Multa de la Xunta a Santiago por los vertidos en el Sar: la alcaldesa ve intencionalidad política

Las relaciones entre el Concello de Santiago y la Xunta vuelven a enrarecerse. La alcaldesa Goretti Sanmartín desveló esta mañana en rueda de prensa que Augas de Galicia ha impuesto al Ayuntamiento una sanción grave, con el importe máximo previsto en la normativa, 300.000 euros, por el vertido de aguas residuales mal depuradas al río Sar. La regidora consideró que la medida tiene «una clara intencionalidad política» dado que llega en pleno proceso de construcción de la nueva estación depuradora y era conocido que la anterior no trataba adecuadamente las aguas. La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, respondió que se ha actuado tras unas denuncias y que no «hay ideología, sino cumplimiento estricto de la ley».

Sanmartín consideró «bastante raro» que se abra el expediente sancionador «cuando ya sabíamos que la depuradora vieja del Sar era insuficiente». Según relató la alcaldesa, Augas de Galicia abrió un primer procedimiento a finales de septiembre de 2025, antes del episodio de contaminación que afectó a los municipios de Ames, Brión, Rois y Padrón a mediados de octubre. En ese momento, la vieja depuradora ya estaba «desmontada para cumplir con el plan de obra». Raxoi realizó alegaciones, pero Augas de Galicia no las aceptó y continuó realizando mediciones en el río. «Amplió el expediente con una serie de inspecciones que incluyen ese periodo de vertido que se produjo con la entrada en funcionamiento de la nueva EDAR», indicó Sanmartín. La infracción inicial había sido calificada como leve, pero «después de hacer inspecciones posteriores fue modificada para que fuese una sanción grave», prosiguió la alcaldesa. Sanmartín censuró, además, que la Xunta haya elegido el mayor importe dentro de una horquilla que va de 30.000 a 300.000 euros «sin justificación de su proporcionalidad».

20 años de espera por la nueva EDAR

La regidora aseguró no entender lo que considera un intento de penalizar al Concello, después de décadas de una deficiente depuración de las aguas residuales. Santiago llevaba más de 20 años esperando por la construcción de una nueva EDAR, cuando empezaron las obras en A Silvouta y se sabía que la antigua estación enviaba directamente al río sin tratamiento la mitad de las aguas residuales de la capital gallega. Sanmartín consideró extraño que el expediente sancionador llegue justo cuando se está poniendo en marcha la solución.

Al tratarse de un vertido que se produce en el contexto de las obras de desmantelamiento de la antigua depuradora y de la entrada en funcionamiento de la nueva, Raxoi considera que lógico sería que Augas de Galicia abordase cualquiera cuestión sobre este proyecto en la comisión de seguimiento, de la que el propio ente autonómico forma parte junto con Acuaes (la sociedad mercantil estatal Aguas de las Cuencas de España, dependiente del Ministerio, que fue la encargada de licitar las obras de la nueva EDAR). «Resulta bien llamativo venir a descubrir ahora que el agua del Sar no reúne las mejores condiciones, cuando este fue uno de los principales motivos para construir una nueva EDAR», remarcó la alcaldesa, quien recordó que el proyecto «se atrasó mucho más de lo que debería por la paralización forzada por un gobierno municipal del PP que quería llevarla a un espacio natural protegido».

La respuesta de la Xunta

Pero la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, explicó que la Xunta actuó «tras unas denuncias ajenas totalmente a Augas de Galicia» y que el ente autonómico realizó los controles necesarios. Tras los vertidos de mediados de octubre, el Ayuntamiento de Ames denunció a la Fiscalía lo ocurrido. Vázquez recordó que el Concello de Santiago «tiene un problema de carácter judicial» y que tanto el Juzgado como la Fiscalía han pedido a Augas de Galicia los informes. «Aquí hay no hay ideología, aquí lo único que hay es el cumplimiento estricto de la ley», apuntó la conselleira.