BNG y CA llevan al pleno la crisis ambiental de Miramontes: exigen a la Xunta la retirada de los residuos del vertedero

El caso del vertedero de Miramontes, en la parroquia compostelana de Grixoa, ha dado un nuevo paso tras la sentencia firme de la Audiencia Provincial de A Coruña que condena a la empresa Tecnosolos Galaicos por un delito contra el medio ambiente. A la reacción vecinal se suma ahora una respuesta política significativa: el BNG y Compostela Aberta (CA), socios del gobierno municipal de Santiago, han presentado una iniciativa conjunta para exigir a la Xunta una actuación inmediata.

Ambas formaciones llevarán al próximo pleno una moción de urgencia en la que reclaman que la Administración autonómica active sin demora el procedimiento para retirar los residuos acumulados en la cantera y garantizar la restauración ambiental de la zona. “Resulta inaceptábel que non se lle dea unha solución ambiental definitiva á canteira de Miramontes de maneira urxente”, señalan en el texto conjunto, en el que advierten de que la permanencia de los materiales sigue generando preocupación y riesgos para la vecindad.

La iniciativa tiene un valor político añadido al tratarse de una posición compartida por los dos partidos que conforman el gobierno local compostelano, que buscan además el respaldo del conjunto de la corporación a las reivindicaciones de la Plataforma de Afectados pola Canteira de Miramontes y de la Federación de Asociacións do Rural de Santiago (Ferusa).

El Concello reivindica su papel desde el inicio del conflicto

En la moción, BNG y CA recuerdan que el Concello de Santiago ha mantenido una implicación activa desde el inicio del conflicto, llegando incluso a acudir a la Fiscalía ante indicios de incumplimientos ambientales. También destacan la realización de estudios de agua y aire, inspecciones en la zona y la apertura de expedientes por irregularidades detectadas en la explotación.

“O Concello implicouse activamente no conflito desde o seu inicio e debe seguir apoiando á veciñanza en defensa da saúde e do medio ambiente”, sostienen. Además, subrayan que la actividad llegó a ser declarada no legalizada a nivel municipal y que se dio traslado a la Xunta ante la falta de título habilitante.

En este contexto, los grupos municipales exigen transparencia sobre la situación actual de la cantera, un calendario público con plazos concretos para la retirada del material y garantías técnicas que eviten nuevos impactos durante el proceso de restauración.

Una sentencia que confirma años de denuncias

La resolución judicial considera probado que la empresa incumplió de forma continuada las condiciones de su autorización ambiental, superando los límites de capacidad, almacenando residuos en zonas no autorizadas y generando lixiviados y vertidos sin tratamiento que afectaron al suelo y a las aguas.

Para la plataforma vecinal, el fallo supone un respaldo claro a años de denuncias. “Isto dá por confirmado o que nós sospeitabamos desde un principio”, señalaba su portavoz, Santiago López, quien también cuestiona la actuación de la Administración autonómica durante el desarrollo de la actividad: “A Xunta dicía que era unha empresa exemplar, e tivemos que demostrar que as inspeccións non eran reais”.

La Xunta defiende su actuación

Frente a las críticas, la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático ha defendido su gestión y ha asegurado que seguirá actuando para garantizar la protección del entorno. En declaraciones a El Correo Gallego, fuentes del departamento autonómico subrayan que “continuará levando a cabo as actuacións pertinentes para garantir o estrito cumprimento da normativa de aplicación e a protección do medio ambiente”.

Asimismo, la Xunta sostiene que la sentencia no cuestiona su papel en el caso. “A sentenza en ningún caso pon en dúbida as actuacións que a Xunta levou a cabo en virtude das súas potestades de control, inspección e sancionadora”, afirman, en referencia a los expedientes abiertos contra la empresa y las sanciones impuestas.

Presión para una solución definitiva

Pese a la condena judicial y a las actuaciones administrativas previas —ratificadas por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia— que obligan a retirar los residuos y restaurar la zona, la solución definitiva sigue pendiente. Por ello, tanto el movimiento vecinal como el gobierno municipal coinciden en que la prioridad ahora debe ser ejecutar esas medidas sin más dilación. “Mentres se manteñan materiais depositados na zona continuarán a preocupación e os riscos para a veciñanza”, advierten BNG y CA.

El caso de Miramontes entra así en una nueva fase, marcada por la presión política e institucional para que la sentencia no se quede en un reconocimiento judicial de los hechos, sino que se traduzca en la recuperación efectiva del entorno afectado.