El Imelga exigirá autorización judicial antes de entregar los cuerpos tras las autopsias
Los forenses alertan de que este cambio en el procedimiento supondrá más burocracia para las familias y una mayor dilación en los trámites

Hospital Provincial de Conxo, donde el Imelga tiene sus dependencias en Santiago / Antonio Hernández

El Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) comunicó a principios de febrero a los forenses de las subdirecciones de A Coruña, Santiago y Lugo una modificación del procedimiento de trabajo que ha generado malestar entre los profesionales. Según el escrito, al que ha tenido acceso EL CORREO, desde el 1 de marzo, tras realizar una autopsia o un reconocimiento externo, será necesario contar con una autorización expresa del juzgado correspondiente antes de entregar el cuerpo del fallecido a la familia.
Forenses consultados por este diario explican que el cambio altera el sistema vigente desde la creación del Imelga en 2005 en las provincias de A Coruña y Lugo y prioriza la homogeneidad de los procedimientos en todas las subdirecciones «por encima de la eficacia en el trabajo y la proximidad con la ciudadanía» . Hasta ahora, en virtud de la delegación judicial prevista en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los médicos forenses podían emitir un documento técnico de salida inmediatamente después de finalizar la intervención pericial.
Una vez practicada la autopsia o el reconocimiento, el forense firmaba la autorización de entrega y la funeraria retiraba el cuerpo, incluso en horario nocturno o durante el fin de semana. La familia podía así iniciar el velatorio sin demora, mientras la licencia de enterramiento seguía su tramitación judicial ordinaria.
Con la nueva instrucción interna, esa facultad deja de estar en manos del servicio forense. Un familiar de primer grado o, en su defecto, un representante legal —habitualmente la funeraria— deberá acudir al juzgado para obtener la autorización antes de retirar el cadáver.
Más burocracia y retrasos
El principal efecto de la medida será el aumento de trámites y la posible demora en la entrega de los cuerpos, especialmente en partidos judiciales que no cuentan con servicio permanente. «Si el fallecimiento se produce un viernes por la tarde, la autorización podría demorarse hasta el siguiente día hábil», explica uno de los forenses consultados.
Los profesionales sostienen que el sistema anterior permitía reducir al mínimo el tiempo entre la intervención médico-legal y el inicio del velatorio, evitando esperas innecesarias en un momento de especial vulnerabilidad para las familias.
Impacto en la logística
Según los forenses, el cambio no responde a ninguna incidencia previa ni a una instrucción de operadores judiciales. «Es una medida administrativa», señalan.
Más allá del incremento de trámites, la modificación tendrá consecuencias logísticas. Las instalaciones de Santiago, en el Hospital Provincial de Conxo, disponen de dos cámaras frigoríficas para cadáveres judiciales; en A Coruña, de cuatro. La capacidad es limitada y, en situaciones de acumulación, ya resulta necesario recurrir a tanatorios concertados u a otros centros hospitalarios.
El modelo anterior se basaba en una rotación ágil: autopsia, documentación y entrega en pocas horas. Con la exigencia de autorización judicial previa, los cuerpos permanecerán más tiempo en las cámaras, lo que podría generar episodios puntuales de saturación, especialmente en jornadas con varios fallecimientos.
El servicio registra días con cuatro o cinco intervenciones en una mismo subdirección. En esos casos, el retraso en la salida podría obligar a activar recursos externos con mayor frecuencia.
Las subdirecciones de Santiago, A Coruña y Lugo atienden a una población que ronda 1,4 millones de habitantes si se suman las áreas sanitarias y partidos judiciales vinculados. Las intervenciones médico-legales no se limitan a muertes violentas, sino que incluyen fallecimientos accidentales o súbitos sin certificación médica inmediata, como un infarto en el domicilio.
Solo en las áreas de Santiago y A Coruña se practican cada año entre 700 y 800 autopsias y reconocimientos. El nuevo procedimiento no modifica la práctica pericial ni los plazos de emisión de informes, pero sí introduce un trámite previo a la entrega del cuerpo que hasta ahora resolvía directamente el servicio forense.
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