Barrio do Castiñeiriño
A subasta un piso ‘okupa’ en Santiago con deudas a la comunidad y la Hacienda Pública
El dúplex, junto a dos plazas de garaje, suma al menos medio millón de euros de cargas, entre lo que debe el propietario a los vecinos y la Agencia Tributaria

Edificio de la rúa Estrada, en Santiago, donde se localiza el dúplex que acaba de salir a subasta pública / ECG

Un dúplex situado en la rúa da Estrada, en Santiago, ha salido a subasta en una situación que reúne varios elementos tan relevantes como singulares: una deuda reclamada por la comunidad de propietarios, embargos a favor de la Hacienda Pública y la existencia de ocupación sin contrato en el propio inmueble. Así se recoge en los dos anuncios publicados en el Portal de Subastas del Boletín Oficial del Estado, donde se indica que la titularidad real del inmueble corresponde a la sociedad Fornos y Nietos, S.L., una empresa radicada en la localidad pontevedresa de Vilanova de Arousa.
La vivienda, identificada como letra A y con acceso por el portal número 95, forma parte de un edificio residencial con varios accesos —los números 95, 97 y 99 de la rúa da Estrada y el número 1 de la rúa Castiñeiriño— dentro del núcleo urbano de Santiago. Se trata de un piso tipo dúplex que ocupa la segunda planta y la bajocubierta del edificio y que, según los datos recogidos en los documentos, cuenta con una superficie construida de 111,38 metros cuadrados y una superficie útil de 92,17 metros cuadrados.
Sobre este inmueble pesa un procedimiento judicial de ejecución tramitado en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Santiago. En este proceso, la comunidad de propietarios del edificio figura como parte ejecutante frente a la sociedad titular del inmueble. La reclamación ha derivado en la salida a subasta de la vivienda, fijándose un valor de 194.656,59 euros, cantidad que coincide con el importe reclamado en el procedimiento. Todo apunta a que los propietarios no han cumplido con las obligaciones (económicas) de la comunidad de vecinos.
La situación no se limita, sin embargo, a esta actuación judicial. De forma paralela, la Agencia Tributaria ha impulsado un procedimiento administrativo que también afecta a estos bienes. En este caso, la subasta incluye no solo la vivienda, sino también dos plazas de garaje situadas en el mismo edificio. La documentación describe estos garajes como parte de un local en planta sótano destinado a aparcamiento, trasteros y otros usos, del que se transmite una participación concreta.
En el ámbito de esta segunda actuación se incorporan además otros datos relevantes. Entre ellos, la existencia de cargas anteriores, destacando una anotación de embargo vinculada al propio procedimiento judicial tramitado por el juzgado de Santiago. Asimismo, se hace constar expresamente que la vivienda se encuentra ‘okupada’ en régimen de precario, es decir, sin contrato y sin contraprestación económica por su uso.
A todo ello se suma la información registral, que refleja la existencia de embargos a favor de la Hacienda Pública Estatal derivados de procedimientos administrativos de apremio por importes superiores a los 300.000 euros, incluyendo principal, intereses y otros conceptos asociados.
Los documentos también describen el conjunto inmobiliario en el que se integran estos bienes, señalando la existencia de otros elementos en el edificio, como espacios situados en planta sótano destinados a garajes y trasteros, que forman parte del mismo complejo residencial.
En conjunto, la información oficial disponible dibuja un escenario en el que una misma sociedad es titular de bienes afectados por distintas actuaciones simultáneas. Por un lado, una ejecución judicial promovida por la comunidad de propietarios que desemboca en la subasta de la vivienda; por otro, un procedimiento administrativo que incluye esa misma vivienda junto con plazas de garaje y que incorpora información sobre cargas y situación de ocupación.
Quienes estén interesados en hacerse con el inmueble pueden pujar en el portal de Subastas del BOE. La oferta judicial está abierta hasta el 2 de abril, mientras que el procedimiento abierto por la Agencia Tributaria permanecerá activo cuatro días más, hasta el 6 de abril.
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