La Fiscalía de Medio Ambiente abre una investigación por los vertidos al río Sar

La justicia comienza a investigar la denuncia interpuesta por el Concello de Ames por los vertidos en el río Sar a mediados del pasado mes de octubre. La fiscal provincial de Medio Ambiente, María del Mar Castaña, ha abierto diligencias preprocesales para determinar si se cometió algún delito penal en el episodio de contaminación que se produjo con la puesta en servicio de la primera fase de la nueva estación depuradora de A Silvouta. Augas de Galicia ha propuesto ya una sanción de 300.000 euros al Concello de Santiago por estos vertidos, desatando un nuevo enfrentamiento entre la Xunta y el Ejecutivo de Goretti Sanmartín.

En el decreto de incoación al que ha tenido acceso EL CORREO, la Fiscalía reclama en el plazo de dos meses los informes de Augas de Galicia y del Seprona para tratar de averiguar quién ha sido el responsable de los vertidos. En el texto, Castaña explica que «de comprobarse la veracidad de los hechos» sería responsable la empresa concesionaria de la depuradora y sus administradores y en su «caso las autoridades administrativas obligadas a realizar las inspecciones oportunas y el seguimiento de la autorización ambiental que se podría haber concedido». La fiscal deja claro que por el momento «no se efectúa una valoración sobre los indicios o pruebas que puedan existir sobre la realidad de los hechos denunciados». Considera necesario determinar «si en la instauración de la nueva EDAR o de los elementos de la misma que han sido sustituidos, la autoridad administrativa ha concedido una licencia de actuación ajena a las previsiones legales o no ha efectuado el seguimiento y los controles a los que viene obligada».

"Intencionalidad política"

El pasado viernes en rueda de prensa, la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, desvelaba que la Xunta a través de Augas de Galicia imponía una sanción de 300.000 euros al Concello por los vertidos de aguas residuales mal depuradas. La regidora consideró que la medida tenía una «intencionalidad política» dado que el mal funcionamiento de la antigua depuradora -que enviaba al río más de la mitad de las aguas residuales de la capital gallega sin tratar desde hace años- era de sobra conocido. Desde la Xunta, la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, aseveró que Augas de Galicia había actuado tras la denuncia del Concello de Ames.

La portavoz del Concello de Santiago, Míriam Louzao, insistió este lunes en la intencionalidad «política» y recordó que las primeras actuaciones de Augas de Galicia datan del mes de septiembre, antes del episodio de contaminación que afectó a Ames y a otros municipios como Brión. Al asunto también se refirió ayer el presidente de la Xunta. Alfonso Rueda instó a Sanmartín a «corregir la situación en lugar de perder el tiempo buscando razones políticas donde no las hay en absoluto».

Desde el PP local, Nerea Barcia preguntó a la alcaldesa si «la apertura de diligencias de la Fiscalía de Medio Ambiente por el vertido en el Sar también es una maniobra partidista». La edil aseguró que los vertidos «fueron autorizados por el propio Concello de Santiago».