Acuerdo parcial por el conflicto de Ryanair en el aeropuerto de Santiago: solo la CIG irá a juicio

El conflicto laboral por el cierre de la base de Ryanair en el Aeropuerto de Santiago continúa abierto después de que la Confederación Intersindical Galega (CIG) decidiera no sumarse al acuerdo alcanzado entre la aerolínea y los sindicatos Comisiones Obreras y UGT durante el proceso de conciliación previo al juicio en la Audiencia Nacional. El procedimiento judicial estaba previsto inicialmente para el 12 de febrero, pero quedó suspendido después de que se convocara un proceso de mediación en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA), un paso previo que buscaba explorar un posible acuerdo entre las partes antes de la vista judicial.

Según explicó a este medio la representante sindical de la CIG en la negociación, Sofía Miranda, las reuniones se prolongaron durante cuatro jornadas de negociación intensas, con sesiones de hasta siete horas. La última, ayer mismo.

En ese periodo, participaron los tres sindicatos que habían presentado demandas contra el proceso de despidos: CCOO, UGT y CIG. Aunque el origen del conflicto era común, cada organización había interpuesto su propia demanda. Durante las negociaciones, la empresa fue modificando progresivamente su propuesta económica para los trabajadores afectados por los despidos derivados del cierre de la base. Según detalló la representante sindical, la oferta inicial partía de una indemnización de 30 días por año trabajado con un máximo de 15 mensualidades. Posteriormente, la compañía elevó ese límite a 18 mensualidades y finalmente a 20 en la última propuesta presentada durante la reunión celebrada este lunes.

Una propuesta que no convence a la CIG

Ese planteamiento fue finalmente aceptado por CCOO y UGT, que optaron por cerrar un acuerdo con la empresa en el marco del proceso de conciliación. Sin embargo, la CIG decidió desmarcarse del pacto al considerar que la propuesta no resolvía el conflicto laboral en su conjunto. Desde el sindicato gallego sostienen que las negociaciones se centraron fundamentalmente en el aspecto económico de los despidos, dejando fuera otros elementos que, a su juicio, forman parte del problema generado tras el cierre de la base operativa en Santiago.

Entre esas cuestiones mencionan las modificaciones sustanciales de las condiciones laborales de parte de la plantilla, reducciones de jornada que afectaron a trabajadores que permanecen en la empresa o la situación de representantes sindicales que también resultaron despedidos en el proceso. Según la CIG, en el aeropuerto compostelano fueron despedidos la mayoría de delegados sindicales, con excepción de dos.

Además, el sindicato considera que la oferta económica planteada por la empresa tampoco resultaba suficiente en algunos casos, especialmente para trabajadores con menor antigüedad dentro de la compañía. El desacuerdo implica que, aunque dos de los sindicatos han alcanzado un pacto con la empresa, la demanda presentada por la CIG sigue su curso. La organización sindical mantiene su objetivo inicial de que se declare la nulidad del proceso, al considerar que no existían causas que justificaran el expediente y el cierre de la base.

En este sentido, desde la CIG señalan que durante las negociaciones la empresa confirmó aspectos de su estructura empresarial, indicando que la actividad está vinculada a un grupo de empresas con dependencia de Dublín. Según el sindicato, este elemento refuerza su argumentación sobre quién debía asumir la negociación del proceso.

La firma del acuerdo por parte de CCOO y UGT, no obstante, complica el escenario judicial para la organización sindical que decidió no suscribirlo, aunque mantiene abierta la posibilidad de continuar adelante con la demanda. En estos momentos, el sindicato está analizando internamente los próximos pasos y a la espera de que se ratifique el acuerdo alcanzado por las otras organizaciones para que se fije una nueva fecha de juicio en la Audiencia Nacional.

El conflicto laboral derivado del cierre de bases de la compañía afecta a varios aeropuertos, aunque, según explican desde la CIG, el impacto más significativo se produjo en Lavacolla. Aquí, aseguran, el proceso supuso una reducción de alrededor del 80 % de la plantilla vinculada a la base. Tras los despidos, parte de los trabajadores que continúan en el aeropuerto denuncian cambios en la organización del trabajo y en sus condiciones laborales. Entre ellos, mencionan turnos partidos de ocho horas —con jornadas divididas entre mañana y noche— y revisiones de reducciones de jornada que afectaban a algunos empleados.