La Fiscalía pide cuatro años de prisión para un acusado de falsificar documentos para apropiarse de herencias de emigrantes gallegos en Santiago

El Ministerio Fiscal ha solicitado la apertura de juicio oral contra dos personas acusadas de participar en un presunto entramado de falsificación documental y estafa relacionado con la gestión de herencias de emigrantes gallegos fallecidos en el extranjero. Según el escrito de acusación, el principal acusado habría utilizado durante varios años documentación notarial extranjera supuestamente manipulada para adjudicarse bienes inmuebles situados en Galicia y proceder posteriormente a su venta.

De acuerdo con la Fiscalía, el acusado acudía de forma habitual entre los años 2018 y 2021 a distintas notarías de Santiago para tramitar escrituras de adjudicación de herencia de personas fallecidas, en su mayoría emigrantes gallegos residentes en países de América Latina, especialmente Argentina y Paraguay. En esas gestiones se presentaba como apoderado de los herederos, quienes supuestamente residían fuera de España, aportando diversa documentación notarial extranjera, entre ella certificados de defunción, certificados de últimas voluntades, constancias de vigencia de testamentos y poderes especiales que le autorizaban a aceptar herencias y disponer de los bienes inmuebles.

La investigación sostiene que dichos documentos habrían sido previamente confeccionados o alterados por el propio acusado con el objetivo de aparentar su legitimidad. Una vez obtenidas las escrituras de aceptación y adjudicación de herencia, el acusado utilizaba esos mismos poderes supuestamente otorgados por los herederos para proceder a la venta de las propiedades a terceros compradores, formalizando nuevas escrituras notariales de compraventa y obteniendo de este modo un beneficio económico ilícito.

El escrito de la Fiscalía recoge numerosas irregularidades detectadas en la documentación aportada. Entre ellas se encuentran apostillas en las que figura la firma de un notario cuya identidad no coincide con la registrada oficialmente, así como certificaciones validadas por un escribano que, según los registros, había fallecido meses antes de la supuesta firma del documento. También se detectaron certificados de defunción argentinos firmados por un funcionario cuya existencia no consta en el registro correspondiente, así como documentos en los que aparece el mismo profesional con idéntica firma desempeñando cargos distintos en países diferentes.

Asimismo, los investigadores observaron incongruencias en los números de matrícula de varios notarios argentinos que supuestamente habrían intervenido en la documentación, además de firmas atribuidas a profesionales que ya habían fallecido o cesado en su actividad cuando se emitieron los documentos. En otros casos, el formato y la estructura de los documentos notariales no se correspondían con los modelos oficiales utilizados en los países de origen, lo que reforzó las sospechas sobre su autenticidad.

La Fiscalía detalla además distintas operaciones concretas que habrían sido realizadas mediante este sistema desde el año 2017. En varios casos, el acusado habría logrado primero la autorización de escrituras de adjudicación y aceptación de herencia en notarías de Santiago, para posteriormente vender las fincas a compradores particulares o a sociedades mercantiles mediante nuevas escrituras de compraventa. Algunas de estas operaciones se formalizaron el mismo día o pocos meses después de la adjudicación de la herencia.

Operaciones por más de 25.000 euros

Entre las operaciones investigadas figuran ventas de fincas por importes que en algunos casos superaban los 25.000 euros. En otras ocasiones, las propiedades fueron transmitidas por cantidades menores, como 12.500 euros, aunque el valor real de los inmuebles podría ser superior. La Fiscalía considera que todas estas operaciones habrían sido posibles gracias a la utilización de poderes notariales supuestamente falsos otorgados por herederos residentes en el extranjero.

El escrito también recoge que, en una ocasión, una notaria detectó irregularidades en la documentación aportada por el acusado cuando este intentaba tramitar una nueva herencia correspondiente a un ciudadano argentino de origen gallego. Ante las dudas sobre la autenticidad de los documentos, la profesional se negó a autorizar la escritura solicitada, lo que contribuyó a que se iniciaran las investigaciones sobre las operaciones realizadas anteriormente.

Junto al principal acusado, la Fiscalía también dirige la acusación contra una segunda persona, una mujer que presuntamente participó en una de las operaciones investigadas. Según el relato de los hechos, esta acusada habría acudido a una notaría presentando un poder supuestamente otorgado por una heredera para aceptar una herencia y proceder posteriormente a la venta de una finca, también con el objetivo de obtener un beneficio económico ilícito.

Penas de prisión y nulidad de las escrituras

Por todo ello, el Ministerio Fiscal considera que los hechos atribuidos al principal acusado constituyen un delito continuado de falsificación en documento oficial en concurso con un delito continuado de estafa. En consecuencia, solicita para él una pena de cuatro años de prisión, además de una multa de doce meses con una cuota diaria de diez euros. En el caso de la segunda acusada, la Fiscalía entiende que su conducta sería constitutiva de un delito de falsificación en documento oficial en concurso con un delito de estafa, por lo que solicita una pena de un año y seis meses de prisión, así como una multa de diez meses con la misma cuota diaria. Ambos acusados serán juzgados a partir del próximo miércoles en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago.

Además de las penas de prisión y las multas solicitadas, la Fiscalía pide que se declare la nulidad de todas las escrituras de adjudicación de herencia y de las posteriores compraventas relacionadas con las fincas afectadas por las operaciones investigadas. De forma alternativa, solicita que se indemnice a los perjudicados en función del valor real de los inmuebles, que deberá determinarse durante el juicio oral.