Raxoi pide el archivo de la multa por los vertidos al Sar al no gestionar la EDAR

El Ayuntamiento de Santiago trata de evitar la sanción de 300.000 euros que la Xunta pretende imponerle por vertidos al río Sar durante la ejecución de las obras de la nueva depuradora de A Silvouta. En su escrito de alegaciones, Raxoi pide el archivo del expediente por los episodios de contaminación de mediados de octubre. El Concello explica que en ese momento ya había «cedido el control» de la EDAR a la sociedad estatal Acuaes. Dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, esta entidad licitó las obras de la nueva instalación a una empresa que se encarga tanto la construcción como de la transición de la vieja a la nueva depuradora.

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, desveló el pasado viernes la existencia de la sanción y acusó a la Xunta de «intencionalidad política». La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, replicó que Augas de Galicia había iniciado la investigación tras la interposición de denuncias. A mediados de octubre, el Concello de Ames aireó el tema y también lo llevó a la Fiscalía -que ha abierto una investigación- tras varios episodios de contaminación en el río por el vertido de aguas residuales mal depuradas. Santiago considera que hubo esta intencionalidad dado que el expediente de Augas de Galicia se inició en septiembre, antes de estas denuncias.

Dos periodos

En las alegaciones, la argumentación municipal distingue estos dos periodos. En principio, la sanción fue calificada como leve y tras los vertidos de octubre se convirtió en grave. Santiago insiste en que desde el 1 de octubre, Acuaes (sociedad depediente del Ministerio de Transición Ecológica) pasó a ser la responsable de la antigua planta de A Silvouta. El Ayuntamiento relata que los vertidos del 12, 13 y 14 de octubre ocurrieron bajo su «responsabilidad exclusiva». Recuerda que la obra de la nueva depuradora «no es un encargo municipal», sino que responde al «interés general del Estado» y que fue Acuaes la que escogió al contratista. «El Concello no puede vigilar técnicamente una obra compleja cuya dirección facultativa corresponde a Acuaes», alega. En sus informes, la sociedad estatal reconoce que los vertidos se deben a incidencias en el arranque de la puesta en marcha de la fase I. «Pretender ahora que el Concello responda por los fallos de una prueba técnica que no dirige sería un fraude de ley y una vulneración del principio de confianza legítima», alega el Concello.

Jurisprudencia

Raxoi cita también jurisprudencia del Tribunal Supremo para refrendar su argumentación. En una sentencia dictada en Andalucía, «exime de responsabilidad a las entidades locales en los vertidos, cuando la infraestructura es insuficiente o está en obras». El Concello entiende que si se produce un fallo en la ejecución de los trabajos, la responsabilidad tiene que recaer en «quien tiene la competencia de ejecución y operación en ese momento». Explica, además, que ante el problema surgido durante las obras la alternativa al vertido al río Sar sería «retener las aguas residuales en los hogares», lo que pondría en «grave riesgo la salud de las personas».

«No se puede exigir al Concello que depure correctamente cuando la planta está siendo intervenida por el Estado precisamente porque no funciona, y mucho menos se le puede exigir que corte el saneamiento a los ciudadanos, provocando una crisis sanitaria, por un fallo operativo de Acuaes», recalca el Concello.