El crimen de la Plaza de Abastos se cierra sin juicio: once años y medio de cárcel para cada homicida de Antonio Costa

El caso que conmocionó a Santiago en noviembre de 2024 se cerró este lunes en apenas diez minutos. El juicio por la muerte del carnicero compostelano Antonio Costa Martínez, ocurrida en uno de los accesos a la Plaza de Abastos, no llegó siquiera a arrancar en sentido estricto: el jurado popular no fue constituido y la vista se resolvió con una conformidad total entre Fiscalía, acusación particular y las defensas de los dos procesados, Kevin Martín Guillén y Carlos Eduardo Yépez Núñez.

El acuerdo fija para ambos once años y seis meses de prisión por un delito de homicidio, así como seis meses de multa, a razón de cinco euros diarios, por las lesiones causadas al vigilante de seguridad que trató de frenar la agresión. Tras la lectura del pacto en sala y la ratificación de los acusados, el tribunal dictó sentencia firme, poniendo punto final a un procedimiento que estaba previsto para prolongarse durante seis sesiones y con la comparecencia de más de una veintena de testigos y peritos.

Acuerdan 11 años y medio de prisión para cada uno de los homicidas de Antonio Costa

Un clima previo de conformidad

Desde antes de que se abrieran formalmente las actuaciones ya se percibía en los pasillos de los Xuzgados un ambiente de acuerdo. Las conversaciones entre las partes, iniciadas días antes, cristalizaron minutos antes de la hora señalada para el comienzo del juicio. El fiscal se limitó a leer en sala los términos de la conformidad y la magistrada-presidenta se dirigió directamente a los acusados para comprobar que eran plenamente conscientes de los hechos que aceptaban, de las penas impuestas y de las cuantías de las indemnizaciones. Con las respuestas afirmativas de ambos procesados, la vista quedó concluida en apenas diez minutos.

La sentencia recoge una responsabilidad civil de gran envergadura. Los condenados deberán abonar 180.000 euros a la viuda del fallecido; 120.000 euros a cada uno de dos de sus hijos y 80.000 euros a cada uno de los otros dos (580.000 euros en total), además de los intereses legales. A ello se añaden 15.000 euros para el vigilante de seguridad por los días de curación y otros 15.000 euros por las secuelas derivadas de la agresión sufrida cuando intentó auxiliar a Antonio Costa.

Por qué ambos aceptan la misma pena

Aunque el reparto de golpes fue distinto, la acusación y las defensas asumieron que la intervención de ambos acusados fue determinante en el desenlace fatal, lo que explica que se haya impuesto la misma condena a los dos.

Desde la defensa de Yépez, su abogado, Víctor Bouzas, explicó que inicialmente entendían que la participación de su cliente podía tener un menor reproche penal, pero que los informes forenses y la autopsia cambiaron ese planteamiento. “Después de ver el informe médico-forense, todo apuntaba a que cualquiera de los golpes podía acarrear una condena mucho más grave”, señaló, añadiendo que su cliente pidió perdón a la familia de la víctima “de forma absolutamente clara e inmediata” y que no existió intención de causar la muerte, aunque reconoció que los hechos no fueron accidentales.

La acusación: evitar el riesgo de una absolución parcial

El abogado de la acusación particular, Luciano Prado, explicó a EL CORREO que la familia aceptó la conformidad tanto por las penas de prisión como por las indemnizaciones fijadas, ante la incertidumbre que suponía el juicio. “Desde el punto de vista de la acusación estamos satisfechos con el acuerdo, tanto por las penas como por las indemnizaciones”, indicó.

Prado subrayó que el pacto permite asegurar una condena relevante para los dos procesados: “Ante el riesgo de que pudiera haber una pena muy dispar para uno de ellos, a la vista del informe forense y de otros elementos probatorios, preferimos amarrar una condena importante para ambos”.

El letrado reconoció que la principal incógnita afectaba a Yépez, que no había sido quien asestó el golpe final: “El que no le pega con el palo era el que podía quedar más expuesto a una rebaja de condena. Por eso asumimos el acuerdo”, señaló. Preguntado por la reacción de los familiares del fallecido, fue tajante: “La familia está satisfecha con el acuerdo. Había riesgos en el juicio y se ha optado por esta solución”. Prado también comentó que tras la pena de prisión los condenados tendrán cinco años de libertad vigilada y que al no ser españoles también podrían ser expulsados del país.

Por parte de Kevin Guillén, su abogado, Antonio Salceda, subrayó que la conformidad asumía íntegramente los términos propuestos por el Ministerio Fiscal, tanto en lo penal como en la responsabilidad civil. También explicó que su defendido manifestó su perdón y pésame a la familia, así como arrepentimiento por los hechos ocurridos.

Una discusión de madrugada

Los hechos ocurrieron sobre las 04.36 horas del 12 de noviembre de 2024 en la Praza de Abastos , cuando Carlos Yépez y Kevin Guillén iniciaron una discusión con Antonio Costa, propietario de la carnicería Chelo & Muñico. El enfrentamiento continuó en el interior del mercado y derivó en un forcejeo con la víctima y con el vigilante de seguridad que acudió en su auxilio. En ese contexto, Yépez habría amenazado de muerte al placero y, tras un primer intercambio, lo golpeó con violencia, haciéndolo caer al suelo, donde se colocó sobre su cuerpo y continuó agrediéndolo, limitando cualquier posibilidad de defensa.

Mientras Guillén agredía al vigilante e impedía su intervención, Antonio Costa quedó inmovilizado contra una columna. En ese momento, Guillén se aproximó portando un haragán y le asestó al menos dos golpes en la cabeza, provocándole lesiones mortales que causaron su fallecimiento minutos después. El vigilante sufrió contusiones y un grave cuadro de ansiedad con secuelas, y Guillén intentó huir adquiriendo un billete de avión horas después del crimen, aunque fue detenido en su domicilio. La sentencia firme emitida este lunes por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña atribuye la muerte a la acción conjunta de ambos acusados.