Santiago se blinda ante el desalojo del edificio okupa de la Algalia de Arriba

Santiago afronta este viernes una jornada de máxima tensión con motivo del desalojo de la conocida casona del número 11 de la calle Algalia de Arriba, sede del centro social okupado Escárnio e Maldizer, para el que las fuerzas de seguridad han diseñado un importante despliegue policial, según ha podido saber EL CORREO. El operativo contará con cerca de un centenar de efectivos antidisturbios, pertenecientes tanto a la Unidad de Intervención Policial (UIP) como a la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) del Cuerpo Nacional de Policía, con refuerzos desplazados desde A Coruña y Vigo, las dos sedes de la UIP más cercanas. El objetivo es prevenir altercados y responder con rapidez ante cualquier contingencia, en una actuación que fuentes policiales califican de especialmente sensible.

El lanzamiento judicial está previsto para las 09.15 horas, por orden del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Santiago, y coincide con la convocatoria de dos manifestaciones, una a las 08.00 de la mañana y otra a las 20.00 horas, lo que ha llevado a la Policía Nacional a blindar la ciudad, especialmente el casco histórico y las principales arterias del centro urbano.

El recuerdo de 2017: una batalla campal en la almendra

El amplio despliegue responde, en buena medida, al precedente de extrema violencia registrado el 30 de mayo de 2017, cuando se ejecutó el primer desalojo del inmueble. Aquella jornada terminó con graves disturbios que se prolongaron durante horas y que en su día fueron calificados por los testigos como una auténtica «batalla campal».

Los incidentes se saldaron con seis agentes heridos, cargas policiales, el uso de material antidisturbios —incluidos gases lacrimógenos y pelotas de goma—, contenedores ardiendo, escaparates destrozados y el lanzamiento de objetos contundentes, como palos y tapas de alcantarilla, contra la Policía y el mobiliario urbano. Además, se produjeron detenciones e identificaciones entre los manifestantes. Tras aquel desalojo, el edificio llegó a ser tapiado, aunque posteriormente las obras tuvieron que ser retiradas por indicación de Patrimonio, al considerarse inadecuadas para un inmueble protegido del casco histórico.

De la Algalia a Peleteiro: la escalada posterior

Pero la tensión no terminó ahí. Días después del desalojo, el 10 de junio de 2017, se produjo otra movilización especialmente recordada en Santiago. Bajo el lema de «un desalojo a otra ocupación», alrededor de medio millar de personas accedieron al antiguo colegio Peleteiro, en pleno Ensanche.

La ocupación fue desalojada el mismo día por la Policía Nacional, nuevamente con efectivos antidisturbios, y derivó en nuevos enfrentamientos, cargas policiales y un amplio operativo que incluyó el apoyo de un helicóptero, en una de las jornadas más tensas vividas en la ciudad en la última década.

Pese a aquellos antecedentes, el colectivo vinculado a Escárnio e Maldizer volvió a ocupar la casona de Algalia de Arriba en enero de 2019, retomando su actividad como lo que definen como un centro social autogestionado, con programación cultural, política y social. Tras una nueva demanda interpuesta por los propietarios del inmueble, la Justicia ha vuelto a dar la razón a la propiedad y ha ordenado de nuevo la desocupación del edificio, reactivando un conflicto que nunca llegó a cerrarse del todo.

Convocatorias y preocupación policial

Las fuerzas de seguridad observan con especial preocupación las convocatorias difundidas por el entorno del centro social, en las que, según fuentes policiales, se incluyen instrucciones explícitas a los asistentes sobre cómo actuar en caso de cargas policiales, detenciones o identificaciones.

Entre esas recomendaciones figuran ocultar tatuajes, cubrir el rostro, no facilitar datos personales en voz alta y advertencias sobre la posible presencia de agentes infiltrados, elementos que, a juicio de la Policía, reproducen un escenario muy similar al de 2017 y alimentan un clima de confrontación. Por este motivo, el dispositivo diseñado pretende anticiparse a posibles focos de violencia, garantizar la ejecución del mandato judicial y evitar incidentes mayores, tanto durante el desalojo como a lo largo del resto de la jornada.

Santiago, bajo vigilancia reforzada

El operativo incluirá controles preventivos, presencia policial visible en puntos estratégicos, refuerzo de patrullas y una coordinación estrecha entre distintas unidades, con el objetivo de preservar la seguridad ciudadana y minimizar el impacto de una actuación que vuelve a situar a Santiago en el foco informativo.

Desde la Policía se insiste en que el despliegue tiene un carácter preventivo y que se actuará con proporcionalidad, aunque se reconoce que la jornada se presenta compleja por el historial del conflicto y la movilización prevista. Fuentes policiales subrayan que el objetivo del dispositivo es evitar que la situación derive en episodios de violencia como los vividos en el pasado, especialmente en una ciudad con una alta afluencia de peatones y actividad turística incluso en temporada baja. La experiencia acumulada en anteriores desalojos y protestas ha llevado a diseñar un operativo «robusto y flexible», capaz de adaptarse a distintos escenarios a lo largo del día, desde concentraciones pacíficas hasta posibles disturbios, con especial atención a la protección de vecinos, comerciantes y bienes patrimoniales del casco histórico compostelano.