes de octubre otros 14 vehículos con conductor realizando viajes interurbanos.

El departamento de Xan Duro ha indicado que por el momento ninguna ciudad gallega ha realizado una regulación específica «porque aún hay muchas dudas legales al respecto». En los últimos años, apunta, se han sucedido sentencias judiciales en todo el Estado, cuestionando limitaciones a este servicio como la obligación de reservarlo con un tiempo de antelación determinado, la prohibición de realizar una búsqueda activa de clientes o las obligaciones de geolocalización. Mobilidade explica que se está estudiando la jurisprudencia y las regulaciones de otros lugares para «establecer criterios que garanticen que las VTC no entren en competencia desleal con el taxi, que es un servicio público esencial».

Nuevos pasos

Por el momento, la Fegamp tratará de convencer a la Xunta de la necesidad de una regulación común. Tras la reunión de mediados de diciembre, se comprometió una nueva cita entre el órgano municipal y los ayuntamientos de Santiago, A Coruña y Vigo para redactar una serie de propuestas concretas que después se volverían a trasladar a la Xunta. Desde la administración gallega no concretan si hay alguna posibilidad de cambiar de parecer y abordar la ordenación del sector de forma común para todas los municipios gallegos. Sí dejan la puerta abierta a seguir negociando. «La Xunta está siempre dispuesta a atender las peticiones de reunión por parte del sector, concellos y Fegamp», concluyen.